Los representantes del MPF sostuvieron que existen indicios de irregularidades administrativas sumadas a beneficios económicos hacia empresas contratistas. En esa línea, consideraron prematuro el cierre de la pesquisa, ya que del análisis de la documentación surgen indicadores de direccionamiento de las licitaciones, circunstancia que permite abrir nuevas líneas de investigación.
La fiscal Alejandra Mángano, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Nº12, y el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apelaron el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; del entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia; del ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich y de dos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA) por posibles irregularidades en la licitación pública para la construcción del Paseo del Bajo ubicado en la zona de Puerto Madero. Los imputados fueron sobreseídos y la causa archivada por el Juzgado Federal Nº11, el 27 de diciembre de 2019.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal entendieron que tanto los sobreseimientos de los funcionarios públicos, como el cierre de la investigación resultaban prematuros, en tanto que aún no se habían agotado las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio.
Los fiscales consideraron que la investigación no había alcanzado la certeza necesaria para afirmar que en ningún tramo de la maniobra en cuestión se hubiera cometido delito alguno. El análisis de la documentación secuestrada reveló la existencia de indicadores de direccionamiento de las licitaciones y permitió abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa en lo que respecta a las diferentes aristas de la maniobra.
En este sentido, sostuvieron que existen fuertes indicios de irregularidades administrativas sumadas a beneficios económicos hacia empresas contratistas de obra pública sobre los que recaen dudas verosímiles acerca de su transparencia y legalidad.
La maniobra
La causa se inició a raíz de una denuncia del abogado Fernando Miguez. Luego se acumuló a otra realizada por la PIA. Los hechos denunciados consistían en la posible adjudicación indebida, mediante direccionamiento y a un precio mayor al que hubiese correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública Paseo del Bajo, en favor de la empresa IECSA. Según la denuncia, la obra en cuestión contemplaba tres tramos, designados “A”, “B” y “C”. Este último, el más costoso de los tres, tenía un presupuesto estimado de $ 4.480.000.000.
Asimismo, el denunciate explicó que “la parte nuclear de la maniobra radicaría en haber adjudicado este último tramo a la unión transitoria conformada por IECSA y Fontana Nicastro SA, mediante la alteración de las normas previstas para el proceso de selección de la licitación, a través de circulares sin consulta libradas por funcionarios de AUSA. Esto habría permitido eliminar a otros posibles candidatos a quedarse con este tramo, beneficiando indebidamente a la UT en cuestión”.
Agregó que la alteración habría consistido en la modificación del orden de apertura de los sobres N° 2 de las propuestas de los oferentes y la supresión de su prelación, comenzando por el tramo más económico, adjudicado a CORSAN – CORVIAM, que de esta forma quedó eliminada de la posibilidad de competir por el Tramo “C”. Ello, toda vez que habría sido conocido que esa empresa había planteado ofertas a la baja para asegurarse un contrato que le permitiera hacer frente a una situación financiera por entonces crítica.
La denuncia alude también a otros dos aspectos de la obra: la inclusión de las obras de infraestructura civil del RER y la remoción de un gasoducto.
Respecto a la primera señaló que las Obras de Infraestructura Civil del RER fueron incorporadas a la obra del Paseo del Bajo, a pesar de tratarse de una obra independiente y cuya financiación completa se encontraría a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación. Según el informe de Auditoría, nada de lo vinculado a esta obra tendría justificación en las actuaciones administrativas. Se trataría de un contrato celebrado por una suma cercana a los $ 600.000.000 que fue incluido en el paquete de licitación que conformó el Tramo “C”.
Respecto al gasoducto, explicó que se trataba de una interferencia prevista en la traza de las obras, por lo cual se llamó a una licitación para la remoción y relocalización del gasoducto. El presupuesto estimado fue de $ 73.000.000.
La primera denuncia fue presentada el 25 de octubre de 2018 ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y a ella se agregó una posterior realizada por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas de similar tenor.
