La Oficina Judicial resolvió condenar a Caba Hurtado a la pena de siete años y dos meses de prisión, inhabilitaciones diversas y el pago de costas. En lo que respecta al decomiso, el magistrado ordenó la pérdida de la avioneta STATIONER 6 II (matrícula boliviana CP-3350) y diversos recipientes de combustible tras haberse acreditado que los mismos fueron el medio material para ejecutar el tráfico. Todo ello en el marco de la homologación de un acuerdo pleno, tras el cual el imputado reconoció su responsabilidad penal y renunció al juicio oral.

En la causa intervinieron la Sede Descentralizada de San Lorenzo y la PROCUNAR. El objeto de la investigación fue el contrabando de importación de estupefacientes destinados a su comercialización, agravado por el uso de transporte aéreo, rutas no autorizadas y aterrizaje en lugares clandestinos.

La normativa vigente aplicada comprende los artículos 864 inc. a), 865 inc. e) y 866 del Código Aduanero, junto con los artículos 12, 29 inciso 3 y 45 del Código Penal, y los artículos 323 y 324 del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Estos bienes fueron calificados como instrumentos del delito, específicamente como los medios de transporte y elementos utilizados para cometer el hecho. El Ministerio Público Fiscal justificó el decomiso de la aeronave a pesar de que esta no pertenecería formalmente al imputado.

Finalmente, esta medida se fundamenta en el reconocimiento de los hechos por parte del condenado en el marco del procedimiento abreviado y en la acreditación de que el bien fue el medio material para ejecutar el tráfico. La sentencia dispuso que la avioneta fuera entregada a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°8 “Jorge Newbery” en Villa Luzuriaga para fines pedagógicos.

En este fallo se ordenó el decomiso definitivo y sin condena que encontró fundamento específicamente en el reconocimiento expreso efectuado por el propio Piedrahita Ceballos de la ilicitud de los bienes. También se resolvió que los activos fueran puestos a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) para financiar su funcionamiento y programas de salud y capacitación laboral, de acuerdo con la reglamentación de las leyes 25.246 y 23.737.

En el proceso intervinieron la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). El objeto procesal fue la investigación del delito de lavado de activos agravado por la pertenencia a una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (art. 303, inciso 2°, apartado "a", del Código Penal).

La normativa vigente aplicada incluye los artículos 23, 45, 303 y 305 del Código Penal, junto con el artículo 27 de la Ley 25.246 y la Ley 23.737. Los fundamentos se centraron en que, durante la instrucción, se acreditó que personas físicas y jurídicas introdujeron de forma organizada fondos de origen ilícito provenientes del narcotráfico desarrollado por José Bayron Piedrahita Ceballos en Colombia y Estados Unidos. Se halló un "contra-documento" que probaba una operación simulada de venta de acciones para ocultar que los activos seguían bajo la órbita de Piedrahita Ceballos, a pesar de figurar a nombre de Mateo Corvo Dolcet.

Respecto al decomiso sin condena, el tribunal determinó que los bienes (participaciones accionarias) constituyen el producto del delito, al ser activos derivados de actividades narcocriminales que generaron un incremento patrimonial no justificado. Esta medida se fundamentó específicamente en el reconocimiento expreso efectuado por el propio Piedrahita Ceballos —en el marco de un acuerdo de colaboración como imputado arrepentido— sobre la procedencia y uso ilícito de sus bienes, así como su participación en el tráfico internacional de drogas. El artículo 305 del C.P. faculta el decomiso definitivo sin necesidad de condena cuando el imputado reconoce la ilicitud de los bienes.

Los bienes decomisados fueron 1.454.489 acciones ordinarias de la firma "Insula Urbana SA" (10,767% del paquete) y 1.924 acciones ordinarias de la empresa "Pilar Bicentenario S.A." (2,6% del paquete) a favor del Estado Nacional.