En este fallo, la Sala B revocó el decreto del 25 de septiembre de 2020, que inicialmente había rechazado la medida, y en su lugar hizo lugar al pedido de decomiso de los bienes y activos de Medina y Tovo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y la UIF, fundado específicamente en el fallecimiento de los principales investigados, Luis Roberto Medina y Germán Gonzalo Tovo, lo que impedía avanzar hacia un juicio oral y una condena tradicional. Asimismo, el Tribunal dispuso que se notifique lo resuelto a los sucesores de los fallecidos para que puedan hacer valer sus derechos sobre los bienes a través de las acciones administrativas o civiles correspondientes.

En la investigación también intervinieron la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

El delito investigado es el de lavado de activos (art. 303, inc. 1 del Código Penal), derivado de actividades presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes de la organización criminal conocida como la "Banda Medina".

La normativa vigente aplicada se centra en los artículos 23 y 305 del Código Penal, modificados por la Ley 26.683, que facultan al juez a disponer el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena penal. Esto permite la recuperación de activos cuando se comprueba la ilicitud de su origen o del hecho material al que están vinculados, y el imputado no puede ser enjuiciado por motivos taxativos como el fallecimiento o la fuga. La mayoría del Tribunal destacó la autonomía del delito de lavado de activos, señalando que no se requiere una sentencia previa por el delito precedente, sino que basta con acreditar una actividad delictiva genérica mediante indicios suficientes.

En cuanto al decomiso sin condena, los bienes afectados (departamentos, cuotas sociales de empresas como LUMED y ARGOM, y un vehículo) fueron considerados el producto o provecho del ilícito, dado que los investigados carecían de un perfil patrimonial que justificara su adquisición lícita. La procedencia de la medida se fundó específicamente en el fallecimiento de los principales investigados, Luis Roberto Medina y Germán Gonzalo Tovo, lo que impedía avanzar hacia un juicio oral y una condena tradicional. El voto mayoritario subrayó que el decomiso anticipado es una herramienta esencial para cumplir compromisos internacionales y asegurar la reparación del daño a la sociedad.

En este fallo se ordenó el decomiso definitivo y anticipado ante el fallecimiento de Lorenzo Heffner de una numerosa cantidad de activos: seis inmuebles en Villa Río Bermejito y Juan José Castelli, veinte vehículos (incluyendo camiones, camionetas y motocicletas), maquinaria pesada, dinero en efectivo secuestrado en allanamientos y fondos embargados en cuentas bancarias. Se dispuso que estos activos sean destinados íntegramente a reparar el daño causado a la sociedad, aplicándolos a la construcción de viviendas y obras de infraestructura en beneficio de los habitantes de Villa Río Bermejito, bajo la supervisión de una mesa de trabajo participativa y auditorías del Tribunal de Cuentas y la Auditoría General de la Nación.

En este caso se investigó los delitos de corrupción y lavado de activos, específicamente la aplicación de fondos de origen ilícito provenientes de la malversación de caudales públicos nacionales destinados a la construcción de viviendas en la municipalidad de Villa Río Bermejito. En el proceso intervino el Ministerio Público Fiscal solicitando el recupero de activos como herramienta de política criminal contra la criminalidad económica compleja.

La normativa vigente aplicada se sustenta en los artículos 23 y 305 del Código Penal, que facultan el decomiso definitivo sin necesidad de condena penal cuando se compruebe la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no pueda ser enjuiciado. En este caso, el decomiso se ordenó debido al fallecimiento de Lorenzo Heffner, ocurrido el 11 de octubre de 2020, situación que impidió la continuidad del proceso penal, pero permitió avanzar sobre los bienes cautelados. El Tribunal consideró que los activos representaban tanto el producto (ganancias ilícitas) como el instrumento de las maniobras de lavado investigadas.

Los fundamentos del fallo se basan en la acreditación de un incremento patrimonial injustificado del 1286% entre los años 2010 y 2016, cifra que no guarda relación con los ingresos legítimos del exintendente Heffner. El magistrado detalló maniobras de simulación en la adquisición de inmuebles, el uso de "prestanombres" y el desvío sistemático de más de 200 millones de pesos mediante el cobro de cheques municipales por ventanilla, fondos que luego eran inyectados en sus empresas personales de construcción y supermercados. Se determinó que el derecho de propiedad estaba viciado en su origen, al ser fruto del perjuicio ocasionado al erario público y a comunidades vulnerables.

La presente investigación contó con la intervención de la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN.

En este fallo, se resolvió decomisar de manera definitiva, sin condena y con fines sociales reparatorios la suma total de US$ 503.114,50. En virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y los Decretos de Necesidad y Urgencia 260 y 297 del año 2020, se ordenó destinar los fondos específicamente al sistema de salud para mitigar el impacto sanitario del virus. Asimismo, el Tribunal dispuso la transferencia de US$ 25.000 a la Cooperadora del Hospital Francisco J. Muñiz.

En las mencionadas actuaciones se investigó la presunta infracción al artículo 277 del Código Penal (encubrimiento) y lavado de activos (art. 278 CPN), originada por el intento de Hugo Raldes Silva de egresar del país en 2008 con US$ 505.317 en efectivo sin la debida declaración aduanera.

Los fundamentos para disponer el decomiso sin condena (art. 305 CPN) se centraron en que la acción penal vinculada al lavado de dinero se encontraba prescripta, lo que imposibilitaba avanzar hacia un juicio oral. El magistrado determinó que la suma secuestrada constituía el producto del delito, basándose en la falta de acreditación del origen lícito de los fondos, las manifestaciones contradictorias de los imputados y la inacción de la empresa Aerosur S.A. para reclamar la propiedad del dinero durante más de diez años. Complementariamente, el juez encuadró el dinero como un bien abandonado o de dueño desconocido, facultando al Estado para su apropiación según la normativa civil vigente (arts. 236 y 1947 CCCN).

En este fallo se ordenó el decomiso definitivo y sin condena que encontró fundamento específicamente en el reconocimiento expreso efectuado por el propio Piedrahita Ceballos de la ilicitud de los bienes. También se resolvió que los activos fueran puestos a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) para financiar su funcionamiento y programas de salud y capacitación laboral, de acuerdo con la reglamentación de las leyes 25.246 y 23.737.

En el proceso intervinieron la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). El objeto procesal fue la investigación del delito de lavado de activos agravado por la pertenencia a una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (art. 303, inciso 2°, apartado "a", del Código Penal).

La normativa vigente aplicada incluye los artículos 23, 45, 303 y 305 del Código Penal, junto con el artículo 27 de la Ley 25.246 y la Ley 23.737. Los fundamentos se centraron en que, durante la instrucción, se acreditó que personas físicas y jurídicas introdujeron de forma organizada fondos de origen ilícito provenientes del narcotráfico desarrollado por José Bayron Piedrahita Ceballos en Colombia y Estados Unidos. Se halló un "contra-documento" que probaba una operación simulada de venta de acciones para ocultar que los activos seguían bajo la órbita de Piedrahita Ceballos, a pesar de figurar a nombre de Mateo Corvo Dolcet.

Respecto al decomiso sin condena, el tribunal determinó que los bienes (participaciones accionarias) constituyen el producto del delito, al ser activos derivados de actividades narcocriminales que generaron un incremento patrimonial no justificado. Esta medida se fundamentó específicamente en el reconocimiento expreso efectuado por el propio Piedrahita Ceballos —en el marco de un acuerdo de colaboración como imputado arrepentido— sobre la procedencia y uso ilícito de sus bienes, así como su participación en el tráfico internacional de drogas. El artículo 305 del C.P. faculta el decomiso definitivo sin necesidad de condena cuando el imputado reconoce la ilicitud de los bienes.

Los bienes decomisados fueron 1.454.489 acciones ordinarias de la firma "Insula Urbana SA" (10,767% del paquete) y 1.924 acciones ordinarias de la empresa "Pilar Bicentenario S.A." (2,6% del paquete) a favor del Estado Nacional.

El Tribunal ordenó el decomiso sin condena sobre los bienes de uno de los imputados por haberse extinguido la acción penal luego de su fallecimiento el 9 de mayo de 2018. El tribunal calificó a estos bienes tanto como instrumentos (medios para la maniobra de lavado) como productos (beneficio directo del narcotráfico) del delito. Se fundamentó en los artículos 23 y 305 (segundo párrafo) del Código Penal, que permiten el decomiso de activos cuando se haya podido comprobar su origen ilícito y el imputado no pueda ser juzgado por muerte o fuga.

En estos autos se investigaban los delitos de lavado de activos de origen delictivo, agravado por habitualidad y banda, bajo la normativa de los artículos 303 (incs. 1 y 2, ap. "a") y el anterior 278 del Código Penal (según Leyes 25.246 y 26.683). El tribunal determinó que los fondos procedían del narcotráfico internacional liderado por Carlos Alberto Salvatore, quien proveyó el capital espurio para conformar un complejo entramado societario y financiero destinado a dar apariencia lícita a las ganancias ilícitas.

Los fundamentos del fallo establecen que el lavado de activos es un delito continuado que se perfeccionó mediante una pluralidad de actos uniformes de inversión y administración entre los años 2004 y 2015. El tribunal aplicó la doctrina de la ignorancia deliberada para los coautores (Silvia Vallés Paradiso, Santiago Vallés Ferrer y Ricardo Gassan Saba), argumentando que no podían desconocer el origen del dinero dada la magnitud de las inversiones en efectivo y la falta de actividad lícita que las justificara. Se acreditó que la organización utilizó empresas "pantalla" para adquirir costosos inmuebles en Argentina y EE. UU., vehículos de alta gama y hasta inversiones en el ámbito cinematográfico y deportivo.

Además del decomiso sin condena mencionado, se resolvió decomisar de forma definitiva una extensa lista de activos. Estos incluyen numerosos inmuebles en CABA, Mar del Plata y Florida (EE. UU.), autos de lujo, depósitos bancarios, cuotas sociales y acciones de empresas del grupo. Además, se ordenó la cancelación de la personería jurídica de las sociedades involucradas y la disolución de fideicomisos inmobiliarios, cuyo destino de los activos fue reparar el daño causado a la sociedad, las víctimas o el Estado conforme al art. 305 del CP.

En este fallo, la Sala II resolvió revocar el auto recurrido en todas sus partes debido a las inconsistencias y la falta de resguardo del derecho a la contradicción. En su lugar, el Tribunal dispuso que se debía estar a los embargos preventivos impuestos anteriormente sobre los inmuebles, dejando sin efecto el decomiso definitivo hasta tanto se subsanen los errores señalados. El decomiso sin condena se fundó en el fallecimiento de la imputada, Cledi Presilla Coggiola, circunstancia que provocó la extinción de la acción penal y habilitó el análisis de la ilicitud del origen de los bienes.

El proceso investigaba el delito de lavado de activos, vinculado a hechos precedentes de trata sexual y explotación de la prostitución. La normativa vigente aplicada fue el artículo 305, segundo párrafo, del Código Penal (incorporado por la Ley 26.683), el cual permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena penal.

El objeto del litigio era el decomiso sin condena de un inmueble en San Roque (Córdoba) y fracciones de campo en Colonia San Jorge (Santa Fe), considerados instrumentos, producto, provecho o efectos de las maniobras de lavado. Esta medida se fundamentó en el fallecimiento de la imputada, Cledi Presilla Coggiola, circunstancia que provocó la extinción de la acción penal y habilitó el análisis de la ilicitud del origen de los bienes bajo la citada normativa.

Los fundamentos de la alzada para cuestionar la decisión de grado se centraron en graves defectos procesales y de motivación. El Tribunal advirtió que no se dio intervención a la defensa ni a otros interesados legítimos, omitiendo indagar sobre el proceso sucesorio. Asimismo, señaló una contradicción legal: el juez utilizó el Código Penal para el decomiso, pero aplicó la Ley 26.364 (Trata de Personas) para decidir el destino de los bienes sin justificar tal extrapolación, además de brindar una respuesta solo parcial sobre los bienes identificados por la querella.

En este fallo se ordenó el decomiso sin condena de inmuebles ubicados en las provincias de Santa Fe y Córdoba y poner los bienes a disposición del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, fundado en el fallecimiento de la titular de los bienes, Cledi Presilla Coggiola.

Intervinieron en la presente, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Fiscalía Federal N° 10. La investigación se centró en el delito de lavado de activos, teniendo como actividades delictivas precedentes la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena por parte de una organización criminal liderada por Raúl Martins.

La normativa vigente aplicada incluye los artículos 23 y 305 del Código Penal (conforme la reforma de la Ley 26.683), que facultan el decomiso definitivo sin necesidad de condena penal, además de la Ley 25.246 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por Ley 25.632). Estos instrumentos legales permiten el recupero de activos de origen espurio cuando se comprueba la ilicitud del hecho material y el imputado no puede ser enjuiciado por motivos previstos en la ley.

Los fundamentos del fallo radicaron en que los inmuebles fueron considerados producto del delito de lavado, al haber sido adquiridos mediante operaciones inmobiliarias circulares entre familiares que carecían de un perfil económico que las justificara. El decomiso sin condena se dictó específicamente debido al fallecimiento de la titular de los bienes, Cledi Presilla Coggiola, lo que constituyó un impedimento legal para continuar con su enjuiciamiento, encuadrando en los supuestos de extinción de la acción penal.

Este decisorio se sustentó en la Ley 26.364, priorizando el destino de los activos para la reparación del daño a las víctimas y el financiamiento de programas de asistencia, por encima de las pretensiones de autofinanciamiento de la UIF.

La Cámara resolvió hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y anular el punto dispositivo que había revocado los decomisos. El tribunal dispuso la devolución de las actuaciones a su origen para que se continúe con la tramitación del proceso según su estado, validando así las medidas de decomiso definitivo, anticipado y preventivo ordenadas inicialmente sobre los bienes vinculados a la organización criminal. El Tribunal fundamentó su procedencia ante la situación de fuga de varios imputados.

Se investigan los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego, atribuidos a una organización criminal que operaba principalmente en la ciudad de Mar del Plata. Previamente, intervinieron el Juzgado Federal N° 3 y la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, cuya resolución de revocar parcialmente los decomisos motivó el recurso del Ministerio Público Fiscal.

La normativa vigente aplicada se centra en los artículos 23 y 305 del Código Penal (según Ley 26.683), en conjunción con tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Respecto a la naturaleza de los bienes (vehículos e inmuebles), se determinó que funcionan tanto como instrumentos del delito, por ser utilizados para ejecutar las maniobras de lavado, como producto o provecho, al ser el resultado de la inversión de fondos espurios provenientes del narcotráfico para darles apariencia lícita.

Sobre el decomiso sin condena, el tribunal fundamentó su procedencia ante la situación de fuga de varios imputados, lo que permite el decomiso definitivo según lo previsto en los artículos 23 (párrafo 7°) y 305 del Código Penal cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no puede ser enjuiciado. Los fundamentos destacaron que la resolución de la instancia anterior fue arbitraria y carente de motivación, omitiendo que la ley faculta al juez a adoptar medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones para evitar que el delito rinda beneficios y asegurar el recupero de activos de origen ilícito.

En este fallo se ordenó el decomiso definitivo y anticipado de bienes. El mismo comprendía inmuebles y una flota de vehículos (incluyendo camionetas Toyota Hilux, camiones Mercedes Benz y cuatriciclos) pertenecientes a 3 imputados. Esta medida se fundamentó en la fuga de dichos individuos, quienes poseen pedido de captura nacional e internacional vigente.

Los delitos investigados eran los de lavado de activos agravado (por habitualidad y organización), transporte y almacenamiento de estupefacientes, y tenencia ilegítima de armas de fuego. La normativa vigente aplicada incluye los artículos 23, 189 bis, 303 y 305 del Código Penal, junto con las Leyes 23.737, 25.246 y 26.683, que configuran el marco legal para perseguir el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico.

Los fundamentos del fallo se centran en la acreditación, mediante prueba de indicios, de una estructura criminal organizada que utilizaba locales comerciales y concesionarias no registradas como "pantalla" para introducir en el mercado legal, bienes adquiridos con ganancias del tráfico de drogas. El magistrado destacó el incremento inusual del patrimonio y la falta de actividades lícitas declaradas ante la AFIP que justificaran la posesión de numerosos vehículos de alta gama e inmuebles. La maniobra incluía la transferencia sucesiva de bienes entre familiares y allegados (testaferros) y la radicación irregular de rodados en distintas jurisdicciones para dificultar su rastreo.

Se resolvió el procesamiento de 30 imputados, disponiendo la prisión preventiva para varios de ellos debido al riesgo de fuga y entorpecimiento, dado el poder económico de la organización. Asimismo, se trabaron embargos de hasta diez millones de pesos por persona y se ordenó el secuestro preventivo de cientos de vehículos afectados a la pesquisa. El juez enfatizó que estas medidas cautelares buscan asegurar el recupero de activos y evitar que el delito rinda beneficios económicos a sus autores.

Respecto al decomiso sin condena, el tribunal ordenó el decomiso definitivo y anticipado de bienes inmuebles y una flota de vehículos pertenecientes a 3 imputados que se encontraban prófugos. Los bienes fueron calificados como instrumentos del delito, por haber sido utilizados intencionalmente para ejecutar las maniobras de lavado de activos investigadas.

Se trata del primer decomiso sin condena en nuestro país. En este fallo, se resolvió decomisar de manera definitiva y anticipada a favor del Estado Nacional la suma de u$s 790.550, custodiada en el Banco de la Nación Argentina, con fines sociales reparatorios. Además, el juez solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que determine el mejor destino de utilidad pública (salud, educación u otro) para que el dinero repare el daño a la sociedad, exhortando a la UIF a colaborar en la materialización de la medida. Esta decisión se presentó como inédita en la jurisprudencia local, buscando cumplir con el mandato legislativo de recuperar activos de origen espurio sin esperar una condena firme cuando el proceso se encuentra paralizado por la rebeldía de los acusados.

En este fallo se ordenó el decomiso de manera definitiva y anticipada. La investigación se centró en el intento de ingreso ilegal al territorio aduanero de u$s 790.550 el 4 de agosto de 2007, omitiendo la declaración correspondiente. Los delitos investigados incluyen la infracción al Código Aduanero (arts. 863, 865 inc. “a” y 871) y lavado de activos (art. 303 inc. 3° del Código Penal), bajo la normativa vigente de los arts. 23, 303 y 305 del C.P. y la Ley 26.683.

Los fundamentos del fallo se basan en la acreditada ilicitud del origen del dinero, deducida de indicios como el transporte de una suma cuantiosa en efectivo de baja denominación, la falta de declaración tanto en Venezuela como en Argentina y el hecho de que, tras casi nueve años, ningún imputado reclamó la propiedad del activo. El Tribunal destacó que el decomiso sin condena no vulnera garantías constitucionales de propiedad, ya que los imputados se manifestaron ajenos al dinero, considerándolo una remesa "abandonada". Asimismo, se subrayó el compromiso internacional de Argentina en el recupero de activos de origen ilícito y la necesidad de una reparación social por el daño causado.

Respecto al decomiso sin condena, el Tribunal determinó que el dinero constituye el producto de un ilícito o está vinculado a un hecho material cuya ilicitud de origen fue comprobada indiciariamente. Esta medida se aplicó debido a que los imputados no pueden ser enjuiciados por los motivos de fuga (Guido Alejandro Antonini Wilson se encuentra en rebeldía desde agosto de 2007) y la eventual prescripción de la acción penal respecto a otros involucrados como Uberti y los Uzcátegui. El magistrado enfatizó que estas condiciones se ajustan estrictamente a los presupuestos de excepcionalidad previstos en los artículos 23 y 305 del Código Penal.