PIA Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas participó de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada el día 14 de agosto de 2018

La Comisión se reunió en la Sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, bajo la presidencia del Dr. Ángel Bruno, y participaron miembros de las siguientes entidades integrantes de la Comisión: Asociación de Abogados de Buenos Aires (Dr. Fabián De la Cruz); Asociación Argentina de Ética y Compliance (Dra. María Claudia Paluszkiewics); Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Dr. Agustín Carrara y Dra. Martina Cirimele); Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Dr. Simón Waisberg); Procuraduría de Investigaciones Administrativas (Dra. María Elena Riquel); Unión Argentina de Proveedores del Estado (Ing. Alejandro Cayián, Dr. Daniel Argüello y Dr. Ricardo Maubach); y además participaron en carácter de asesores de la Comisión los Dres. Luis Villanueva y Alejandra Santos.

Uno de los temas centrales que desarrolló la Comisión fue el seguimiento de las recomendaciones del MESICIC, referido a la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, y puntualmente con las que corresponden a las contrataciones directas y el arancelamiento de las impugnaciones en los procesos licitatorios.

El Dr. Carrara, de acuerdo a lo convenido en la reunión anterior, presentó a la Comisión una serie de argumentos explicando los motivos por los cuales no se cumple con la condición de excepcionalidad en las contrataciones directas, que superan el 57% del total de compras a nivel nacional, según el estudio estadístico preparado por la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE).

Seguidamente, los miembros de la Comisión realizaron un amplio y prolongado intercambio de ideas y opiniones acerca de la cuestión, y sobre la mejor manera de encarar el correspondiente seguimiento, sugiriéndose por un lado, gestionar la disminución del alto monto determinado por la normativa actualmente vigente para permitir las contrataciones directas ($3.000.0000), lo que desvirtúa su carácter de excepción. Paralelamente, se manifestó la necesidad de que las unidades de auditoría interna que dictaminan sobre el cumplimiento de las condiciones de excepción, sean autónomas de la autoridad que realiza la adquisición.

En ese marco se trató en particular la cuestión del arancelamiento a las impugnaciones, que conspira contra el necesario autocontrol en las licitaciones. Para comenzar el seguimiento de las recomendaciones del MESICIC referidas a esas cuestiones, la UAPE solicitará una audiencia al Director de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Finalmente quedó pendiente para la próxima reunión el tratamiento de la Reglamentación sobre Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Pena de Personas Jurídicas, así como también la organización de actividades de capacitación con algunas de las entidades participantes de la Comisión.

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