En su resolución el juez federal señaló que “El informe confeccionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal iluminó el direccionamiento de la contratación, el elevado precio de los contratos y las demoras en la entrega de las obras”, lo que junto a otras pruebas que se detallan en el extenso interlocutorio llevaron al juez a considerar reunidos los extremos exigidos por el ordenamiento procesal para disponer el procesamiento de los funcionarios públicos intervinientes, así como el procesamiento del intermediario Jorge (Corcho) Rodríguez y la ampliación de los procesamientos de los empresarios intervinientes.   En la causa

El juicio, que se inició en octubre del año pasado, estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal 4 integrado por los Dres. Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, y de los fiscales Colombo y Eyherabide por la PIA El ocho de agosto a pedido del Ministerio Público Fiscal y los querellantes (UIF – Unidad de Información Financiera y la OA – Oficina Anticorrupción) el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó a Amado Boudou a la pena de cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública,

Desde este miércoles 6 de junio comenzaron a ser juzgados el ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otras 10 personas, entre ex funcionarios y privados. La causa judicial se inició en 1999 por la denuncia que presentó la Asociación Amigos del Lago de Palermo, con motivo del decreto que firmó el 20 de diciembre de 1991 el entonces Presidente Carlos Saúl Menem a través del cual vendió de manera directa el Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. En mayo de 1992, Cavallo suscribió el boleto de

El juicio, que se inició en octubre pasado y está a cargo del Tribunal Oral Federal 4, transita la instancia de los alegatos. Se acusa a Boudou de haber tenido un “interés particular” en la adquisición de la empresa “para que sea contratada por el Estado”. En esta causa, cuyo juicio se inició en octubre pasado, se acusa a Boudou junto a Núñez Carmona, de haber adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación

La Sala III del máximo tribunal penal se remitió a los argumentos de la procuraduría especializada. Es en el marco de un caso de corrupción vinculado con la compra de terrenos en el sur argentino por una empresa extranjera, en contra de las normas de defensa de la seguridad nacional. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles cuatro recursos extraordinarios interpuestos contra su fallo de fines del año pasado, en el que había revocado los sobreseimientos de los imputados en la causa que investiga la adquisición irregular de las tierras del Lago Escondido por parte

Se trata del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – quién se allanó en la Causa N° 960/2014 “Fiscalía de Investigaciones Administrativas c/EN – M Agricultura GYP – INTA S/ Proceso de Conocimiento”.   La contienda se inició promoviendo la demanda de nulidad contra el Estado Nacional –Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para   que se invaliden las resoluciones 811/2012 y 685/2013, mediante las cuales fue rechazada la petición de actuar como parte acusadora en el sumario administrativo caratulado como expediente reservado N° 1612/2012 del registro del

Es en el marco de la causa que investiga una presunta defraudación al Estado en el licitación de ese programa asistencial. Los imputados habían sido inicialmente sobreseídos en primera y segunda instancia pero, a instancias de la PIA, Casación revocó tal decisión. Ahora, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n°11 los procesó para que también sean juzgados en debate oral y público. El titular del Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, oportunamente apeló el fallo que sobreseyó al ex ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur y a los integrantes del Servicio Jurídico de esa cartera