En su resolución el juez federal señaló que “El informe confeccionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal iluminó el direccionamiento de la contratación, el elevado precio de los contratos y las demoras en la entrega de las obras”, lo que junto a otras pruebas que se detallan en el extenso interlocutorio llevaron al juez a considerar reunidos los extremos exigidos por el ordenamiento procesal para disponer el procesamiento de los funcionarios públicos intervinientes, así como el procesamiento del intermediario Jorge (Corcho) Rodríguez y la ampliación de los procesamientos de los empresarios intervinientes.
En la causa N° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos y otros s/ Asociación Ilícita” se investigan las maniobras ilícitas cometidas en el marco de las obras de AYSA para la construcción de la “Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos- Supercemento-José Cartellone, y la “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada al consorcio de empresas Esuco-Camargo Correa.
La imputación que llevó ahora al Juez Federal a dictar los citados procesamientos, sobre la base de la prueba señalada por el Ministerio Público Fiscal, se centra en el pago de sobornos que los empresarios involucrados habrían efectuado a los funcionarios públicos responsables de la cartera de obras públicas para direccionar las contrataciones y también para reactivar pagos adeudados a las empresas.
Al respecto el juez señaló que “Se sospecha que los integrantes de la empresa ODEBRECHT y los de sus socias locales (Benito Roggio e hijos SA, José Cartellone Construcciones Civiles SA y Supercemento SA) entregaron dinero a funcionarios públicos en concepto de retribución en el marco de un acuerdo espurio para hacerse de las obras y conseguir ventajas indebidas –perjudiciales al Estado-. Diversas fuentes (acuerdo de lenidad de ODEBRECHT con las autoridades estadounidenses y documentación aportada por el Principado de Andorra, entre otras) han indicado que el Grupo ODEBRECHT llevaba una práctica habitual en acuerdos con funcionarios de gobierno de al menos 20 países para la adjudicación de obras públicas. El Grupo reconoció el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos vinculados a tres obras: Soterramiento del Tren Sarmiento, Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, y Gasoductos. Los sobornos se pagaron en dos etapas. La primera dirigida a obtener contratos y la segunda para destrabar pagos adeudados. Esta hipótesis, acreditada según las constancias ya reseñadas, involucra una serie de conductas calificables de acuerdo a los delitos de cohecho activo –privados- y de cohecho pasivo –funcionarios-. En la primera etapa, se presume que como consecuencia de ese pacto las obras de Paraná de las Palmas y de Berazategui fueron repartidas (entre la UTE ODEBRECHT y la UTE CAMARGO CORREA), en violación a los principios de igualdad, publicidad y transparencia que deben regir los procesos de licitación pública, generando un mayor gasto para el Estado y privándolo, además, de disponer de las obras en el tiempo previsto en los pliegos y en el contrato celebrado con las contratistas.”
Ello llevó a confirmar la imputación oportunamente señalada por el Ministerio Público Fiscal sobre el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y el exsubsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, a los que el juez ahora procesó por el delito de cohecho pasivo. Al tiempo que también justificó la ampliación del procesamiento dictado en mayo del año pasado respecto de los empresarios Carlos Wagner (ESUCO SA), Aldo Benito Roggio (Benito Roggio e Hijos SA) y Tito Biagini (José Cartellone Construcciones Civiles), y de las exautoridades de AySA Carlos Ben (presidente) y Raúl Biancuzzo (exdirector de infraestructura). A todos los funcionarios, empresarios y empresas se les trabó un embargo por $511.000.000.-
En esta ocasión, también se procesó en calidad de intermediario en la recepción de sobornos a Jorge Ernesto Rodríguez, contadores argentinos y a otros tres profesionales uruguayos que participaron en la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading SA, una sociedad off shore con asiento en Montevideo que recibía transferencias consideradas sobornos que Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas, enviaba en forma clandestina a funcionarios públicos (Carlos Dentone, Martín Molinolo, Marcos Sankowicz, Osvaldo Gandini y Pablo Correa Calcagno). A todos los cuáles también se les trabó embargo por $ 511.000.000.-
Como también se indica en el interlocutorio comentado, la obra que se había lanzado originariamente en $ 324.000.000 (octubre 2007) terminó costando $ 859.137.225,59 y lo que originariamente debió entregarse en enero de 2011 se empezó a entregar en forma parcial en abril de 2015.
Por otra parte, el juez solicitó a la República de Brasil la extradición de nueve empresarios de las firmas Odebrecht y de Camargo Correa sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos (Sergio Gouvea Pinheiro, Aurelio Gomes Leo, Allan Nogueira de Abrantes, Petronio Peres Cordeiro, Luís José Bartolomeu, Rodney Rodrigues de Carvalho, Antonio Miguel Marques, Mauricio Couri Ribeiro y Ricardo Vieira), a los fines de que presten declaración indagatoria ante ese juzgado. Así como también requirió a las autoridades de Brasil que informen si Marcelo Odebrecht se encuentra imputado por los hechos investigados en Argentina en el marco de esta causa.
Por todo ello, en la resolución se destaca la necesidad de seguir avanzando en el proceso de colaboración entre los sistemas judiciales de ambos países para desentrañar toda la red de corrupción internacional que es materia de investigación en la Justicia Argentina, y a tal efecto se requiere al Ministerio Público Fiscal que continúe con las gestiones tendientes a facilitar la cooperación judicial internacional.