La creación de la SIFRAI en el ámbito de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, obedece a la necesidad de robustecer la capacidad de respuesta en materia de detección y represión de la criminalidad organizada, lavado de activos y financiación del terrorismo y en la privación de los instrumentos y las ganancias ilícitas de sus actividades, de conformidad con los compromisos adoptados por nuestro país (Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo -Ley 26.024-; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -Ley 25.632-; la Convención Interamericana contra el Terrorismo -Ley 26.023-; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -Ley 26.097-; y la Convención sobre la Lucha Contra Transacciones Comerciales Internacionales -Ley 25.319-, entre otros), lo que incluye su investigación patrimonial y su recupero en línea con los compromisos asumidos en la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, aprobada el 29 de septiembre de 2022 .
En tal contexto y sin modificar las competencias oportunamente asignadas a la DAFI y la DGRABD, se entendió que resultaba conveniente instrumentar su coordinación a través de la SIFRAI, a fin de otorgar a sus intervenciones “…un enfoque integral de sus funciones primordiales e impuls[ar] una investigación patrimonial/financiera asertiva, promoviendo tempranamente aquellas medidas cautelares eficaces que permitan lograr el recupero de activos ilícitos mediante su decomiso”. Al momento de su creación, además se tuvo en cuenta que “…ello redundará en las mediciones de los Resultados Inmediatos 7 y 8 (Metodología de Evaluación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- así como de la efectividad de los Sistemas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo en cuanto a que deben realizarse investigaciones financieras paralelas a los delitos precedentes del lavado de activos, con la intervención de equipos multidisciplinarios tendientes a profundizar la investigación del delito, como así también a identificar, rastrear y asegurar, mediante medidas cautelares, el recupero de aquellos bienes procedentes de actividades ilícitas”.
Tal decisión vino a profundizar las ya adoptadas años atrás por el organismo, a través de las resoluciones PGN 168/06, 129/09, 134/09, 339/14 y 2636/15, vinculadas con la necesidad de incrementar la eficiencia en las investigaciones de criminalidad compleja.
La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) tendrá las siguientes funciones:
- Coordinar funcionalmente las tareas asignadas a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) y a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a fin de otorgar a sus intervenciones un enfoque integral.
- Facilitar el intercambio de información entre ambas Direcciones y la adopción de estrategias convergentes, de modo de centralizar las tareas de intervención, de asesoramiento a fiscales, y de coordinación y seguimiento de casos.
- Contribuir en la recolección, sistematización y procesamiento de datos estadísticos sobre el desempeño de ambas direcciones, necesarios para el desarrollo e implementación de políticas de acción tendientes a lograr mayor efectividad y al logro de una relación eficiente entre los miembros del equipo y las diferentes agencias que intervienen estableciendo metodologías de trabajo colaborativas y sistemas para compartir información, siempre bajo la dirección del o de la fiscal a cargo de la investigación penal.
- Elaborar propuestas y/o asesoramientos en reformas normativas que se identifiquen como necesarias para hacer más eficiente el recupero de activos y la administración de bienes, gestión y destino de bienes cautelados y decomisados durante el proceso.
- Ofrecer, de manera conjunta con ambas direcciones, propuestas de capacitación en las temáticas propias, tanto para integrantes del Ministerio Público Fiscal, como para otras dependencias u organizaciones.
