La Sala III del máximo tribunal penal se remitió a los argumentos de la procuraduría especializada. Es en el marco de un caso de corrupción vinculado con la compra de terrenos en el sur argentino por una empresa extranjera, en contra de las normas de defensa de la seguridad nacional. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles cuatro recursos extraordinarios interpuestos contra su fallo de fines del año pasado, en el que había revocado los sobreseimientos de los imputados en la causa que investiga la adquisición irregular de las tierras del Lago Escondido por parte

Se trata del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – quién se allanó en la Causa N° 960/2014 “Fiscalía de Investigaciones Administrativas c/EN – M Agricultura GYP – INTA S/ Proceso de Conocimiento”.   La contienda se inició promoviendo la demanda de nulidad contra el Estado Nacional –Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para   que se invaliden las resoluciones 811/2012 y 685/2013, mediante las cuales fue rechazada la petición de actuar como parte acusadora en el sumario administrativo caratulado como expediente reservado N° 1612/2012 del registro del

Es en el marco de la causa que investiga una presunta defraudación al Estado en el licitación de ese programa asistencial. Los imputados habían sido inicialmente sobreseídos en primera y segunda instancia pero, a instancias de la PIA, Casación revocó tal decisión. Ahora, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n°11 los procesó para que también sean juzgados en debate oral y público. El titular del Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, oportunamente apeló el fallo que sobreseyó al ex ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur y a los integrantes del Servicio Jurídico de esa cartera

La Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción fue creada en abril de 2001, y tiene por objetivo general que la Argentina ejerza las acciones necesarias para impulsar, difundir y verificar el grado de cumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción (CICC). Está integrada por representantes de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, detalló los avances en las investigaciones y remarcó el fortalecimiento de la dependencia a través del trabajo de equipos interdisciplinarios que colaboran con las distintas fiscalías federales de todo el país. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó el informe de gestión correspondiente al período 2017. En el documento se detallaron “importantes avances” en las investigaciones, de conformidad a los cambios que se consolidaron en la estructura, gestión y modalidad de trabajo que se implementaron en el año anterior. Rodríguez expresó en el informe que

Fue en ocasión de celebrarse la XIII Reunión Anual del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, en el Hotel Península Valdez, de la ciudad de Puerto Madryn. La Reunión se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Madryn hacia fines del año anterior y estuvo integrada por los representantes de distintas jurisdicciones: Por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego, el Dr. Virgilio Juan Martínez de Sucre; por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de La Pampa, el Fiscal General Juan Carlos Carola, la Dra. Gabriela Tabernero y el Dr. Fabio Orden;

El recurso de casación fue deducido por el Fiscal General (i) de Investigaciones Administrativas Santiago Eyherabide luego que la Sala I de la Cámara Federal decretara la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Susana Beatriz Sarto, Ricardo José Juan Mayer, María Luisa Cristina Szama, Lisandro Alfredo Allende y Charles Barrington Lewis.   Concretamente, los vocales Mahiques, Riggi y Gemignani coincidieron con la posición de la PIA en cuanto a que la calidad de funcionario público de Ricardo Juan José Mayer (en sus diferentes cargos ocupados desde la fecha de comisión del hecho hasta el primer acto interruptivo)

Este objetivo se llevó a cabo gracias a la colaboración constante de todos los integrantes de la Procuraduría de investigaciones Administrativas, en el marco de este programa que se viene impulsando, que en el año permitió donar 2.101 kilos de papel y 2.400 tapas (6 kilos), todo lo cual evitó la tala de 35 árboles medianos, tal como expresa la propia fundación en la carta de agradecimiento. El reconocimiento por colaborar con los niños del HOSPITAL Garraham y con el medio ambiente, extendido por la Coordinadora del programa, Lic. Patricia Gavilán, la Directora Ejecutiva, Cont. Silvia Kassab y el Presidente,

La sentencia, que hizo lugar a la demanda formulada por la PIA, confirmó la dictada en primera instancia, declaro la nulidad de la Resolución del MJSyDH, e hizo lugar a las pretensiones de la PIA para intervenir como parte acusadora. En un sumario administrativo que se le inició al titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rafaela, Provincia de Santa Fé, inicialmente se había negado a la PIA la posibilidad de actuar como parte acusadora en esas actuaciones disciplinarias que no habían sido iniciadas por éste organismo. El núcleo de los argumentos del fallo de primera instancia