Consideró prematuras las conclusiones de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Hacienda, y pidió que se investigue la responsabilidad que pudo caberle no sólo a las autoridades políticas, sino también a los funcionarios de instancias intermedias que pudieron facilitar las maniobras que son también objeto de investigación penal.
El sumario se originó en virtud del acto administrativo dictado el 18 de mayo de 2017 por el entonces Ministerio de Energía y Minería, con el objeto de determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes que hubieran intervenido en el “Convenio Específico para la construcción de gasoductos de la Provincia de Santa Cruz”, celebrado entre el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Provincia de Santa Cruz, el 16 de agosto de 2015, y en la Resolución N° 933 de fecha 23 de octubre de 2015 de la ex Secretaría de Energía del entonces MINPLAN.
En su informe, el instructor sumariante consideró que no surgía ningún agente de planta permanente ni bajo el Régimen de Contratación del art. 9 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que mereciera reproche, por cuanto la maniobra habría sido pergeñada por autoridades políticas, excluidas del Régimen Disciplinario. Esto, sumado al estado preliminar de la causa penal radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, llevó al instructor a propiciar la suspensión de la investigación sumarial, prescripta en el art. 130 del Reglamento de Investigaciones Administrativas.
Al respecto, la PIA no compartió el criterio elaborado por la instrucción y sostuvo que no se recolectaron elementos probatorios suficientes a fin de determinar otros posibles involucrados en la maniobra bajo pesquisa, y que deberían verificarse si instancias intermedias de la administración facilitaron la maniobra; asimismo, destacó que la investigación estuvo dirigida respecto de funcionarios de alta jerarquía, sin considerar la posibilidad de intervención o responsabilidad de otros agentes de menor rango, cuestión que obliga a profundizar la pesquisa.
La PIA sostuvo que no se recolectaron elementos probatorios suficientes para determinar otros posibles involucrados en la maniobra, y que la investigación no está agotada.
La PIA también ponderó que la exclusión de determinados funcionarios del régimen de la Ley Marco no implica la imposibilidad de ser investigados, toda vez que como excepción, el Poder Ejecutivo Nacional puede ordenar la pesquisa para la averiguación de hechos irregulares atribuidos a los funcionarios políticos, cuando lo entienda pertinente, mediante el dictado de un Decreto del PEN, precedido de un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En tal sentido, consideró prematuras las conclusiones arribadas por el Ministerio de Energía y Minería, e indicó que la investigación no se encuentra agotada. Por ende, solicitó que se decrete la pertinente reapertura, a fin de abarcar la actuación que le cupo a otros funcionarios y/o empleados y se ordene la producción de las medidas probatorias propuestas.
Finalmente, entendió que correspondía ampliar el objeto del sumario a efectos de investigar las posibles irregularidades en relación con el Fideicomiso Financiero “Sistema de Expansión de Gasoductos de Santa Cruz” y sus acuerdos vinculados; así como las irregularidades en torno a la contratación efectuada a la empresa BTU. S.A. para el desarrollo de las obras involucradas tanto en el Contrato de Fideicomiso Financiero “Sistema de Expansión de Gasoductos de la Provincia de Santa Cruz”, como en el Convenio Específico para la construcción de gasoductos en la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de agosto de 2015; esos hechos no estaban comprendidos en el objeto del presente sumario en curso.