Mediante resolución del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación se impuso a dos magistrados una sanción disciplinaria. Asimismo, se los instó a que den cabal y pronto cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 1° de la ley 27.499 a los efectos de procurar la debida actualización en materia de perspectiva de género. Para así decidir, el Consejo consideró que habían incurrido en una conducta que colisiona con las normas de decoro y el estándar de ‘conducta irreprochable’ que la Constitución y las leyes imponen a los magistrados. En este sentido, se comprobó la existencia de una concatenación de calificaciones agraviantes, de comparaciones impertinentes y persecutorias, todas ellas vinculadas a justificar su extralimitación e intento de imponer sus posiciones ideológicas por sobre la normativa imperante en una causa judicial en la cual se juzgaba el abuso sexual agravado en perjuicio de quien al cursar el quinto mes de embarazo generado como consecuencia del hecho delictivo decidió interrumpirlo. Recurrida la sanción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por unanimidad no hizo lugar a los recursos deducidos por los jueces. Teniendo en cuenta las particularidades que presentaba la controversia, en la que se juzgaba un abuso sexual infantil en virtud del cual la víctima quedó embarazada y luego interrumpió el embarazo, la CSJN consideró que no resultaba arbitraria la conclusión del Consejo de la Magistratura relativa a que la inclusión de una imágenes sensibles en la sentencia, constituyó un acto "cruel" y "revictimizante" y que configura una flagrante infracción a las normas de decoro de la función judicial. Más allá de que la fotografía constituya uno de los numerosos elementos de prueba valorados en el juicio, su inserción en la sentencia, que naturalmente tiene como una de sus destinatarias a la víctima del ilícito juzgado, era innecesaria para la decisión del caso o para fundar la opinión jurídica que expresaron los magistrados en el apartado titulado "Excursus".

Se ha suscitado contienda negativa de competencia entre el Juzgado de Garantías y un Juzgado en lo Correccional, en una causa instruida con motivo de la denuncia formulada por una mujer respecto de su pareja, en un marco de violencia de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), remitiéndose a lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, declaró que debía entender en las actuaciones el Juzgado de Garantías. Se desprende del Dictamen al que se hace referencia que "…la elección del tribunal al que corresponde juzgar los hechos objeto de esta contienda debe hacerse de acuerdo a lo conveniente para una más eficaz investigación, mayor economía procesal, mejor defensa del imputado y en especial, si se trata, como en el caso, de conflictos de violencia de género, garantizar un adecuado acceso a la justicia por parte de la víctima".

La defensa oficial de una mujer condenada por el delito de homicidio interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) frente al rechazo de sus apelaciones en las instancias provinciales. El Tribunal dejó sin efecto la sentencia apelada y dispuso que se dicte un nuevo pronunciamiento, en remisión al dictamen del Procurador General de la Nación interino, quien entendió que al examinar la alegación de legítima defensa y descartar la agresión ilegítima la Suprema Corte provincial había incurrido en graves defectos de fundamentación que resultaban aptos para descalificar la condena. Tuvo en cuenta la discapacidad y la condición socioeconómica desfavorable que colocaban a la acusada en una situación de vulnerabilidad a la violencia y el planteo de la defensa, referido a que había disparado a quien era su empleador para defender su integridad sexual. Se consideró que "el tribunal de casación al desatender esos aspectos relevantes, que habían sido sometidos a su consideración, no sólo incurrió en arbitrariedad sino que incumplió al mismo tiempo el estándar de revisión amplia y exhaustiva del fallo condenatorio establecido por V.E. in re "Casal" (Fallos: 328:3399), con grave menoscabo de las normas federales involucradas en razón de las circunstancias reseñadas del caso particular (Convención Belém do Pará, su ley reglamentaria nº 26.485 y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)".

La representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso extraordinario ante la confirmación en sucesivas instancias del sobreseimiento del imputado en orden al delito de abuso sexual agravado cometido por un ascendiente contra una menor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada. En remisión a los fundamentos y conclusiones expresados por el señor Procurador General de la Nación interino, se entendió que en la sentencia apelada se omitió considerar elementos conducentes para la solución del litigio con afirmaciones dogmáticas que daban fundamento aparentes, con menoscabo de derechos de raigambre constitucional. Se tuvo en cuenta que al examinar las explicaciones dadas por la madre de la niña al solicitar el archivo de la denuncia no se debió soslayar el contexto de violencia de género en el que estaba inmersa, que el informe social concluyó que existía sospecha de abuso sexual y maltrato infantil, que el grupo familiar era disfuncional y que la madre dependía económicamente del imputado. Se expresó además, que los elementos obrantes constituían motivos suficientes para remitir la causa a juicio. Se resaltó que el dictado del sobreseimiento en la etapa de instrucción reviste carácter excepcional, lo cual adquiere mayor entidad si la conducta imputada configura violencia contra la mujer y la víctima también está amparada por la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Superior Tribunal provincial rechazó el recurso de la defensa de quien había sido condenada a la pena de prisión perpetua como coautora del delito de homicidio calificado por el vínculo. Recurrida la sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la dejó sin efecto al considerar que su fundamentación era aparente. Señaló que de acuerdo a su precedente "Casal" (Fallos: 328:3399), el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior requiere garantizar una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio, de conformidad con los agravios del impugnante presentados en tiempo, forma y modo. Consideró que el tribunal había convalidado la condena limitándose a reiterar los fundamentos del fallo apelado pero sin abordar los planteos de la recurrente que cuestionaban que se hubiera demostrado la existencia de un acuerdo intencional para cometer el homicidio, que la acusada supiera de los golpes que había sufrido la víctima, así como también que se había ignorado su "historia de vulnerabilidad" en el análisis de los hechos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) compartió los fundamentos de la Procuradora General de la Nación entendiendo que la investigación por hechos de agresiones ocurrida en diferentes jurisdicciones en el marco de una relación de pareja finalizada, conforman un mismo conflicto de violencia de género, por lo que esos actos deben ser investigados y juzgados en forma conjunta en aras de procurar una respuesta judicial efectiva.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se expidió sobre el carácter discriminatorio de una decisión judicial que negó a una mujer madre de un hijo menor de edad la prisión domiciliaria. En este sentido, se revocó la sentencia que no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario de una mujer madre de un niño. Se entendió que la decisión de denegar el arresto domiciliario estuvo basada en un entendimiento contrario al principio constitucional que proscribe todo trato discriminatorio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se expidió en relación a la necesidad de investigar, previo al rechazo de competencia, en un presunto caso de trata de personas. En este sentido, el Superior Tribunal se remitió al dictamen de la Procuración General entendiendo que, ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata de personas, la justicia Federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito.

Corte Europea de Derechos Humanos - “Z v. República Checa". Demanda número 37782/21.

Comité CEDAW. “Carbajal Cepeda y otras vs. Perú”. CEDAW/C//89/D/170/2021