Este informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se enfoca en actos de violencia contra las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal femenino y masculino en América. En relación con los actos de violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT), la CIDH destaca que éstos suelen demostrar altos niveles de ensañamiento y crueldad.
La Comisión se enfoca en la violencia contra las personas LGBT como una violencia social contextualizada en la que la motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y multifacético, y no sólo como un acto individual. En ese sentido, la CIDH entiende que los actos de violencia contra las personas LGBT, comúnmente conocidos como “crímenes de odio”, actos homofóbicos o transfóbicos, se comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio contra las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas.
Este documento destaca las obligaciones de los Estados frente a la violencia y acceso a la justicia y ofrece una serie de recomendaciones con el objetivo de garantizar el derecho de las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales, a una vida libre de violencias. Si bien la orientación sexual y la identidad de género no están expresamente incluidas en la Convención de Belém do Pará, la CIDH considera que la Convención Belém do Pará es un “instrumento vivo” y que, al referirse a la obligación del Estado de tener especialmente en cuenta factores de vulnerabilidad, estos necesariamente incluyen la orientación sexual y la identidad de género.

Este documento, elaborado por el Comité de Expertas/os (CEVI) fue retomado de la declaración de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres del 22 de octubre de 2008 (OEA/Ser.L/II.2.34) y actualizado en base a la información disponible del MESECVI hasta agosto de 2015.
Su valor radica en el reconocimiento del grave problema del femicidio en América Latina y el Caribe y por expresar su preocupación por el creciente número de asesinatos de mujeres en la región. La declaración sobre feminicidio señala este fenómeno criminal como la manifestación más grave de discriminación y violencia contra las mujeres y elabora una definición amplia del término “femicidio/feminicidio”. Asimismo, cuenta con una serie de recomendaciones a los Estados Parte y a los medios de comunicación.

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política fue adoptada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), en el marco de su Decimotercera Reunión, celebrada en México en octubre de 2016. Esta propuesta de Ley está pensada tanto para aquellos Estados que se planteen tipificar la muerte violenta de mujeres, si así no lo han hecho hasta el presente, como para aquellos que, ya teniéndola tipificada, no han obtenido los resultados esperados en materia de acceso a la justicia.
El documento ofrece una comprensión detallada y amplia del fenómeno del femicidio en sí mismo y de los factores que subyacen en las muertes violentas de mujeres por razones de género, que se dan en distintos contextos, frecuentemente invisibilizadas en los datos generales de homicidios. A tal fin, el documento presenta un concepto amplio de “femicidio/feminicidio” que individualiza los principales elementos típicos que debería tener la legislación de cada país para cumplir con las exigencias que surgen de los mandatos internacionales, introduciendo circunstancias de hecho objetivas que permitan presumir la existencia de razones de género en la muerte violenta de las mujeres. Asimismo, incluye otras cuestiones legales importantes como la prohibición de condiciones atenuantes de la responsabilidad, la descripción de las agravantes, las penas accesorias, entre otros.
La Ley Modelo busca que los principios, contenidos y objetivos de la Convención de Belém do Pará puedan incorporarse en las legislaciones nacionales, adaptándolos a las necesidades de cada Estado, cualquiera sea su tradición jurídica. Así, establece disposiciones específicas para dar cumplimiento al deber de diligencia estricta de los Estados, dotando de mayor eficacia a la prevención, investigación y sanción del femicidio/feminicidio, así como para lograr el efectivo acceso a la justicia de las víctimas, sobrevivientes y familiares, tanto en la protección frente a la violencia femicida como en la reparación de los daños.