Desde este miércoles 6 de junio comenzaron a ser juzgados el ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otras 10 personas, entre ex funcionarios y privados.
La causa judicial se inició en 1999 por la denuncia que presentó la Asociación Amigos del Lago de Palermo, con motivo del decreto que firmó el 20 de diciembre de 1991 el entonces Presidente Carlos Saúl Menem a través del cual vendió de manera directa el Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina. En mayo de 1992, Cavallo suscribió el boleto de compra venta de la operación por un total de u$s 30.000.000, cuando en realidad, según el requerimiento de elevación a juicio que oportunamente suscribió el fiscal federal Carlos Stornelli el precio real era de u$s 131.800.000, ya que en ese momento regía la convertibilidad. También señaló que la venta fue ilegal porque se le dio al predio el carácter de un bien privado del Estado cuando en realidad era público y propiedad del Estado Nacional y por lo tanto su aprobación debía pasar por el Congreso.
El juicio se inició como estaba previsto el pasado 6 de junio poco después de las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado en este caso por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michilini, y de la Fiscal Federal Gabriela Baigún, quien pidió la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que se encuentra representada por la Fiscal Dafne Palópoli. Está previsto que declaren cuarenta testigos y se estima que el proceso podría demandar alrededor de tres meses.
La acusación es por el delito de peculado, que tiene una pena de dos a diez años de prisión y el resultado del juicio es esencial para el futuro del predio, ya que la Fiscalía podrá pedir que el inmueble sea restituido al Estado Nacional. Junto con Menem y Cavallo también son juzgados los entonces presidente y secretario de la Sociedad Rural Argentina, Ricardo de Zavalía y Juan Alberto Ravagnan, respectivamente; dos ex funcionarios del Ministerio de Economía; y seis ex funcionarios del Banco Ciudad y del Banco Hipotecario, quienes tasaron el predio en treinta millones de dólares.