El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 (Secretaría N° 13) con fecha 11/06/2026 ordenó el decomiso sin condena de un helicóptero fundamentado en la comprobación del hecho material ilícito -producto del delito- y la imposibilidad de enjuiciamiento por prescripción y dispuso que el activo fuera destinado a fines de utilidad social o reparación estatal, reafirmando el principio jurídico de que el delito no debe rendir beneficios económicos a sus autores o terceros involucrados.

Se trata de la causa N° 1593/2019, caratulada “HELICOPTER CORPORATION SA s/ lavado de activos” (Incidente N° 20), cuyo resolutorio respondió a la solicitud de recuperación de activos vinculada a la trama de sobornos de Odebrecht. La investigación, que contó con la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones y la Cámara Federal de Casación Penal, analizó el delito de lavado de activos (art. 303 CP), tras comprobarse que fondos ilícitos fueron canalizados mediante préstamos simulados y sociedades offshore para la adquisición de una aeronave.

La normativa vigente aplicada se sustenta en los artículos 23 y 305 del Código Penal, en concordancia con convenciones internacionales (Viena, Palermo y contra la Corrupción) y las Recomendaciones del GAFI. El fundamento central del fallo sostiene que, si bien la acción penal contra los imputados se extinguió por prescripción, el deber de decomisar persiste cuando se acredita el origen ilícito de los bienes. El tribunal subrayó que la propiedad solo es válida si se adquiere por medios lícitos, y que el decomiso sin condena busca atacar la rentabilidad del crimen y reparar el daño social.

Respecto a la naturaleza del bien, el helicóptero Eurocopter EC130 B4 (matrícula LV-CFO) fue identificado como el producto del delito, calificándolo técnicamente como un bien subrogante por provenir de forma mediata de maniobras de corrupción. El juzgado rechazó la pretensión de la titular registral, FUSION BLUE SERVICIOS AÉREOS S.A., al determinar una ausencia de buena fe; se constató que la empresa carecía de sustancia económica y fue constituida con el único propósito de ocultar el activo mediante simulaciones y un "sinceramiento fiscal" injustificado de su accionista.

La Oficina Judicial resolvió condenar a Caba Hurtado a la pena de siete años y dos meses de prisión, inhabilitaciones diversas y el pago de costas. En lo que respecta al decomiso, el magistrado ordenó la pérdida de la avioneta STATIONER 6 II (matrícula boliviana CP-3350) y diversos recipientes de combustible tras haberse acreditado que los mismos fueron el medio material para ejecutar el tráfico. Todo ello en el marco de la homologación de un acuerdo pleno, tras el cual el imputado reconoció su responsabilidad penal y renunció al juicio oral.

En la causa intervinieron la Sede Descentralizada de San Lorenzo y la PROCUNAR. El objeto de la investigación fue el contrabando de importación de estupefacientes destinados a su comercialización, agravado por el uso de transporte aéreo, rutas no autorizadas y aterrizaje en lugares clandestinos.

La normativa vigente aplicada comprende los artículos 864 inc. a), 865 inc. e) y 866 del Código Aduanero, junto con los artículos 12, 29 inciso 3 y 45 del Código Penal, y los artículos 323 y 324 del Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Estos bienes fueron calificados como instrumentos del delito, específicamente como los medios de transporte y elementos utilizados para cometer el hecho. El Ministerio Público Fiscal justificó el decomiso de la aeronave a pesar de que esta no pertenecería formalmente al imputado.

Finalmente, esta medida se fundamenta en el reconocimiento de los hechos por parte del condenado en el marco del procedimiento abreviado y en la acreditación de que el bien fue el medio material para ejecutar el tráfico. La sentencia dispuso que la avioneta fuera entregada a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°8 “Jorge Newbery” en Villa Luzuriaga para fines pedagógicos.

La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso del Ministerio Público Fiscal y ordenó el decomiso anticipado y sin condena de bienes tras el fallecimiento de Horacio Adrián Boschetti.

Se investigaron los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito, presuntamente perpetrados bajo la estructura de la Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis Ltda. entre los años 2012 y 2015, y cuyos actuados tuvieran origen en el Juzgado Federal N°2 de Corrientes.

El eje central del fallo es la procedencia del decomiso sin condena tras el fallecimiento de Horacio Adrián Boschetti, lo que extinguió la acción penal a su respecto. La normativa vigente aplicada se basa en los artículos 23 (séptimo párrafo) y 305 (segundo párrafo) del Código Penal, introducidos por la Ley 26.683 para adecuar la legislación interna a las exigencias del GAFI en la lucha contra el crimen organizado. El tribunal rechazó la tacha de inconstitucionalidad de estas normas, fundamentando que el derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional solo ampara a la propiedad legítima obtenida lícitamente.

Los fundamentos para ordenar la medida se basaron en la comprobación de la materialidad delictiva y la ilicitud del origen de los activos, elementos reforzados por la condena firme de los coimputados (padre y hermano del causante) mediante juicio abreviado, donde admitieron su responsabilidad en las maniobras. El tribunal determinó que los bienes reclamados son producto del delito, ya que fueron adquiridos en forma concomitante con las actividades ilegales de la cooperativa de la cual Boschetti era presidente, y que este no poseía otras fuentes de ingresos que justificaran tales adquisiciones. Así se ordenó el decomiso anticipado de una suma de $500.000 secuestrada en un allanamiento, 500 cuotas sociales en "Sueños Correntinos S.R.L.", un vehículo BMW X6 (embargado previamente por ser producto del delito) y un departamento cuya transferencia a un tercero fue considerada una maniobra de simulación mediante testaferro. Se excluyó del decomiso un automóvil Volkswagen Fox, al considerarse que su titular registral actual es una tercera adquirente de buena fe.

La Sala IV hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la querella de la AFIP y anular la resolución que había rechazado el decomiso sin condena ante el fallecimiento de Néstor Marcelo Ramos. El tribunal ordenó el reenvío de las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los lineamientos expuestos, subrayando la función reparatoria del decomiso para recuperar activos de origen ilícito vinculados a la corrupción y al crimen organizado transnacional. Asimismo, se tuvo por desistido el recurso de la Unidad de Información Financiera.

Se investigó el delito de lavado de activos (art. 303, incs. 1 y 2 "a" del Código Penal), donde se procesó al imputado como coautor de maniobras vinculadas a sociedades vehículos para ocultar ganancias ilícitas. El conflicto jurídico escaló a Casación tras el rechazo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 a una solicitud de decomiso anticipado.

La controversia se centró en el decomiso sin condena de fondos depositados en cuentas bancarias en Suiza (PKB Privatbank SA), bajo la normativa vigente de los arts. 23 y 305 del Código Penal, incorporados por la ley 26.638. La petición de decomiso se originó por la extinción de la acción penal ante el fallecimiento de Néstor Marcelo Ramos, alegando que los bienes en cuestión son el producto y provecho del delito de lavado, al formar parte de un esquema de sociedades pantalla (como Bridle Investment LTD) utilizado para la circulación de activos espurios en el exterior.

Los fundamentos de la alzada para descalificar la resolución previa se basaron en la existencia de una "manifiesta contradicción interna" y arbitrariedad. Los jueces señalaron que el tribunal a quo vació de contenido el art. 305 del CP al exigir una "certeza apodíctica" derivada de un juicio oral que, por definición legal, no puede realizarse debido al fallecimiento del imputado. Se estableció que para el decomiso in rem no es necesaria la minuciosidad de una condena penal, sino una comprobación genérica de la actividad delictiva previa a través de indicios que permitan excluir otros orígenes lícitos.

La Sala II rechazó los recursos de casación interpuestos por los herederos y confirmar la resolución que disponía el decomiso definitivo y anticipado de los bienes, con costas ante el fallecimiento del imputado Lorenzo Heffner. La sentencia subrayó que no se vulneraron garantías constitucionales, ya que los afectados mantienen a salvo su derecho de discutir la propiedad o licitud de los bienes a través de una acción civil o administrativa de restitución posterior, conforme lo prevé la propia norma de fondo.

En el proceso intervinieron previamente el Juzgado Federal de Resistencia y la Cámara Federal de Apelaciones de la misma ciudad, con la participación del Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación se centró en los delitos de lavado de activos y maniobras complejas de corrupción, consistentes en el desvío de fondos públicos destinados a viviendas hacia el patrimonio personal del entonces imputado Lorenzo Heffner entre 2011 y 2018.

El decisorio tuvo sustento en los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, junto con disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación (arts. 456, 457 y ccs.). Los fundamentos del fallo radican en que el art. 305 del CP permite el decomiso definitivo sin condena cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no puede ser enjuiciado. El Tribunal consideró que el procesamiento firme previo de Heffner y el análisis pormenorizado de su evolución patrimonial brindaron la certeza suficiente sobre el origen ilícito de los activos, destacando la función reparadora del decomiso frente al daño social causado.

Respecto al decomiso sin condena, se detalló que los bienes muebles, inmuebles y dinero secuestrados revisten la calidad de instrumento, producto o efecto relacionado con las maniobras de corrupción y lavado. La procedencia de esta medida se justificó específicamente por el fallecimiento del imputado Lorenzo Heffner, supuesto previsto legalmente para avanzar con la recuperación de activos a pesar de la extinción de la acción penal por muerte.

El Tribunal confirmó el decomiso definitivo y anticipado de diversos inmuebles, incluyendo parcelas en Fernández Oro y vehículos de alta gama, los cuales fueron identificados como el resultado directo de las maniobras de blanqueo, y que se fundó en el fallecimiento de Héctor Rubén López en agosto de 2020. Estos activos serán destinados a financiar a la Unidad de Información Financiera (UIF), conforme lo establece la Ley 25.246. El fallo subraya que no es necesaria la adquisición efectiva de apariencia lícita, sino que basta con la existencia de un peligro concreto derivado de la puesta en circulación de los bienes de origen espurio.

En este caso se investiga el delito de lavado de activos (Art. 303, inciso 1° del Código Penal, según Ley 26.683), y que tuvo como hecho ilícito precedente una administración fraudulenta en perjuicio del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta y su respectiva Obra Social en Río Negro y Neuquén. La normativa aplicada incluyó los artículos 23, 26, 29, 45, 46 y 305 del Código Penal, centrando el análisis en la puesta en circulación de bienes para darles apariencia de licitud.

Los fundamentos del fallo determinaron la existencia de un flujo de dinero millonario de origen espurio, canalizado a través de sociedades como JLK SRL, Ohana SA y KAV Servicios SRL, además de la inversión en bienes muebles e inmuebles suntuosos que no coincidían con el perfil fiscal de los imputados. El decisorio resolvió condenar a Juan Domingo Lescano a tres años y seis meses de prisión como autor, y a Silvia Viviana Weisser y Gustavo Daniel Buceta a tres años de prisión en suspenso como partícipes necesarios, imponiendo además multas equivalentes al doble del monto de las operaciones. Asimismo, se dispuso la cancelación de la personería jurídica de las sociedades involucradas por haber sido creadas para la comisión de estos delitos.

Respecto del decomiso sin condena, la sentencia se apoya en el artículo 305 del Código Penal, que permite confiscar de modo definitivo los bienes que sean producto o provecho del delito sin necesidad de una condena penal previa, siempre que se compruebe la ilicitud de su origen. Este instituto resulta aplicable cuando el imputado no puede ser enjuiciado por motivos como el fallecimiento, la fuga o la prescripción. En este caso particular, se destaca la situación de Héctor Rubén López, actor principal de las maniobras, quien fue excluido del proceso debido a su fallecimiento en agosto de 2020, lo que validó el mantenimiento del decomiso de los activos vinculados a su figura, como el predio "La Ponderosa".

El Juzgado ordenó trabar embargo preventivo sobre numerosos inmuebles, vehículos y participaciones societarias de los imputados; el bloqueo de productos bancarios por el plazo de 90 días; y el decomiso definitivo y anticipado de dos parcelas de terreno en Fernández Oro, que encontró fundamento en el artículo 305 del Código Penal, que habilita el decomiso definitivo ante la imposibilidad de enjuiciamiento, destacándose en este caso particular el fallecimiento de quien fuera el principal investigado, Héctor Rubén López. Respecto a esta última medida, se ordenó el allanamiento y desalojo de los predios para otorgar la posesión definitiva a la Gendarmería Nacional.

La investigación se centró en el delito de lavado de activos (art. 303, inc. 2.a del Código Penal), derivado de maniobras de administración fraudulenta que habrían damnificado al Sindicato y la Obra Social de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén. Las dependencias intervinientes incluyeron al Ministerio Público Fiscal, asistido por la PROCELAC y la PEDEN, y a la Gendarmería Nacional Argentina para la ejecución de las medidas.

La normativa vigente aplicada comprende los artículos 23, 303 y 305 del Código Penal y el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, en armonía con las Resoluciones PGN 129/09 y 134/09 sobre recuperación de activos. Los fundamentos del fallo radican en la necesidad de implementar estrategias eficaces de recupero de activos para impedir que el delito rinda beneficios. El magistrado acreditó la verosimilitud del derecho por la existencia de procesamientos confirmados y el peligro en la demora ante la actitud de los imputados de desprenderse de bienes durante el proceso.

Sobre el decomiso sin condena, la resolución detalla que los bienes afectados (Parcelas 04 y 05, establecimiento “La Ponderosa”) constituyen el producto y provecho del delito. De este modo, se busca evitar que se consolide un enriquecimiento sin causa lícita, independientemente del dictado de una sentencia condenatoria personal.

La Cámara confirmó el decomiso definitivo sin condena de los bienes tras el fallecimiento del imputado Lorenzo Heffner, pero modificó su destino final: ordenó que la totalidad de los activos se pongan a disposición de una cuenta especial del Tesoro Nacional, destinando un 30% para el financiamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el 70% restante para financiar obras de infraestructura y viviendas en la Provincia del Chaco. Finalmente, aclaró que los herederos mantienen el derecho de ejercer acciones civiles o administrativas posteriores para demostrar la licitud de los bienes, garantizando así el control judicial sobre la propiedad.

La investigación se centró en delitos de lavado de activos (art. 303 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 CP) y asociación ilícita (art. 210 CP), originados por el desvío de fondos públicos de la Municipalidad de Villa Río Bermejito destinados a viviendas sociales.

El Tribunal analizó la procedencia del decomiso definitivo sin condena sobre bienes considerados instrumentos, productos o efectos de las maniobras de corrupción y lavado investigadas. Esta medida se dispuso específicamente debido al fallecimiento del imputado Lorenzo Heffner, quien al momento de su deceso contaba con un procesamiento firme. Los activos afectados incluyeron dinero secuestrado y bienes muebles e inmuebles adquiridos entre 2011 y 2018, periodo en el que se detectó una evolución patrimonial injustificada y retiros personales de fondos municipales por sumas millonarias.

Los fundamentos del fallo se basaron en los artículos 23 y 305 del Código Penal, los cuales permiten el decomiso sin necesidad de condena previa cuando se acredita la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no puede ser enjuiciado por muerte, fuga, prescripción, o si reconoce la ilicitud. El Tribunal subrayó que el decomiso en casos de corrupción posee una función reparadora del daño social, buscando restablecer el equilibrio perdido y recuperar para la comunidad los activos desviados, especialmente en beneficio de sectores vulnerables que se vieron privados de infraestructura básica.

La Sala II resolvió confirmar el decomiso definitivo, sin condena y con fines sociales reparatorios de las sumas secuestradas. De acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, los fondos fueron destinados a la Facultad de Medicina de la UBA y a la Cooperadora del Hospital Muñiz para la adquisición de insumos y equipamiento necesarios para enfrentar la pandemia de COVID-19. Con esta resolución, se rechazó el recurso de apelación de la defensa que alegaba la irretroactividad de la ley penal.

El proceso se originó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora y contó con la intervención de la Fiscalía Federal y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la PGN.

Los delitos investigados versaron sobre encubrimiento y lavado de activos, a raíz del intento de sacar del país, sin declaración aduanera, la suma de U$S 505.000 en el Aeropuerto de Ezeiza en el año 2008.

La normativa vigente aplicada comprende los artículos 23, 277, 278 y 305 del Código Penal, junto con las leyes 25.246 y 26.683, y los artículos 1947 y 236 inc. d del Código Civil y Comercial de la Nación. El tribunal fundamentó su decisión en que el decomiso sin condena es una medida autónoma e independiente de la acción penal, con un carácter de acción real destinado a corregir la perturbación al ordenamiento jurídico. Se consideró que los bienes carecían de dueño conocido o justificación lícita, permitiendo al Estado disponer de ellos para una finalidad social.

Respecto al decomiso, el tribunal determinó que el dinero constituye el producto del delito, basándose en indicios como la falta de bancarización, la inactividad de la empresa Aerosur para reclamar los fondos y reportes de operaciones sospechosas. La medida se dispuso específicamente por la prescripción de la acción penal, lo cual imposibilitaba avanzar hacia una sentencia condenatoria pero no impedía el recupero de activos de origen ilícito.

En este fallo, se resolvió no hacer lugar a la inconstitucionalidad planteada, ratificando que el decomiso sin condena es procedente cuando se comprueba la ilicitud del origen de los bienes y el imputado no puede ser enjuiciado por fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de extinción de la acción penal, o bien cuando este reconoce la procedencia o uso ilícito de los activos. Por tratarse de una cuestión novedosa, se eximió a la parte vencida del pago de costas.

La investigación versa sobre presuntas operaciones de lavado de activos. El análisis jurídico se centró en la validez del decomiso definitivo sin condena penal, cuestionado por la defensa bajo el argumento de que afectaba derechos constitucionales como la propiedad y el debido proceso.

La normativa vigente aplicada es el artículo 305, segundo párrafo, del Código Penal (incorporado por la Ley 26.683), en consonancia con compromisos internacionales asumidos por Argentina ante el GAFI y las convenciones de Viena, Palermo y las Naciones Unidas contra la Corrupción. El fundamento principal radica en que el decomiso ha evolucionado de ser una pena accesoria a una herramienta autónoma y "híbrida" de política criminal, destinada a neutralizar tanto los instrumentos (bienes usados para cometer el delito) como el producto, provecho o efectos (ganancias directas o indirectas) del ilícito.

El tribunal sostuvo que el derecho a la propiedad (art. 17 CN) no es absoluto y solo protege bienes adquiridos de forma lícita; por tanto, los activos de origen espurio no son dignos de reconocimiento jurídico y su titularidad se considera viciada desde el inicio. Bajo esta premisa, el decomiso sin condena no se considera una "confiscación" prohibida por la Constitución, sino una medida declarativa que impide que el delito rinda beneficios económicos, resguardando la razón de justicia.