La Oficina Judicial resolvió condenar a Caba Hurtado a la pena de siete años y dos meses de prisión, inhabilitaciones diversas y el pago de costas. En lo que respecta al decomiso, el magistrado ordenó la pérdida de la avioneta STATIONER 6 II (matrícula boliviana CP-3350) y diversos recipientes de combustible tras haberse acreditado que los mismos fueron el medio material para ejecutar el tráfico. Todo ello en el marco de la homologación de un acuerdo pleno, tras el cual el imputado reconoció su responsabilidad penal y renunció al juicio oral.

En la causa intervinieron la Sede Descentralizada de San Lorenzo y la PROCUNAR. El objeto de la investigación fue el contrabando de importación de estupefacientes destinados a su comercialización, agravado por el uso de transporte aéreo, rutas no autorizadas y aterrizaje en lugares clandestinos.

La normativa vigente aplicada comprende los artículos 864 inc. a), 865 inc. e) y 866 del Código Aduanero, junto con los artículos 12, 29 inciso 3 y 45 del Código Penal, y los artículos 323 y 324 del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Estos bienes fueron calificados como instrumentos del delito, específicamente como los medios de transporte y elementos utilizados para cometer el hecho. El Ministerio Público Fiscal justificó el decomiso de la aeronave a pesar de que esta no pertenecería formalmente al imputado.

Finalmente, esta medida se fundamenta en el reconocimiento de los hechos por parte del condenado en el marco del procedimiento abreviado y en la acreditación de que el bien fue el medio material para ejecutar el tráfico. La sentencia dispuso que la avioneta fuera entregada a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°8 “Jorge Newbery” en Villa Luzuriaga para fines pedagógicos.

En este fallo, se resolvió no hacer lugar a la inconstitucionalidad planteada, ratificando que el decomiso sin condena es procedente cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no puede ser enjuiciado por fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de extinción de la acción penal, o bien cuando este reconoce la procedencia o uso ilícito de los activos. Por tratarse de una cuestión novedosa, se eximió a la parte vencida del pago de costas.

La investigación versa sobre presuntas operaciones de lavado de activos. El análisis jurídico se centró en la validez del decomiso definitivo sin condena penal, cuestionado por la defensa bajo el argumento de que afectaba derechos constitucionales como la propiedad y el debido proceso.

La normativa vigente aplicada es el artículo 305, segundo párrafo, del Código Penal (incorporado por la Ley 26.683), en consonancia con compromisos internacionales asumidos por Argentina ante el GAFI y las convenciones de Viena, Palermo y las Naciones Unidas contra la Corrupción. El fundamento principal radica en que el decomiso ha evolucionado de ser una pena accesoria a una herramienta autónoma y "híbrida" de política criminal, destinada a neutralizar tanto los instrumentos (bienes usados para cometer el delito) como el producto, provecho o efectos (ganancias directas o indirectas) del ilícito.

El tribunal sostuvo que el derecho a la propiedad (art. 17 CN) no es absoluto y solo protege bienes adquiridos de forma lícita; por tanto, los activos de origen espurio no son dignos de reconocimiento jurídico y su titularidad se considera viciada desde el inicio. Bajo esta premisa, el decomiso sin condena no se considera una "confiscación" prohibida por la Constitución, sino una medida declarativa que impide que el delito rinda beneficios económicos, resguardando la razón de justicia.

En este fallo, la Sala B revocó el decreto del 25 de septiembre de 2020, que inicialmente había rechazado la medida, y en su lugar hizo lugar al pedido de decomiso de los bienes y activos de Medina y Tovo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y la UIF, fundado específicamente en el fallecimiento de los principales investigados, Luis Roberto Medina y Germán Gonzalo Tovo, lo que impedía avanzar hacia un juicio oral y una condena tradicional. Asimismo, el Tribunal dispuso que se notifique lo resuelto a los sucesores de los fallecidos para que puedan hacer valer sus derechos sobre los bienes a través de las acciones administrativas o civiles correspondientes.

En la investigación también intervinieron la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

El delito investigado es el de lavado de activos (art. 303, inc. 1 del Código Penal), derivado de actividades presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes de la organización criminal conocida como la "Banda Medina".

La normativa vigente aplicada se centra en los artículos 23 y 305 del Código Penal, modificados por la Ley 26.683, que facultan al juez a disponer el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena penal. Esto permite la recuperación de activos cuando se comprueba la ilicitud de su origen o del hecho material al que están vinculados, y el imputado no puede ser enjuiciado por motivos taxativos como el fallecimiento o la fuga. La mayoría del Tribunal destacó la autonomía del delito de lavado de activos, señalando que no se requiere una sentencia previa por el delito precedente, sino que basta con acreditar una actividad delictiva genérica mediante indicios suficientes.

En cuanto al decomiso sin condena, los bienes afectados (departamentos, cuotas sociales de empresas como LUMED y ARGOM, y un vehículo) fueron considerados el producto o provecho del ilícito, dado que los investigados carecían de un perfil patrimonial que justificara su adquisición lícita. La procedencia de la medida se fundó específicamente en el fallecimiento de los principales investigados, Luis Roberto Medina y Germán Gonzalo Tovo, lo que impedía avanzar hacia un juicio oral y una condena tradicional. El voto mayoritario subrayó que el decomiso anticipado es una herramienta esencial para cumplir compromisos internacionales y asegurar la reparación del daño a la sociedad.

En este fallo se ordenó el decomiso definitivo y sin condena que encontró fundamento específicamente en el reconocimiento expreso efectuado por el propio Piedrahita Ceballos de la ilicitud de los bienes. También se resolvió que los activos fueran puestos a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) para financiar su funcionamiento y programas de salud y capacitación laboral, de acuerdo con la reglamentación de las leyes 25.246 y 23.737.

En el proceso intervinieron la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). El objeto procesal fue la investigación del delito de lavado de activos agravado por la pertenencia a una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (art. 303, inciso 2°, apartado "a", del Código Penal).

La normativa vigente aplicada incluye los artículos 23, 45, 303 y 305 del Código Penal, junto con el artículo 27 de la Ley 25.246 y la Ley 23.737. Los fundamentos se centraron en que, durante la instrucción, se acreditó que personas físicas y jurídicas introdujeron de forma organizada fondos de origen ilícito provenientes del narcotráfico desarrollado por José Bayron Piedrahita Ceballos en Colombia y Estados Unidos. Se halló un "contra-documento" que probaba una operación simulada de venta de acciones para ocultar que los activos seguían bajo la órbita de Piedrahita Ceballos, a pesar de figurar a nombre de Mateo Corvo Dolcet.

Respecto al decomiso sin condena, el tribunal determinó que los bienes (participaciones accionarias) constituyen el producto del delito, al ser activos derivados de actividades narcocriminales que generaron un incremento patrimonial no justificado. Esta medida se fundamentó específicamente en el reconocimiento expreso efectuado por el propio Piedrahita Ceballos —en el marco de un acuerdo de colaboración como imputado arrepentido— sobre la procedencia y uso ilícito de sus bienes, así como su participación en el tráfico internacional de drogas. El artículo 305 del C.P. faculta el decomiso definitivo sin necesidad de condena cuando el imputado reconoce la ilicitud de los bienes.

Los bienes decomisados fueron 1.454.489 acciones ordinarias de la firma "Insula Urbana SA" (10,767% del paquete) y 1.924 acciones ordinarias de la empresa "Pilar Bicentenario S.A." (2,6% del paquete) a favor del Estado Nacional.

El Tribunal ordenó el decomiso sin condena sobre los bienes de uno de los imputados por haberse extinguido la acción penal luego de su fallecimiento el 9 de mayo de 2018. El tribunal calificó a estos bienes tanto como instrumentos (medios para la maniobra de lavado) como productos (beneficio directo del narcotráfico) del delito. Se fundamentó en los artículos 23 y 305 (segundo párrafo) del Código Penal, que permiten el decomiso de activos cuando se haya podido comprobar su origen ilícito y el imputado no pueda ser juzgado por muerte o fuga.

En estos autos se investigaban los delitos de lavado de activos de origen delictivo, agravado por habitualidad y banda, bajo la normativa de los artículos 303 (incs. 1 y 2, ap. "a") y el anterior 278 del Código Penal (según Leyes 25.246 y 26.683). El tribunal determinó que los fondos procedían del narcotráfico internacional liderado por Carlos Alberto Salvatore, quien proveyó el capital espurio para conformar un complejo entramado societario y financiero destinado a dar apariencia lícita a las ganancias ilícitas.

Los fundamentos del fallo establecen que el lavado de activos es un delito continuado que se perfeccionó mediante una pluralidad de actos uniformes de inversión y administración entre los años 2004 y 2015. El tribunal aplicó la doctrina de la ignorancia deliberada para los coautores (Silvia Vallés Paradiso, Santiago Vallés Ferrer y Ricardo Gassan Saba), argumentando que no podían desconocer el origen del dinero dada la magnitud de las inversiones en efectivo y la falta de actividad lícita que las justificara. Se acreditó que la organización utilizó empresas "pantalla" para adquirir costosos inmuebles en Argentina y EE. UU., vehículos de alta gama y hasta inversiones en el ámbito cinematográfico y deportivo.

Además del decomiso sin condena mencionado, se resolvió decomisar de forma definitiva una extensa lista de activos. Estos incluyen numerosos inmuebles en CABA, Mar del Plata y Florida (EE. UU.), autos de lujo, depósitos bancarios, cuotas sociales y acciones de empresas del grupo. Además, se ordenó la cancelación de la personería jurídica de las sociedades involucradas y la disolución de fideicomisos inmobiliarios, cuyo destino de los activos fue reparar el daño causado a la sociedad, las víctimas o el Estado conforme al art. 305 del CP.

La Cámara resolvió hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y anular el punto dispositivo que había revocado los decomisos. El tribunal dispuso la devolución de las actuaciones a su origen para que se continúe con la tramitación del proceso según su estado, validando así las medidas de decomiso definitivo, anticipado y preventivo ordenadas inicialmente sobre los bienes vinculados a la organización criminal. El Tribunal fundamentó su procedencia ante la situación de fuga de varios imputados.

Se investigan los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego, atribuidos a una organización criminal que operaba principalmente en la ciudad de Mar del Plata. Previamente, intervinieron el Juzgado Federal N° 3 y la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, cuya resolución de revocar parcialmente los decomisos motivó el recurso del Ministerio Público Fiscal.

La normativa vigente aplicada se centra en los artículos 23 y 305 del Código Penal (según Ley 26.683), en conjunción con tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Respecto a la naturaleza de los bienes (vehículos e inmuebles), se determinó que funcionan tanto como instrumentos del delito, por ser utilizados para ejecutar las maniobras de lavado, como producto o provecho, al ser el resultado de la inversión de fondos espurios provenientes del narcotráfico para darles apariencia lícita.

Sobre el decomiso sin condena, el tribunal fundamentó su procedencia ante la situación de fuga de varios imputados, lo que permite el decomiso definitivo según lo previsto en los artículos 23 (párrafo 7°) y 305 del Código Penal cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no puede ser enjuiciado. Los fundamentos destacaron que la resolución de la instancia anterior fue arbitraria y carente de motivación, omitiendo que la ley faculta al juez a adoptar medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones para evitar que el delito rinda beneficios y asegurar el recupero de activos de origen ilícito.

En este fallo se ordenó el decomiso definitivo y anticipado de bienes. El mismo comprendía inmuebles y una flota de vehículos (incluyendo camionetas Toyota Hilux, camiones Mercedes Benz y cuatriciclos) pertenecientes a 3 imputados. Esta medida se fundamentó en la fuga de dichos individuos, quienes poseen pedido de captura nacional e internacional vigente.

Los delitos investigados eran los de lavado de activos agravado (por habitualidad y organización), transporte y almacenamiento de estupefacientes, y tenencia ilegítima de armas de fuego. La normativa vigente aplicada incluye los artículos 23, 189 bis, 303 y 305 del Código Penal, junto con las Leyes 23.737, 25.246 y 26.683, que configuran el marco legal para perseguir el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico.

Los fundamentos del fallo se centran en la acreditación, mediante prueba de indicios, de una estructura criminal organizada que utilizaba locales comerciales y concesionarias no registradas como "pantalla" para introducir en el mercado legal, bienes adquiridos con ganancias del tráfico de drogas. El magistrado destacó el incremento inusual del patrimonio y la falta de actividades lícitas declaradas ante la AFIP que justificaran la posesión de numerosos vehículos de alta gama e inmuebles. La maniobra incluía la transferencia sucesiva de bienes entre familiares y allegados (testaferros) y la radicación irregular de rodados en distintas jurisdicciones para dificultar su rastreo.

Se resolvió el procesamiento de 30 imputados, disponiendo la prisión preventiva para varios de ellos debido al riesgo de fuga y entorpecimiento, dado el poder económico de la organización. Asimismo, se trabaron embargos de hasta diez millones de pesos por persona y se ordenó el secuestro preventivo de cientos de vehículos afectados a la pesquisa. El juez enfatizó que estas medidas cautelares buscan asegurar el recupero de activos y evitar que el delito rinda beneficios económicos a sus autores.

Respecto al decomiso sin condena, el tribunal ordenó el decomiso definitivo y anticipado de bienes inmuebles y una flota de vehículos pertenecientes a 3 imputados que se encontraban prófugos. Los bienes fueron calificados como instrumentos del delito, por haber sido utilizados intencionalmente para ejecutar las maniobras de lavado de activos investigadas.