La Procuraduría de Investigaciones Administrativas recurrió un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que no hizo lugar a la impugnación del archivo dictado en la investigación por los sobornos acordados con funcionarios públicos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recurrió la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que no hizo lugar a la impugnación del archivo del tramo de la investigación que alcanza a funcionarios públicos en la causa Siemens. Fue luego de que ese tribunal considerara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el área a cargo del fiscal

Cabe recordar que el sumario se originó con el objeto de determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes que hubieran intervenido en el “Convenio Específico para la construcción de gasoductos de la Provincia de Santa Cruz”, celebrado entre el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Provincia de Santa Cruz. La decisión de continuar con la investigación disciplinaria fue tomada tras la opinión de la PIA con motivo de la vista dispuesta en los términos del artículo 109 del Reglamento de Investigaciones Administrativas (RIA), que consideró prematura la clausura de la etapa de instrucción. En esa

La PIA prestó colaboración en el marco del requerimiento efectuado por el Fiscal Matías Di Lello, en una causa seguida contra un funcionario de la Aduana de San Nicolás. Se trata del jefe de la sección Resguardo de la Aduana de San Nicolás, Ademar Alberto Gutiérrez, a quien le habrían encontrado una cuenta por más de US$650.000 en un banco de Nueva York y propiedades en la misma zona en la que trabajaba, en el norte de Buenos Aires, en Marcos Paz y en la provincia de Córdoba. La detención del funcionario se llevó a cabo en el marco de

El Tribunal Oral Federal Nº1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, por mayoría, condenó ayer al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, multa del 60% del enriquecimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo condenó a María Amalia Díaz, ex esposa de López a la pena de dos años en suspenso, y a los empresarios Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por haber actuado como

La Cámara Federal no hizo lugar al pedido de indagatoria de los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo y dejó firme el archivo de las actuaciones. Al recurrir tal resolución, la procuraduría especializada indicó que existían elementos de prueba suficientes respecto del pacto delictual que prevé el artículo 256 del CP, elementos que ya motivaron la elevación a juicio de la parte privada de la maniobra. «Es por demás paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes pagaron sobornos y no a quienes los recibieron o aceptaron», señala el dictamen. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) interpuso un

Consideró prematuras las conclusiones de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Hacienda, y pidió que se investigue la responsabilidad que pudo caberle no sólo a las autoridades políticas, sino también a los funcionarios de instancias intermedias que pudieron facilitar las maniobras que son también objeto de investigación penal. El sumario se originó en virtud del acto administrativo dictado el 18 de mayo de 2017 por el entonces Ministerio de Energía y Minería, con el objeto de determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes que hubieran intervenido en el “Convenio Específico para la construcción de gasoductos de la Provincia de

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas requirió que se profundicen las medidas de prueba pendientes en el Sumario Administrativo. El sumario se originó con el objeto de deslindar las responsabilidades de los funcionarios de Vialidad Nacional como consecuencia de la denuncia penal efectuada por dicho organismo contra la firma AEC S.A., en relación a las irregularidades en la concesión de la obra pública del Acceso Ricchieri. Los hechos consistirían en la retención indebida de aproximadamente $ 750.000.000 correspondientes al Recurso de Afectación Específica dispuesto por Resolución DNV N° 1515/2012, por parte de AEC S.A., desde el año 2014, a los que