La Cámara resolvió hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y anular el punto dispositivo que había revocado los decomisos. El tribunal dispuso la devolución de las actuaciones a su origen para que se continúe con la tramitación del proceso según su estado, validando así las medidas de decomiso definitivo, anticipado y preventivo ordenadas inicialmente sobre los bienes vinculados a la organización criminal. El Tribunal fundamentó su procedencia ante la situación de fuga de varios imputados.

Se investigan los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego, atribuidos a una organización criminal que operaba principalmente en la ciudad de Mar del Plata. Previamente, intervinieron el Juzgado Federal N° 3 y la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, cuya resolución de revocar parcialmente los decomisos motivó el recurso del Ministerio Público Fiscal.

La normativa vigente aplicada se centra en los artículos 23 y 305 del Código Penal (según Ley 26.683), en conjunción con tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Respecto a la naturaleza de los bienes (vehículos e inmuebles), se determinó que funcionan tanto como instrumentos del delito, por ser utilizados para ejecutar las maniobras de lavado, como producto o provecho, al ser el resultado de la inversión de fondos espurios provenientes del narcotráfico para darles apariencia lícita.

Sobre el decomiso sin condena, el tribunal fundamentó su procedencia ante la situación de fuga de varios imputados, lo que permite el decomiso definitivo según lo previsto en los artículos 23 (párrafo 7°) y 305 del Código Penal cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no puede ser enjuiciado. Los fundamentos destacaron que la resolución de la instancia anterior fue arbitraria y carente de motivación, omitiendo que la ley faculta al juez a adoptar medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones para evitar que el delito rinda beneficios y asegurar el recupero de activos de origen ilícito.

En este fallo se ordenó el decomiso definitivo y anticipado de bienes. El mismo comprendía inmuebles y una flota de vehículos (incluyendo camionetas Toyota Hilux, camiones Mercedes Benz y cuatriciclos) pertenecientes a 3 imputados. Esta medida se fundamentó en la fuga de dichos individuos, quienes poseen pedido de captura nacional e internacional vigente.

Los delitos investigados eran los de lavado de activos agravado (por habitualidad y organización), transporte y almacenamiento de estupefacientes, y tenencia ilegítima de armas de fuego. La normativa vigente aplicada incluye los artículos 23, 189 bis, 303 y 305 del Código Penal, junto con las Leyes 23.737, 25.246 y 26.683, que configuran el marco legal para perseguir el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico.

Los fundamentos del fallo se centran en la acreditación, mediante prueba de indicios, de una estructura criminal organizada que utilizaba locales comerciales y concesionarias no registradas como "pantalla" para introducir en el mercado legal, bienes adquiridos con ganancias del tráfico de drogas. El magistrado destacó el incremento inusual del patrimonio y la falta de actividades lícitas declaradas ante la AFIP que justificaran la posesión de numerosos vehículos de alta gama e inmuebles. La maniobra incluía la transferencia sucesiva de bienes entre familiares y allegados (testaferros) y la radicación irregular de rodados en distintas jurisdicciones para dificultar su rastreo.

Se resolvió el procesamiento de 30 imputados, disponiendo la prisión preventiva para varios de ellos debido al riesgo de fuga y entorpecimiento, dado el poder económico de la organización. Asimismo, se trabaron embargos de hasta diez millones de pesos por persona y se ordenó el secuestro preventivo de cientos de vehículos afectados a la pesquisa. El juez enfatizó que estas medidas cautelares buscan asegurar el recupero de activos y evitar que el delito rinda beneficios económicos a sus autores.

Respecto al decomiso sin condena, el tribunal ordenó el decomiso definitivo y anticipado de bienes inmuebles y una flota de vehículos pertenecientes a 3 imputados que se encontraban prófugos. Los bienes fueron calificados como instrumentos del delito, por haber sido utilizados intencionalmente para ejecutar las maniobras de lavado de activos investigadas.

Se trata del primer decomiso sin condena en nuestro país. En este fallo, se resolvió decomisar de manera definitiva y anticipada a favor del Estado Nacional la suma de u$s 790.550, custodiada en el Banco de la Nación Argentina, con fines sociales reparatorios. Además, el juez solicitó a la Jefatura de Gabinete de Ministros que determine el mejor destino de utilidad pública (salud, educación u otro) para que el dinero repare el daño a la sociedad, exhortando a la UIF a colaborar en la materialización de la medida. Esta decisión se presentó como inédita en la jurisprudencia local, buscando cumplir con el mandato legislativo de recuperar activos de origen espurio sin esperar una condena firme cuando el proceso se encuentra paralizado por la rebeldía de los acusados.

En este fallo se ordenó el decomiso de manera definitiva y anticipada. La investigación se centró en el intento de ingreso ilegal al territorio aduanero de u$s 790.550 el 4 de agosto de 2007, omitiendo la declaración correspondiente. Los delitos investigados incluyen la infracción al Código Aduanero (arts. 863, 865 inc. “a” y 871) y lavado de activos (art. 303 inc. 3° del Código Penal), bajo la normativa vigente de los arts. 23, 303 y 305 del C.P. y la Ley 26.683.

Los fundamentos del fallo se basan en la acreditada ilicitud del origen del dinero, deducida de indicios como el transporte de una suma cuantiosa en efectivo de baja denominación, la falta de declaración tanto en Venezuela como en Argentina y el hecho de que, tras casi nueve años, ningún imputado reclamó la propiedad del activo. El Tribunal destacó que el decomiso sin condena no vulnera garantías constitucionales de propiedad, ya que los imputados se manifestaron ajenos al dinero, considerándolo una remesa "abandonada". Asimismo, se subrayó el compromiso internacional de Argentina en el recupero de activos de origen ilícito y la necesidad de una reparación social por el daño causado.

Respecto al decomiso sin condena, el Tribunal determinó que el dinero constituye el producto de un ilícito o está vinculado a un hecho material cuya ilicitud de origen fue comprobada indiciariamente. Esta medida se aplicó debido a que los imputados no pueden ser enjuiciados por los motivos de fuga (Guido Alejandro Antonini Wilson se encuentra en rebeldía desde agosto de 2007) y la eventual prescripción de la acción penal respecto a otros involucrados como Uberti y los Uzcátegui. El magistrado enfatizó que estas condiciones se ajustan estrictamente a los presupuestos de excepcionalidad previstos en los artículos 23 y 305 del Código Penal.