El Tribunal Oral Federal Nº1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, por mayoría, condenó ayer al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, multa del 60% del enriquecimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo condenó a María Amalia Díaz, ex esposa de López a la pena de dos años en suspenso, y a los empresarios Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por haber actuado como

La Cámara Federal no hizo lugar al pedido de indagatoria de los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo y dejó firme el archivo de las actuaciones. Al recurrir tal resolución, la procuraduría especializada indicó que existían elementos de prueba suficientes respecto del pacto delictual que prevé el artículo 256 del CP, elementos que ya motivaron la elevación a juicio de la parte privada de la maniobra. “Es por demás paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes pagaron sobornos y no a quienes los recibieron o aceptaron”, señala el dictamen. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) interpuso un

Consideró prematuras las conclusiones de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Hacienda, y pidió que se investigue la responsabilidad que pudo caberle no sólo a las autoridades políticas, sino también a los funcionarios de instancias intermedias que pudieron facilitar las maniobras que son también objeto de investigación penal. El sumario se originó en virtud del acto administrativo dictado el 18 de mayo de 2017 por el entonces Ministerio de Energía y Minería, con el objeto de determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes que hubieran intervenido en el “Convenio Específico para la construcción de gasoductos de la Provincia de

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas requirió que se profundicen las medidas de prueba pendientes en el Sumario Administrativo. El sumario se originó con el objeto de deslindar las responsabilidades de los funcionarios de Vialidad Nacional como consecuencia de la denuncia penal efectuada por dicho organismo contra la firma AEC S.A., en relación a las irregularidades en la concesión de la obra pública del Acceso Ricchieri. Los hechos consistirían en la retención indebida de aproximadamente $ 750.000.000 correspondientes al Recurso de Afectación Específica dispuesto por Resolución DNV N° 1515/2012, por parte de AEC S.A., desde el año 2014, a los que

Demanda-Correo-Argentino-1 Quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7   Fue interpuesta ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. También alcanza a la Procuración del Tesoro de la Nación, con el objeto de lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria contra los agentes del entonces Ministerio de Comunicaciones que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma Correo Argentino SA. y todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa

El informe constituye un estudio integral del expediente de la Administración de Parques Nacionales por el cual tramitó la ejecución de la licitación pública nacional, y una ampliación del análisis de la licitación referida.   Del estudio minucioso que se llevó a cabo de la ejecución, se advirtió que las conductas descriptas podrían conllevar responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de terceras personas que exceden el ámbito administrativo. También se puso en evidencia que las anomalías acontecidas en la licitación no tuvieron un defecto formal sino claramente la intencionalidad de favorecer.   Del análisis practicado de las actuaciones administrativas se

El proceso disciplinario se originó por conductas del personal de una destinación aduanera en la planta de la empresa exportadora Carbón Vegetal del Litoral SRL, luego de que en el puerto de Lisboa se detectaran más de 400 kilos de cocaína ocultos entre el cargamento. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó la suspensión y cesantía de varios agentes de la Aduana. Fue al contestar vista en el marco de un sumario administrativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iniciado a raíz del  hallazgo de cocaína oculto en contenedores que transportaban carbón vegetal. En ese