Contexto histórico de Uruguay

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Nos abocaremos ahora a realizar un análisis de la intervención de la República Oriental del Uruguay en Cóndor. Para ello analizaremos las características generales del golpe de Estado y consolidación de la dictadura uruguaya, su estructura represiva y la persecución a los exiliados, especialmente en Argentina.

Contexto anterior al golpe: el “camino democrático hacia la dictadura”

 Durante su declaración, el experto Álvaro Rico señaló que a partir de 1967 se produjo un proceso de “brutalización” de la política uruguaya, con el desarrollo de prácticas autoritarias de poder, en las que permanentemente se invocaba un estado de necesidad para defender la soberanía interna. En este sentido, el golpe de Estado no fue un quiebre. Fue el último acto de un largo proceso de consolidación de un gobierno “de crisis” o “bajo decreto”.          

Rico definió este recorrido como un “camino democrático hacia la dictadura”. Progresivamente se desarrollaron prácticas autoritarias: la represión y las violaciones a las garantías eran justificadas con invocaciones a la democracia y a la constitución.

La historiografía uruguaya toma como fecha fundacional de la dictadura la clausura de las cámaras de representantes el 27 de junio de 1973 por parte del presidente Bordaberry, que había sido elegido constitucionalmente.

Al menos hasta 1981, cuando asumió el poder Gregorio Álvarez, la dictadura uruguaya no fue un caso de ejercicio del poder directo por parte de los militares.

Para explicar la producción del golpe de Estado, se analiza el surgimiento del actor militar en la política, en una trayectoria cuyos puntos principales son: primero, el llamamiento a los militares a intervenir en operaciones contra la guerrilla desde septiembre de 1971; segundo, la declaración del estado de guerra interno en abril de 1972; tercero, la sanción, en julio de 1972, de la ley de Seguridad del Estado y el Orden Interno, que, entre otras cosas, suprimió artículos del código penal ordinario y trasladó esas figuras al fuero militar; cuarto, el alzamiento militar de principios de 1973, el consecuente pacto de Boiso Lanza, también llamado “acuerdo nacional” y la subsiguiente creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), ámbito desde el cual las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer poder a través de la toma de decisiones políticas; el último acto que clausuró este lento proceso de golpe de Estado fue el pedido, por parte de los militares, de desafuero del senador frenteamplista Enrique Erro, quien fue acusado de tener vínculos con los Tupamaros; seguido por el rechazo de la cámara de senadores de esta solicitud castrense y la disolución de ambas cámaras el 27 de junio de 1973.

Ahora bien, la dictadura uruguaya estuvo atravesada por tres etapas. La primera de ellas, llamada etapa comisarial, puede enmarcarse entre 1973 y 1976. Se trata de un período meramente represivo, de consolidación de la hegemonía del bloque de poder y de búsqueda de disciplinamiento absoluto de la sociedad. Con el correr del tiempo, comenzó a aparecer la idea de una dictadura de largo plazo que reorganizara las relaciones políticas y sociales.

La segunda etapa, denominada como la etapa de ensayo fundacional, transcurrió entre 1976 y 1980, y se inició con la destitución de Bordaberry en junio de 1976 por parte de los militares y, tras el breve interinato de Alberto Demicheli, la asunción del poder de Aparicio Méndez. En este período el poder se ejerció a través de lo que llamaban “Actos Institucionales” y el objetivo del régimen pasó a ser la fundación de un nuevo orden, que caracterizaban como una democracia tutelada. Fue en este período en el que se concentró el mayor índice de actividades represivas.

Finalmente, la etapa transicional, cuyo comienzo se ubica en 1980, luego de que fracasar el intento de legitimación del régimen a través de un plebiscito. En esta etapa se produjo una apertura pautada hasta llegar a elecciones, con proscripciones, en 1984.

 El dispositivo represivo en Uruguay

Veremos ahora cómo fue la evolución del dispositivo represivo en Uruguay.

No debe perderse de vista que la finalidad de lo que sigue es reconstruir y analizar aquella parte de la estructura que se relaciona con el objetivo de este juicio: esto es, la vinculada con la coordinación represiva, y especialmente, con el imputado Manuel Cordero.

A esos fines, corresponde precisar que tomamos como fuente primordial la información del tercer tomo de la Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973-1985), incorporado al debate.

De la lectura de este informe se sigue que hubo una primera fase represiva, que duró hasta 1972, orientada principalmente a la desestructuración del MLN-T Tupamaros, aunque también fueron objeto de persecución otras organizaciones de acción directa. El punto cúlmine de esa etapa es la detención del principal dirigente de los Tupamaros, Raúl Sendic. En este período la represión fue casi exclusivamente policial y luego, pasaron a intervenir también las Fuerzas Armadas, las cuales pusieron la totalidad de su estructura a disposición de la también en Uruguay llamada, “lucha contra la subversión”.

Luego, si bien el golpe de Estado no implicó en lo inmediato una restructuración del aparato represivo, sí se incrementaron sus actividades respecto del período 1972-1974. Al respecto, en sus memorias, Nino Gavazzo afirmó que:

"La ruptura institucional fue un acto político que a nuestro nivel para nada afectó ni varió la conducción y ejecución de actividades operacionales contra la guerrilla.

La misma siguió actuando de igual manera en que lo venía desarrollando hasta ese momento y nosotros la seguimos combatiendo de la misma forma en que lo veníamos haciendo".

Es a partir de 1974, con la nueva Ley Orgánica Militar, que comenzaron a introducirse cambios en la estructura represiva.

Así, por ejemplo, se especializaron algunos organismos en el interior de las fuerzas armadas, fundamentalmente los dedicados al área de inteligencia, y sin que se produjera un deslindamiento total de la represión, sí se normalizaron las actividades del resto de la estructura militar.

Gavazzo, que por entonces era segundo jefe del Grupo de Artillería 1 de Montevideo escribió sobre esto que:

"Concomitantemente con mi alejamiento de la División del Ejército, se estructuró en la misma una forma de combate diferente, el enemigo estaba en apariencia lo suficientemente neutralizado como para no tener muchas unidades en el frente cuando la misma misión se podía cumplir economizando fuerzas".

Y explicó que entonces pasó a comandar las “operaciones militares contra el enemigo” la primera División del Ejército, a través de la OCOA, apoyada por efectivos de esa unidad. Agregó luego que:

“Esto trajo como consecuencia que mi viejo Grupo de Artillería 1, apenas me alejé de él, quedara desafectado de la guerra y pasara a volver sus esfuerzos en sus misiones como unidad de Artillería y en el mantenimiento de la Unidad, que buena falta le hacía".

Sin embargo, esta aparente normalización no duró mucho, porque tal como afirmó Gavazzo, a fines de 1975, cuando se perfiló una nueva escalada represiva, de inmediato se recurrió a la unidad de artillería, en coordinación con OCOA para concentrar desde allí las operaciones. Esta estructura represiva modificada fue la que actuó a continuación, y de manera sistemática, en las oleadas represivas contra las organizaciones políticas uruguayas.

Es así que, desde octubre de 1975, se inició una nueva fase represiva en Uruguay, que comenzó con la llamada “Operación Morgan”. Según caracterizó Álvaro Rico, se trató de una etapa más especializada, profesionalizada y generalizada, en la que las fuerzas actuaron coordinadamente, con el objetivo de atacar las estructuras de las organizaciones políticas. Una de las características de este período es que se extendió el uso de los centros clandestinos de detención. Tal como precisó Álvaro Rico, otra característica es que los organismos represivos valoraron la destrucción de los recursos económicos de las organizaciones como medio para evitar que siguieran funcionando, y al mismo tiempo, para disponer de capitales para sostener la lógica represiva. Esto tuvo su correlato inicialmente en el ataque al aparato de finanzas del Partido Comunista y luego en la búsqueda y obtención del dinero que tenía en su poder en Argentina el PVP.

Señores jueces: Teniendo en mente lo dicho hasta aquí, vamos a ver ahora la evolución y característica de los organismos uruguayos afectados a la represión que tomaron parte en la coordinación represiva regional.

Servicio de Información de Defensa, dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe

El primero que vamos a analizar es el Servicio de Información de Defensa, dependiente de la Junta de Comandantes en Jefe.

Al respecto, sabemos que en febrero de 1965, por medio del decreto 68/65, éste se constituyó como organismo encargado de centralizar la producción de información e inteligencia en el interior de las Fuerzas Armadas, con la función de asesorar al Ministro de Defensa Nacional en asuntos de información y contra-información, para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional. Sin embargo, a partir de junio 1971 el SID quedó bajo entera jurisdicción militar. A su cargo estaba un oficial del Ejército con grado de coronel. Según explicó Álvaro Rico, entre 1969 y 1973 esta jefatura fue ejercida por el coronel Ramón Trabal. Rico agregó que en 1973 Trabal fue separado del cargo y enviado a París, donde fue asesinado en 1974. Luego de la salida de Trabal y tras algunos cambios de nombres, en marzo de 1975 el cargo fue ocupado por Amaurí Prantl.

La sub-jefatura del SID era tripartita: había un miembro del Ejército, uno de la aviación y uno de la marina.

La planta estaba compuesto por miembros de la Armada, Fuerza Aérea y Prefectura General Marítima. Los miembros de las armas trabajaban de manera integrada.

A partir de lo que surge del Informe, podemos afirmar que el SID tenía tres funciones: desarrollar tareas de contrainteligencia dentro de las FFAA, servir de nexo con servicios de inteligencia de otros países y coordinar con la Policía en todo lo relacionado con actividades catalogadas de "terroristas".          Además, tenía carácter operativo, tal como declaró el Comando General del Ejército en su informe al Presidente de la República del 8 de agosto de 2005.

En cuanto a su estructura, a partir de 1971 el organigrama del SID estaba compuesto por seis departamentos: interior, exterior, planes-operaciones-enlace, apoyo, apoyo técnico, operaciones especiales. Veamos con detenimiento qué hacían algunos de ellos:

  • El Departamento 1, Interior, según explicó Álvaro Rico, cumplía funciones de archivo. Coincidentemente, Barboza Pla, dijo que se encargaba de recopilar informaciones de antecedentes de ciudadanos a nivel nacional;
  • El Departamento 2, Exterior, de acuerdo a la declaración de Barboza Pla recibía material publicado en distintas partes del mundo, pedía información a agregados en el exterior y recopilaba toda información sobre conductas que podían ser contrarias al régimen. Álvaro Rico, agregó que este departamento actuaba en el Ministerio de Relaciones exteriores y que era el sector que procesaba las respuestas que otros Estados hacían en relación con uruguayos detenidos o desaparecidos, y organizaba las respuestas que la Cancillería emitía en representación del gobierno. En esta sección también se centralizaban la correspondencia e informes, se efectuaban análisis de inteligencia y contrainteligencia de las informaciones que provenían del exterior, así como también de las campañas de propaganda;
  • El Departamento 4, de Apoyo, según Barboza Pla, era un departamento administrativo interno, se ocupaba de recursos humanos;
  • El Departamento 5, de Apoyo Técnico, también según Barboza Pla, era el encargado de proveer equipos de radio, automóviles y otros insumos que se requerían para la represión.
  • El Departamento 6, era de Operaciones Especiales, y figura en la Investigación sobre la dictadura y fue mencionado también por Álvaro Rico. Sin embargo, como no fue mencionado por Barboza Pla, es posible que estuviera vigente en el organigrama de 1971 que figura en el Informe sobre la dictadura, pero que hubiera dejado de existir para marzo de 1976, cuando Barboza Pla ingresó al SID.
  • Dejamos para el final al Departamento 3, llamado Planes, Operaciones y Enlace, para poder detenernos un poco más en él, dado que el personal que prestó funciones allí es el que estuvo a la cabeza de la coordinación represiva con los organismos de nuestro país en una buena parte de los hechos que son objeto de este juicio, y porque es en su ámbito que se desempeñó el acusado Manuel Cordero Piacentini.

Este departamento era el más operativo del SID y tuvo a cargo las operaciones en Argentina durante el período 1976-1977. Su jefe era el Teniente Coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti (que sucedió a Octavio González), el segundo era José Nino Gavazzo, y el tercero en jerarquía era Manuel Cordero Piacentini. Esta información surge claramente del legajo personal de Cordero Piacentini que está incorporado a la causa; en particular de los informes de calificación correspondientes a los períodos 75/76 y 76/77 Documento 1; y también de las declaraciones del testigo Julio César Barboza Pla, que se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia durante el año 1976.

Álvaro Rico, por su parte, señaló que Rodríguez Buratti fue jefe del SID desde 1975, y que su mandato coincidió con el de Prantl, hasta agosto de 1977, en que asumió Gavazzo, que era quien de hecho ejercía como jefe cuando el titular no podía hacerlo.

En cuanto a las actividades que desarrollaba este departamento en una presentación de 1985 que se encuentra reproducida en el tomo I del Informe sobre desaparecidos, Barboza Pla mencionó: la emisión de pedidos de búsqueda, la realización de trámites en relación con las requisitorias de personas, la realización de escuchas telefónicas e interceptación de correos, y operativos contra personas, entre los que enumeró: seguimientos, secuestros y mantenimiento en cautiverio de detenidos. Como puede advertirse, Barboza Pla no menciona otras actividades que sí resaltaron los testigos: nos referimos a los interrogatorios bajo la tortura. Asimismo, como en seguida veremos, otra de las actividades que desempeñaba el D3 del SID era la coordinación con organismos represivos de otros países.

En cuanto a la dependencia orgánica del SID, en 1974 se dictó una ley orgánica militar en Uruguay, a partir de la cual ese organismo pasó a depender de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esto significa que las Fuerzas Armadas asumieron el control directo del servicio de inteligencia, que dejó de reportar al Ministerio de Defensa. Según explicó Álvaro Rico, a raíz de esto se superpusieron la inteligencia del Estado y la estructura de mando de las Fuerzas Armadas.        De manera coincidente, Gavazzo señaló en su libro que para esa fecha se produjo una reorganización en el SID, y que en este contexto él fue convocado desde un puesto de mayor jerarquía para volver a cumplir funciones en el organismo.

En cuanto a la organización interna, podemos mencionar que el Director del SID era nombrado por la Junta de Comandantes en Jefe y ratificado por resolución presidencial. Los tres subdirectores provenían de cada una de las armas, con el grado de Coronel y Teniente de Navío. Al frente de cada departamento se colocaba un oficial con grado de Teniente Coronel. Los oficiales, Mayores y Capitanes, así como el personal subalterno, pertenecían a las tres fuerzas y desde 1976, además, se integraron oficiales de la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia.

Los integrantes del SID que participaron en operativos contra ciudadanos uruguayos en Argentina y en Uruguay figuran listados en el Informe sobre desaparecidos de la siguiente manera:

  • SID 301, es decir, miembro del SID, Departamento 03, Número 1 en jerarquía: Teniente Coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti;
  • SID 302: Mayor José Nino Gavazzo;
  • SID 303 Teniente Manuel Cordero;
  • SID 304: Mayor Martínez;
  • SID 305: Capitán José Ricardo Arab;
  • SID 306: Capitán de Granaderos Ricardo José Medina Blanco;
  • SID 307: Capitán Gilberto Valentín Vázquez Bisio;
  • SID 308: Capitán Horacio Sasón;
  • SID 309: Teniente 1° Luis Alfredo Maurente Mata;
  • SID 310: Teniente de la Guardia de Granaderos José Felipe Sande Lima;
  • SID 311: Nelson Sánchez Díaz.

 

En relación a las relaciones del organismo, en particular del Departamento 3, declararon en Montevideo José Gavazzo y Gilberto Vázquez. Estos documentos forman parte de las causas que fueron remitidas por la justicia uruguaya, y que fueron incorporadas al debate. Vázquez, el 14 de agosto de 2006 señaló al respecto que la tarea del SID “era proveer de información para la toma de decisiones y que había enlaces “por ejemplo con Argentina, Alemania, Paraguay, Chile, Brasil, Israel, Estados Unidos […] en todos los países donde hubiera intereses”. Agregó que su enlace en Argentina era el Coronel Nieto Moreno, quien, como ya dijimos, fue Jefe de Contrainteligencia de la SIDE durante 1976 y tenía a su cargo el GT 5.    Vázquez especificó que las relaciones eran telefónicas, por teletipo y también presenciales, para entregar y recoger información

José Gavazzo, por su parte, en la misma fecha, se expresó en sentido similar al afirmar que, desde 1975, era oficial de enlace con la SIDE argentina, que viajaba llevando y trayendo información y que incluso fue recibido por la presidente María Estela Martínez de Perón. En su libro dio detalles de esta reunión. Dijo también que hasta junio de 1976 el enlace lo realizaba con la jefatura de la OT 1 y después de junio, con el jefe de la OT 18.

De acuerdo a la prueba que fue incorporada a este juicio, del SID dependieron cuatro centros de detención en Uruguay:

  • Casa de Punta Gorda, 300 Carlos R, o Infierno Chico;
  • La Mansión o La Casona (Boulevard Artigas);
  • La Casona de Millán y;
  • Base “Valparaíso”.

 

Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Comando General del Ejército.

Vamos a tratar ahora otro de los organismos militares uruguayos vinculados a la represión.

El Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas fue creado por el Comando General del Ejército, y tenía como cometido principal coordinar y centralizar la llamada “lucha antisubversiva”. El equipo que produjo la Investigación sobre la dictadura, dató el inicio de su funcionamiento “al menos en abril de 1972”.

Estos investigadores afirmaron también que a partir de su trabajo pudieron determinar que existieron diferentes OCOAS, o secciones de información e inteligencia, adscriptas a las cuatro divisiones de Ejército existentes, con jurisdicción en sus respectivas zonas. Todas ellas tenían al frente al segundo comandante de la división que tenía el grado de teniente coronel, lo que coincide con lo declarado por Jorge Silveira, ante la Fiscal Mirtha Guianze en Montevideo, el 14 de agosto de 2006.

Sobre el OCOA señaló Nino Gavazzo, en su presentación del 17 de marzo de 2006, que:

“OCOA era el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, ubicado dentro de cada uno de los comandos de divisiones de Ejército, es decir que había en el país cuatro OCOAS, correspondientes a las otras tantas divisiones de Ejército y era, como su nombre lo dice, quien coordinaba y/u ordenaba las operaciones de cada una de las unidades de combate ubicadas dentro de su jurisdicción territorial”.

En cuanto a la relación que existió entre OCOA y SID, afirmó que:

“La relación que existía entre el SID y la OCOA era de intercambio de ida y vuelta de información. No estaban dentro de la misma jerarquía. Una dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y la otra de cada división. En el Ejército existen dos canales, uno de mando y otro técnico, el cual estaba subordinado directamente al canal de mando, no estaban en la misma jerarquía, teóricamente tiene más jerarquía en el canal técnico el SID porque a él confluyen las informaciones de todas las Fuerzas Armadas, en cambio las OCOAS manejan la información que ellos obtienen o que les provee el SID”.

De los diferentes OCOAS, sabemos que el identificado con el número 1, es decir, el que dependía de la División de Ejército I, fue el más importante, y que para 1976 actuaba de forma complementaria con el SID y coordinaba con los otros organismos vinculados a la represión. Sobre esto, en la Investigación sobre la dictadura, se menciona el documento “Directivas de organización y funcionamiento del OCOA”, de julio de 1974.   Allí se especifica que el OCOA es “el organismo responsable de la conducción de las operaciones antisubversivas en la Zona de Acción de la División de Ejército I”, que tiene una unidad dependiente de ella, que es base de operaciones, y que coordina las operaciones antisubversivas de otras Fuerzas.

En esa investigación se agrega que la importancia del OCOA en el período de mayor represión, que comienza a fines de 1975, se debe a que:

“Las actividades terroristas decrecen, el Comandante de la División de Ejército I, General Esteban Cristi, dispone que las unidades de su División (Montevideo) que se encontraban empeñadas en la guerra volvieran a sus tareas normales de instrucción y entrenamiento. Para contrarrestar lo que quedaba de las células terroristas, quedaría el OCOA a cargo”.

Y por eso se dispuso que una unidad de la División fuera la base de operaciones del OCOA. Esta unidad sería rotativa.

Vemos entonces que este cambio de política represiva, sumado a la implementación de la Operación Morgan contra el Partido Comunista, y a los sucesivos operativos llevados adelante contra otras organizaciones, terminó dándole mayor injerencia y operatividad al OCOA, que se sumó y enlazó con el SID.

De acuerdo a lo que surge del Informe sobre la dictadura, el OCOA no estuvo inscripto en el organigrama estatal y carecía de medios económicos. Por lo tanto, tal como se afirma en un documento de septiembre de 1976, citado en la Investigación histórica, dependía, “en gran parte del material incautado al enemigo por el mantenimiento del servicio”.

En cuanto a su integración, estaba conformado por personal militar y policial en comisión, que actuaban como oficiales de enlace para coordinar operaciones e información. Esto se advierte claramente, por ejemplo, en el legajo personal del imputado Manuel Cordero, quien estuvo en comisión en este organismo en los años 1974 y 1975. Documento 2

En el mismo documento de septiembre de 1976 citado en la Investigación histórica, se explica que el OCOA actúa coordinando con el resto de los organismos de inteligencia: militares, navales, policiales, de la Fuerza Aérea y con la justicia militar.

De la prueba incorporada al debate, puede afirmarse que del OCOA dependieron tres centros de detención:

  • 300 Carlos, o Infierno Grande, o La Fábrica en el predio del Batallón de Infantería 13
  • “La Tablada” o “Base Roberto”
  • “Castillo de Carrasco”

 

Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia

Además del SID y el OCOA, entre los organismos represivos uruguayos, estaba la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia. A diferencia de los anteriores, era un organismo de inteligencia policial, y tenía una trayectoria mucho más larga. Su antecedente fue el “Servicio de Inteligencia y Enlace”, creado en 1947 que se transformó en Dirección en 1967.

El 28 de diciembre de 1971, por medio de un decreto del Poder Ejecutivo, se aprobó el reglamento general de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). De él se desprende que su finalidad es “prevenir y reprimir los hechos que tiendan a subvertir o destruir la organización institucional de la Nación”.

Esta dirección dependía de la jefatura de policía, que en esa época, estaba militarizada, es decir, que sus funcionarios estaban sujetos a la disciplina y al código penal militar, y a las jerarquías máximas de origen militar. Esto cambió recién en 1978, cuando pasó a la órbita del Ministerio del Interior.

Este organismo tuvo un papel destacado, primero en la represión al MLN, y más tarde al Partido Comunista uruguayo. Además, tenía responsabilidad directa en el control de los extranjeros que ingresaban al país.           

Sus objetivos específicos eran: investigación de delitos de carácter político; colaboración con servicios análogos, manteniendo enlace permanente con el Ministerio de Defensa; producción de información sobre personas, grupos u organizaciones caracterizadas como peligrosas; asesoramiento a jefes y directores de dependencias públicas sobre medidas de seguridad en sus locales; seguridad ante visita de gobernantes y representantes de otros estados; control de entrada y salida de extranjeros junto con la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía y la Dirección de migraciones; y registro y fiscalización de asilados políticos.

En su estructura interna, la Dirección contaba con nueve departamentos: administración, informaciones generales, procesamiento de la información, técnico, archivo, de guardia, operaciones especiales, contrainteligencia y agencias del interior.

Las investigaciones incorporadas al debate, demuestran que este organismo administró el CCD “Lima Zulu”, en Colón.

El Cuerpo de Fusileros Navales

Resta referirnos a otro organismo que tuvo un papel importante en la represión uruguaya.

Nos referimos al Cuerpo de Fusileros Navales.

Al respecto, corresponde mencionar que la estructura de los organismos represivos de la Armada no fue tratada en la Investigación sobre la dictadura, por lo que la fuente de la que podemos servirnos para explicar su estructura y responsabilidades es el Segundo Informe del Comando General de la Armada.

De este informe se extrae que la unidad operativa de la Armada que actuó en la represión fue el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA).

En 1970, el MLN Tupamaros tomó el Centro de Instrucciones de la Armada.

Según este informe, es a partir de este hecho que el Cuerpo de Fusileros se organizó para realizar custodia de las instalaciones navales terrestres, operaciones de seguridad, y la desarticulación del aparato guerrillero.

Su estructura estaba conformada por el comando, un estado mayor que obviamente incluía un órgano de inteligencia o S-2, y tres brigadas de Infantes. Sobre la operatoria del S-2, el informe sostiene que:

“Durante los primeros años de la década del 70, la principal fuente de información fueron los interrogatorios y el empleo de informantes.

A medida que se iban deteniendo integrantes de las diferentes organizaciones guerrilleras, principalmente MLN, estos eran interrogados, su información era procesada por analistas del S-2, quien la integraba y la comparaba con otras informaciones, la diseminaba a través del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y generaba nuevas requisitorias y operativos de detención”.

Es en este órgano de inteligencia que estaban concentradas las actividades represivas del FUSNA, que adoptó, siempre según el informe de la propia Armada, procedimientos operativos compartimentados con respecto al resto de la unidad.

El informe da cuenta de que había un “personal de línea”, así lo llamaban, que realizaba operativos y entregaba a los detenidos y la información al S2 inmediatamente concluido aquél.

En ocasiones cumplía también funciones de custodia de los prisioneros que eran alojados en el CCD conocido como “el castillo de Carrasco”.

Del informe también surge que el trato a los detenidos en ese lugar era diferenciado, ya que se organizó un sistema llamado “computadora”, mediante el cual un grupo de prisioneros era obligado a colaborar con “información, análisis de prensa, orientaciones en interrogatorios y procesamiento de información”. Es decir, sobre ellos se ejercía un tipo de trabajo esclavo.

Estos fueron entonces los principales organismos represivos que actuaron en Uruguay en la época de los hechos y que en el marco de la Operación Cóndor coordinaron sus actividades con las fuerzas represivas del resto de la región.

 Participación de los uruguayos en la coordinación represiva

Queremos dar cuenta ahora brevemente de la tendencia general de la participación uruguaya en las redes de coordinación represiva. En este sentido, se ha probado en el juicio que los organismos represivos uruguayos participaron de manera coordinada en Cóndor.

Ya hemos dado cuenta que Uruguay, a través del SID, intervino en la reunión fundacional de Cóndor en Santiago de Chile a fines de 1975. En este sentido, hemos hecho referencia a la entrevista que John Dinges realizó con José Fons, el representante uruguayo, quien confirmó la existencia de la reunión y dio detalle sobre los planes de utilizar Cóndor como un marco para intercambiar información, pero también para realizar operaciones de secuestro y traslado de detenidos.

También hemos dado cuenta de indicios de cómo circulaba la información en Uruguay respecto a los pedidos de Cóndor y de la existencia de documentos firmados por José Nino Gavazzo, miembro jerárquico del SID, como jefe de “CONDOROP”, es decir, Operación Cóndor. Esto fue reconocido por el propio Gavazzo en las declaraciones en sede judicial en Montevideo, que mencionamos anteriormente, y en su autobiografía.

Lo mismo se advierte en las declaraciones de Gilberto Vázquez en sede judicial en Montevideo del 16 de agosto de 2006, documentos en los que se refirió a los intereses de Uruguay en la formación de Cóndor. Según Vázquez, habrían sido dos las razones; la primera, el peligro que creían percibir en la existencia de la JCR, y la segunda, para quitar poder al Comisario Campos Hermida, que había establecido relaciones en Argentina y Paraguay. Vázquez expresa que Cóndor fue una “forma de poner orden en el intercambio de información”.

En el Informe sobre la dictadura se recoge también lo que afirmaron los militares procesados por la justicia uruguaya, que informan a través de su página web que: “cuando se detecta la formación de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) se formó una “mesa de intercambio de información con los países donde también se habían descubierto acciones subversivas.”

Esa mesa habría estado integrada, además del SID, con el OCOA, el Servicio de Inteligencia de la Armada (N2), el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea (S2), y la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia.

También se incorporaron en esta nueva coyuntura represiva regional, nuevas misiones de inteligencia militar que tuvieron directa relación con los operativos conjuntos contra las organizaciones políticas de la izquierda uruguaya y su secuela de detenidos en la República Argentina.

Lo anterior está vinculado con lo afirmado en otra parte del mismo informe, en cuanto que la JCR fue dinamizadora de la formalización de la Operación Cóndor. Sin embargo, allí también se señala que los Tupamaros no fueron el principal blanco de la dictadura uruguaya en el exterior, sino que el operativo más sistemático contra un grupo uruguayo en el exterior fue contra el PVP.

Esto no excluye el hecho de que también se realizaron operativos contra un amplio arco de la oposición uruguaya en el exilio, en especial, pero no exclusivamente, en nuestro país. En Argentina, las operaciones incluyeron desde ataques a líderes parlamentarios de partidos tradicionales como Michelini y Gutiérrez Ruiz, que fueron asesinados, pero también contra Enrique Erro, pasando por las ya mencionadas contra el PVP, contra los comunistas, y contra otras organizaciones menores. Si bien el grueso de las operaciones coordinadas en suelo argentino se desarrolló en 1976, los operativos de coordinación se extendieron en 1977-78.

A comienzos de 1977 se produjeron nuevos operativos contra los miembros del PVP Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, ahora en territorio paraguayo. Lo sucedido se analizará cuando abordemos las actividades de coordinación establecidas por Paraguay, pero adelantamos aquí que también participó el SID. Un integrante de este servicio viajó a Asunción para participar en los interrogatorios, junto con personal paraguayo y argentino.

La hegemonía del SID en la coordinación se vio menguada a fines de 1977, como se concluye del análisis de los operativos contra los GAU en Buenos Aires y en Uruguay. Lo que se observa allí es la participación del S2 de la Armada y del FUSNA, en coordinación con el Ejército argentino, con la ESMA y Policía Provincial argentina. El “Informe de la Armada uruguaya del 8 de agosto de 2005” detalla las actividades de coordinación, con foco en la relación con la Armada Argentina. Al respecto, enumera las siguientes actividades:

            - Viajes realizados por los jefes del S-2 a Buenos Aires

            - Viajes a Montevideo de oficiales argentinos, en el que fueron llevados detenidos pertenecientes a Montoneros

            - Presencia en FUSNA de la custodia del Comandante en Jefe de la Armada Argentina, quien concurría con frecuencia a Punta del Este.

            - Permanencia en FUSNA de vehículos matriculados en Argentina destinados a la custodia anteriormente nombrada, que posteriormente fueron donados a la unidad

            - Concurrencia inmediata de un equipo de 2 oficiales argentinos y un colaborador ante la captura del líder montonero Oscar De Gregorio y su entrega a la ESMA

            - Entrega de un ciudadano argentino, detenido por la Prefectura Naval Nacional y enviado a la Prefectura Argentina, aparentemente a través del Vapor de la Carrera.

El FUSNA fue responsable también de operativos realizados en Argentina contra el Partido Comunista Revolucionario y las Agrupaciones de Militantes Socialistas (AMS), con quienes los GAU tenían relación a través de la Unión Artiguista de Liberación y, en territorio uruguayo, del secuestro y entrega de un grupo de Montoneros a miembros de la ESMA argentina.

Durante 1978 se produjo el secuestro y repatriación forzada de la Familia Grispon Logares, hechos que luego abordaremos.

Un último operativo tuvo lugar en diciembre de 1978, pero esta vez la colaboración fue entre Brasil y su Policía Federal y Uruguay. Nuevamente las víctimas fueron miembros del PVP.

Organizaciones políticas uruguayas que fueron objeto de persecución.

Vamos ahora a abordar el análisis de cuáles fueron concretamente las organizaciones políticas y grupos perseguidos en ese país, lo que nos permitirá comprender más acabadamente las trayectorias que siguieron las víctimas de este juicio individualmente, las relaciones que existían entre ellas, y las razones por las que fueron perseguidas también en nuestro país.

No vamos a dar cuenta aquí de todo el arco opositor a la dictadura uruguaya que fue blanco de la represión, sino que vamos a dar algunas breves referencias sobre aquellas organizaciones y personalidades que fueron objetivo de las redes de coordinación represiva en el exterior y que son de interés para este juicio.

Lo primero que debemos mencionar a este respecto, es que la represión de las organizaciones uruguayas se produjo por oleadas; y que, a partir de mediados de la década del setenta, se advierte una continuidad de esa represión a ambos lados del Río de la Plata.

Veamos entonces cuáles fueron esas organizaciones y cómo se ejerció la represión sobre ellas.

Tupamaros, Movimiento 26 de junio y Nuevo Tiempo

En primer lugar, nos vamos a referir a Tupamaros -Movimiento 26 de junio- y Nuevo Tiempo.

El surgimiento de los Tupamaros estuvo vinculado con “el Coordinador”, que funcionó entre 1962 y 1966 y nucleó a la FAU, el MIR, el Partido Socialista y el Movimiento de Apoyo Campesino, así como organizaciones independientes.         

Dentro del Coordinador encontramos a Raúl Sendic, dirigente del Partido Socialista que para esta época comenzó a actuar con autonomía con respecto de la dirección del partido.

En 1965 se dio por concluida la experiencia del Coordinador y se fundó el MLN. Sus integrantes provenían del partido socialista, del Movimiento de Acción Campesina, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y también cañeros de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas.

Entre 1969 y 1972 los Tupamaros fueron muy perseguidos por las fuerzas represivas uruguayas, de modo tal que hacia 1972 sus dirigentes habían sido encarcelados o muertos, y lo que quedaba de la organización se encontraba en el exterior, buscando reorganizarse.

Esta salida al exilio fue orgánica y organizada. Los dos espacios geográficos desde los que se buscó esa reorganización fueron el Chile de la Unidad Popular, hasta septiembre de 1973 y luego, la Argentina en transición a la democracia.

Hacia 1974 sucedieron dos hechos que impactaron en la organización.  Por un lado, la formalización de sus relaciones con otras organizaciones cercanas, que dio lugar al nacimiento de la Junta de Coordinación Revolucionaria. Por otro lado, el Comité Central “Miguel Enríquez” dio lugar a una división en el interior de los Tupamaros, a partir de la que surgió una nueva organización, denominada “Nuevo Encuentro”.

El último intento de resistencia a la dictadura por parte de los Tupamaros ocurrió en 1975, cuando intentaron reorganizar una columna en Uruguay, que fracasó rotundamente. Es así que en adelante, los Tupamaros, continuaron existiendo pero ya sin capacidad operativa. A pesar de ello, siguieron siendo perseguidos.

En el exilio en Argentina, por sus propias actividades, así como por la participación en la JCR, fueron blancos de la represión ejercida de manera coordinada. El 13 de mayo de 1976 fueron secuestrados William Whitelaw y Rosario Barredo, integrantes de la escindida organización Nuevo Tiempo, en el marco de un operativo mayor que incluyó también a los parlamentarios Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini y al médico comunista Manuel Liberoff, integrantes todos de la Unión Artiguista de Liberación.

El 9 de junio fueron secuestrados Orlinda Falero y José Luis Muñoz Barbachán, quienes fueron mantenidos en cautiverio en el CCD Automotores Orletti, donde permanecieron por seis días.

El 17 de junio de 1976 secuestraron a Jorge González Cardozo y Elizabeth Perez Lutz en el marco de los operativos que se estaban desarrollando de manera coordinada entre uruguayos y argentinos, relacionados con el CCD Automotores Orletti. Ambos fueron trasladados a Uruguay en el llamado “primer vuelo”, a lo que nos referiremos más adelante.

En 1977, en el marco de un operativo contra la UAL, fueron secuestrados en Buenos Aires Atalivas Castillo, Daniel Alfaro Vázquez, Miguel Angel Río Casas, Aida Sanz, Eduardo Gallo Castro, Alfredo Moyano y María Asunción Artigas Nilo de Moyano, alojados en centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires. Todos ellos permanecen desaparecidos.

Un año después, también fue secuestrado en Buenos Aires Félix Bentín Maidana, junto con José Luis Urtasún Terra, Ignacio Arocena Linn y María Rosa Silveira Gramont. Ellos también permanecen desparecidos.

El Partido Comunista Uruguayo

Vamos a referirnos ahora al Partido Comunista uruguayo. Fue fundado en 1920, fue parte fundadora del Frente Amplio. El propio partido y todas sus organizaciones de fachada fueron prohibidos en Uruguay.    La Investigación Histórica sobre desaparecidos afirma que:

“La represión contra las múltiples estructuras legales e ilegales del PC, así como contra sus numerosos militantes, fue permanente a lo largo de toda la época dictatorial, entre otras razones, porque luego de cada golpe, las mismas mostraban una importante capacidad de reorganización y recambio.

No se trató, pues, de un solo operativo concentrado en el tiempo contra un núcleo determinado de dirigentes sino de varias oleadas represivas con sus objetivos específicos”.

La investigación también informa sobre los organismos represivos responsables de la persecución al Partido Comunista. En este sentido, se indica que entre 1973-1975, el organismo que más interviene en la represión del PC es la Dirección Nacional de Informaciones e Inteligencia, especialmente los departamentos 2, 5 y 6. Asimismo, que a fines de 1975, con el comienzo de la “Operación Morgan”, intervinieron también organismos militares, a través del OCOA y el SID. Y que hacia fines de la década del setenta, intervino especialmente el FUSNA.

En el caso del Partido Comunista uruguayo se registraron una serie de oleadas represivas. En la mayoría de esas oleadas se produjeron secuestros en Uruguay y también en Argentina.

La “Operación Morgan” fue una de las fases más intensas de represión a este partido y evidenció la actitud de los organismos uruguayos de desarticular a la totalidad del aparato. Los principales blancos de ataque fueron el sector de finanzas, el sector de acción directa y el de propaganda, pero todos los sectores fueron objeto de la represión.

El impacto de la “Operación Morgan” configuró una nueva faceta de la represión en Uruguay: la selectividad de los objetivos, la masividad de las detenciones, la integración del elemento policial y militar; y un cambio en el sistema de reclusión, integrándose el sistema de penales al de CCD, llamados “infiernos”.

Si bien no se aprecian secuestros masivos en Argentina de miembros del PC, no se puede dejar de anotar que entre 1975 y 1977 se produjo al menos una por año.

Mencionemos en este marco, a Félix Antonio Rodríguez Liberto y el de Francisco Candía Correa, que se tratarán oportunamente porque sus historias son objeto de análisis en este debate.

Otro evento relevante es el del secuestro de Manuel Liberoff Peisajovich, cuyo secuestro ocurrió el 19 de mayo de 1976 y está relacionado a los secuestros y asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Según la información recopilada por la Investigación Histórica sobre desaparecidos en Uruguay, en ese operativo intervinieron 25 personas vestidas de civil, algunos de los cuales tenían acento uruguayo.

En el mismo informe se concluye, a partir de fuentes testimoniales, que Peisajovich estuvo secuestrado en el CCD de la calle Bacacay, por donde también pasaron otras víctimas de nacionalidad uruguaya cuyos casos integran el objeto procesal de este juicio, como Ary Cabrera, cuya trayectoria también se analizará oportunamente.

 La Unión Artiguista de Liberación.

Corresponde también mencionar aquí brevemente, porque lo trataremos con mayor profundidad cuando abordemos la secuencia de secuestros ocurridos en nuestro país a fines de 1977, lo sucedido con la Unión Artiguista de Liberación o UAL, que fue un organismo pluripartidario fundado en el exilio en Buenos Aires en 1974. Estaba integrada, entre otros, por Zelmar Michelini, Enrique Erro, las Agrupaciones de Militantes Socialistas, el Partido Comunista Revolucionario, los Grupos de Acción Unificadora y Nuevo Tiempo.

Los Grupos de Acción Unificadora fueron una organización de tendencia socialista, surgida en abril de 1969. Estuvo integrada por activistas de extracción obrera y estudiantil, que en la década del 70 formaron parte del Frente Amplio y desde 1972 funcionaron, dentro éste, en un agrupamiento llamado Corriente Popular y Revolucionaria, que reunió también al Movimiento de Independientes 26 de marzo, al Movimiento por el Gobierno del Pueblo, liderado por Zelmar Michelini, a la Unión Popular de Enrique Erro, y al Movimiento Revolucionario Oriental de Ariel Collazo, entre otros.

 Los GAU fueron ilegalizados por la dictadura uruguaya en noviembre de 1973. Esto motivó el exilio de varios de sus miembros en Buenos Aires, donde se integraron en la UAL.

Como dijimos, veremos luego cómo se desarrolló e interrelacionó la represión contra la UAL durante 1977. Allí abordaremos las desapariciones de Elena Lerena Costa de Corchs, Alberto Corchs Lavigna, Alfredo Fernando Bosco Muñoz, Edmundo Dossetti, Ileana García Ramos, Julio César D´Elía Pallares, Yolanda Casco, Raúl Edgardo Borelli Catáneo, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Atalivas Castillo, Alfredo Moyano, María Asunción Artigas Nilo, Carlos Federico Cabezudo Pérez, Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura- y Carolina Barrientos.

Partido por la victoria del pueblo

Finalmente, trataremos aquí lo relativo al Partido por la Victoria del Pueblo, o PVP.

La trayectoria que llevó al surgimiento del PVP en 1975 en Buenos Aires, se puede extraer de los libros Gerardo Gatti Revolucionario de Ivonne Trías y Universindo Rodríguez, y Los padres de Mariana de Francoise Graña, que formaron parte de esta organización, además de los nutridos relatos que hemos escuchado en este juicio.

La generación del 50, a la que pertenecieron los dirigentes de lo que luego sería el PVP, se formó al calor de las grandes huelgas de sectores estatales y privados. Sus ideas principales fueron la autonomía universitaria, la defensa de los trabajadores y el denominado tercerismo, es decir, la vía revolucionaria cuya premisa era ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética.

 La activación de esta generación coincidió y fue favorecida por grandes movimientos huelguísticos en el 51 y 52, que terminaron con un momento represivo fuerte en el 52, con aplicación de las llamadas “medidas de pronta seguridad”. Ese año comenzó a debatirse en los ámbitos anarquistas la necesidad de constitución de una federación que funcionara como coordinadora de los esfuerzos de las agrupaciones anarquistas uruguayas.

 En 1955 se organizó un congreso de discusión y en octubre de 1956, el congreso fundacional de la FAU.

A comienzos de la década del 60, impactaron en los anarquistas uruguayos dos procesos históricos: el surgimiento de los movimientos tercermundistas africanos y el devenir de la revolución cubana, que, acorde con lo que sucedía en toda la izquierda latinoamericana, generaron un viraje de los militantes de la FAU del anarquismo más tradicional hacia las ideas del marxismo-leninismo.

A fines del 63 la FAU se dividió. El debate se dio en torno al apoyo del proceso cubano, luego de la batalla de Playa Girón y de que Fidel Castro expresara el carácter socialista de la revolución. Un sector de la FAU calificó esto como un giro centralista, estatista y autoritario de la revolución y el otro se expresó a favor. Este segundo sector incluyó a los obreros de FUNSA, el sindicato de gráficos y el Ateneo Cerro-La Teja. Otro elemento de crisis en el interior de la FAU se vinculó con problemas de funcionamiento interno, sobre todo del sector de finanzas.

En la división, el sector favorable a la radicalización de la revolución cubana, que dirigían Juan Carlos Mechoso, Gerardo y Mauricio Gatti, se quedó con la sigla FAU, los locales y las finanzas. Se constituyó entonces una nueva dirección de la FAU, con Roberto Franano como secretario general, Mauricio y Gerardo Gatti, Juan Carlos Mechoso, Washington Pérez, León Duarte y Alberto Marino.

En esta nueva etapa de la FAU se ensayaron intentos de acercamiento con otras organizaciones de tendencia similar. Esto se cristalizó luego en la creación de El Coordinador, organización que ya explicamos.

En 1967 la FAU fue proscripta.

El 1968, así como en otros países –piénsese en el mayo francés, el 68 mexicano o el 69 argentino, etc. – se produjo en Uruguay otro ciclo de movilización social, que dio nacimiento a una nueva generación, que conformará luego las bases del PVP. El movimiento estudiantil no estuvo ausente en este proceso.    Los estudiantes, lanzados a la calle ante diferentes formas de avance sobre la autonomía de los liceos, magisterios y universidades, se pusieron en contacto con otros sectores.   La represión sobre el movimiento estudiantil fue intensa, lo que, lejos de menguar la fuerza de la movilización de los estudiantes, la profundizó. Es así que un sector de esos estudiantes pasó a integrar el órgano de superficie de la FAU, la Resistencia Obrero Estudiantil o ROE, fundada en 1968 justamente a raíz de la proscripción de la FAU.

Para la misma época, surgió la Organización Popular Revolucionaria-33 Orientales (OPR 33), organismo de acción directa, destinado a realizar actividades de oposición en la clandestinidad. La OPR se mantuvo secreta, realizando actividades sin identificarse hasta 1971.

De este modo, hacia comienzos de la década del setenta, en la FAU se produjo un trasvase generacional. Convivieron allí anarquistas de la vieja guardia con los jóvenes que se incorporaban a la política.            Graña señala, en este sentido, que “los sueños compartidos acortaban todas las distancias: la vivencial, la generacional y la sociocultural”.

En 1969 la OPR produjo un hecho que luego será motivo, o al menos excusa de persecución: el robo de la bandera de los 33 orientales del Museo Histórico Nacional.

En marzo de 1973 se produjo la detención de dos dirigentes de la FAU, Juan Carlos Mechoso y Raúl Cariboni, al tiempo que eran detenidos activistas de base y eran allanados locales de la organización, lo que dificultó la continuidad de las actividades.

En abril de ese año publicaron el “acta de abril”, un documento en el que se decidió el repliegue de varios miembros de la organización a Buenos Aires.

En noviembre de 1973, meses después del golpe de Estado, la dictadura ilegalizó a la ROE y al FER y persiguió a sus miembros, razón por la cual durante 1974 se decidió el repliegue del resto de la organización a Buenos Aires.

En julio de ese mismo año se realizó una reunión para que dos organizaciones auto disueltas se integraran a la FAU: el Frente Revolucionario de los Trabajadores y el Frente Estudiantil Revolucionario, que a su vez eran escisiones de los Tupamaros.

 En marzo de 1974 se produjo un segundo hecho que será luego muy importante para la persecución de este grupo: el secuestro del empresario argentino Federico Hardt, que dejó un saldo para la organización de diez millones de dólares.

En septiembre de 1974, con la publicación del llamado “documento 1.811”, comenzaron las discusiones que dieron lugar a la realización del congreso fundacional del PVP en Buenos Aires. El congreso fue organizado en la clandestinidad. Los participantes primero discutieron en las llamadas “mezclas”, que reunían activistas de diferentes frentes, luego en “claustros” y luego, en julio de 1975, se realizó la sesión final. Terminados los claustros preparatorios se hicieron otras “mezclas”, con participantes residentes en Argentina y en Uruguay, de la ROE (que ya incluía al FER), algunos del PC, de los Grupos de Acción Unificadora (GAU,) y del Movimiento 26 de Marzo.

Como dijimos entonces, en julio de 1975 se realizó el congreso del PVP, en el que se definió un nuevo programa, que se organizaba en torno de la resistencia contra la dictadura.

Tras el congreso, se votó una nueva dirección y una campaña de difusión de los acuerdos alcanzados llamada “campaña de Alejandra”. Esto era un intento por reestablecer contactos entre el PVP en Buenos Aires y las bases sindicales, estudiantiles y cooperativistas que habían estado relacionadas con la FAU-ROE en Uruguay. También serviría para comunicar en Uruguay acerca de la formación de un nuevo partido y de la consigna de creación de un Frente Nacional de Resistencia, compuesto por comités de base.

Sobre la base de lo que hemos descripto acerca del surgimiento de este partido, podemos pasar a ver ahora cómo fue determinado su devenir a partir de la represión coordinada en el marco de la Operación Cóndor.

Lanzada la “Campaña de Alejandra”, el 28 de marzo de 1976 fueron detenidos los miembros del PVP Raúl Gil Iribarne, Luis Ferreyra y Elida Rita Vázquez en el puerto de Colonia, quienes viajaban desde Buenos Aires.            

Según declaró Gil Iribarne en el libro de Ivonne Trías y Universindo Rodríguez Gerardo Gatti Revolucionario, “hasta mayo ellos –los militares- no sabían de la existencia del Partido. Hablan de la ROE, saben que hay un grupo vivo, pero no parecen saber que hubo congreso, ni claustro, ni nada”.

En abril de ese mismo año, en Uruguay, los detenidos del ahora PVP que se encontraban alojados en penales fueron trasladados a la sede del Grupo de Artillería 1, e interrogados sobre las actividades del PVP en Argentina.

A esto le siguió el primer grupo de secuestros en Buenos Aires:

El 5 de abril desapareció Ary Cabrera Prates; el 17 del mismo Telba Juarez y Eduardo Chizzola, ambos pertenecientes al sector que conformaba la antigua OPR-33. El cuerpo de Telba Juárez, con múltiples heridas de bala fue hallado en la ciudad de Buenos Aires e identificado en ese momento. El de Chizzola fue ingresado por la morgue como NN el 26 de abril y sería identificado recién en 2002. Días después, los padres de Chizzola recibieron la visita en Uruguay del imputado Manuel Cordero, quien les presentó una cédula de identidad con la foto de Chizzola, pero con otro nombre, diciéndoles que ese documento había sido hallado al lado de un cadáver encontrado en Argentina.

Un mes después comenzó la primera oleada represiva de carácter masivo en Argentina. El 9 de junio fueron secuestrados Gerardo Gatti, miembro de la dirección del PVP, y su secretaria, Pilar Nores Montedónico. Ambos fueron alojados en el CCD Automotores Orletti, bajo la custodia de miembros de la OT 1.8 y de militares uruguayos. La investigación sobre desaparecidos de Uruguay, afirma que fue a partir de estos secuestros que los organismos represivos uruguayos y argentinos obtuvieron información que les permitió realizar el amplio operativo que se luego desarrollará entre junio y julio.

El 13 de junio, en un operativo conjunto, agentes argentinos y uruguayos irrumpieron en el hogar de Washington Pérez Rossini en Buenos Aires y lo llevaron a Orletti. Allí fue obligado a escuchar las pretensiones de José Nino Gavazzo, el coronel Barrios, José Silveira y el comisario Hugo Campos Hermida, es decir, miembros del SID, OCOA y DNII. Le exigieron que hiciera de intermediario en una negociación con el PVP. Pedían 2 millones de dólares a cambio de la libertad de Gatti y de diez miembros del sindicato de FUNSA detenidos en Uruguay.

El 15 de junio fue secuestrado Julio Rodríguez Rodríguez.

 El 20 de junio fue llevado nuevamente a Orletti Washington Pérez, donde fue fotografiado junto con Gatti, a modo de prueba de vida.

El 30 de junio fue secuestrado y llevado a Automotores Orletti Enrique Rodríguez Larreta Martínez.

 A partir de este momento comenzaron una serie de golpes contra el sector “Cooperativa” de la organización, que era el sector de trabajo de masas, compuesto por el sector “Obrero y Popular” y el sector “agitación y propaganda”.

El 7 de julio fue secuestrada Mónica Soliño Platero y al día siguiente, el 8 de julio, Cecilia Gayoso.

En el marco de estos operativos, el 15 de junio también fueron secuestrados en Buenos Aires y llevados a Orletti los miembros del MLN Elizabeth Pérez Lutz y Jorge Raúl González Cardozo.

Una semana después, el 13 de julio fueron secuestrados Margarita Michelini, Raúl Altuna Facal, Félix Díaz Berdayes, Laura Anzalone, Ana Inés Quadros, Eduarde Dean Bermúdez, León Duarte, Sergio López Burgos, Sara Méndez y Asilú Maceiro.

Al día siguiente, el 14 de julio, María Elba Rama Molla, Raquel Nogueira, Enrique Rodríguez Larreta, Ana María Salvo Sánchez, Ariel Soto, Edelweiss Zahn y Alicia Raquel Cadenas Ravela.

El 15 de julio desaparecieron también Víctor Lubian, Marta Petrides y Gastón Zina.

Todos ellos, como veremos cuando tratemos individualmente sus secuestros, estuvieron detenidos en Orletti, donde fueron objeto de tratos inhumanos, torturas, subalimentación, e incluso actos de violencia sexual. La mayoría de ellos sobrevivió, y en sus declaraciones, dieron cuenta de la presencia de miembros de organismos represivos uruguayos, de la participación de estos en interrogatorios que incluyeron torturas y del interés en las actividades de la organización a la que pertenecían en relación con Uruguay.

Los interrogadores, en esta época, expresaban interés por la Bandera de los 33 orientales, entre otras cosas. Entre los miembros de los organismos represivos uruguayos mencionados, destaca la figura del imputado Manuel Cordero y su interés particular por esta organización y su meticulosidad en el armado de su organigrama.

Simultáneamente a estos operativos, el 26 de junio en Montevideo se produjo el secuestro de Elena Quinteros. Quinteros era la responsable del PVP en Montevideo y del desarrollo de la “campaña de Alejandra” en Uruguay. A ello se refirió el testigo Rubén Prieto Benencio. Dijo que la historia de Quinteros fue famosa porque logró darse a la fuga e ingresar en la embajada venezolana para asilarse.

Tras ella, violando los protocolos diplomáticos, ingresaron funcionarios policiales uruguayos, que la recapturaron y la condujeron al CCD “300 Carlos” o “Infierno Grande”, que, como ya vimos, estaba bajo la responsabilidad del OCOA del Departamento I del Ejército de Uruguay. En ese lugar, según se consigna en la Investigación sobre Desaparecidos, fue mantenida cautiva al menos hasta el 25 de julio. Este hecho motivó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela.

Pero esta no fue la única detención de miembros del PVP que se produjo en Uruguay. En el informe sobre desaparecidos se informa que

“Durante los meses de junio y julio de 1976, se produjeron allanamientos y detenciones de personas vinculadas al PVP sin que se constataran desapariciones.

Las mujeres fueron conducidas al Centro Clandestino de Detención llamado '300 Carlos', en el Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA), en el predio del Batallón N° 13.

En septiembre son trasladadas al 6° de Caballería, luego a la Brigada N° 1 de Infantería y entre los meses de octubre y noviembre, al Penal de Punta Rieles.

También fueron detenidos una decena de hombres. Al igual que las mujeres, estos fueron recluidos durante unos meses en el '300 Carlos', de allí fueron conducidos al regimiento 4° de Caballería, y finalmente a Penal de Libertad”.

El informe cita un testimonio de Cecilia Gayoso del año 1988 en el que declaró que el grupo encargado de las detenciones recién referidas era el mismo grupo que operaba en Argentina.

Sobre esto el testigo experto Álvaro Rico declaró que el ataque contra el PVP, que, en principio se dirigió contra el componente ubicado en Buenos Aires. Señaló varios momentos de esta oleada. El primero fue entre abril y junio de 1976, indicó que en ese período cayeron cinco personas en esa ciudad, entre ellas Gerardo Gatti (dirigente máximo de esa organización). Al respecto, comentó que si bien no creían que en esa etapa hubiera vínculo con otros países, lo cierto es que para esa fecha desapareció en Uruguay la maestra Elena Quinteros, que también era integrante del partido, aunque, como relató, eso fue atribuido a lo que había comenzado a suceder en Buenos Aires. Luego, siguieron las detenciones masivas, acaecidas entre el 13 y el 14 de julio de 1976. Expuso que las detenciones en esta ciudad se desencadenaron mediante lo que se denominó “goteo”, porque en un primer momento, se dio una primera etapa se produjo el 5 de abril, y la segunda el 17 de ese mes. Una segunda se evidenció en el mes de junio de ese año, concretamente los días 5, 9 y 15, en tanto que una tercera tuvo lugar con 19 detenciones producidas en un mismo día.

En cuanto al destino de las personas secuestradas en Argentina durante esta primera oleada represiva, Ary Cabrera permanece desaparecido.    

Los cuerpos de Eduardo Chizzola y Telba Juárez, como dijimos, fueron identificados en Argentina, el primero en 2002 y la segunda en 1976.      

Gerardo Gatti se encuentra desaparecido. Hacia mediados de julio, según refirió Washington Pérez tanto en una declaración muy temprana realizada ante la filial sueca de Amnistía Internacional como en su declaración en el juicio de Orletti, miembros de la OT 18 le dijeron que el asunto de Gatti “estaba liquidado”. León Duarte, también continúa desaparecido. Washington Pérez recordó en su declaración que la última vez que lo vio dentro del CCD fue el 17 de julio.

Pilar Nores Montedónico fue la primera trasladada a Uruguay, lo que ocurrió, de acuerdo a su propio testimonio, el 20 de julio a través de un vuelo comercial desde Aeroparque, bajo la custodia de Gilberto Vázquez y Alfredo Maurente. En Montevideo la alojaron en el CCD de Punta Gorda, llamado “infierno chico”, a cargo del SID.

El resto de los 24 prisioneros también fue trasladado a Montevideo, pero el 24 de julio, en un avión no comercial, en lo que se conoce como “primer vuelo”.

Este hecho fue reconocido por la Fuerza Área Uruguaya en el informe del 8 de agosto de 2005, transcripto en el cuarto tomo de la Investigación sobre Desaparecidos. En él, el Teniente General Enrique A Borrelli, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea expresa:

“De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires, en el República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la Entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese Servicio.

Las tareas de embarque, desembarque, y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave”.

En el transcurso de este debate escuchamos testimonios de quienes fueron trasladados y es así como tomamos conocimiento de los detalles de este hecho.

 Una vez en Uruguay, los prisioneros fueron trasladados al CCD de Punta Gorda, conocido como “Infierno Chico” o “300 Carlos R”. Luego, entre el 14 y 22 de agosto, fueron conducidos al centro clandestino de Bulevar Artigas y Palmares, sede del SID. En este CCD se revelaron las intenciones del SID, lo que había motivado el traslado a Uruguay y luego se materializará en la pantomima de detenciones en el Chalet Susy, en Shangrilá.

¿Qué pretendía hacer el SID? Se trató de montar un operativo de detención del grupo, que sería mostrado como grupo guerrillero que había intentado invadir Uruguay, y de esta manera demostrar el “peligro” en que se encontraba el país. Con esto no se buscaba solamente lograr la adhesión de la población. También se buscaba fortalecer la situación de Uruguay ante los Estados Unidos que por medios diplomáticos había cuestionado las violaciones a los Derechos Humanos y amenazaba con suspender la ayuda económica al país, lo cual se materializó finalmente con la Enmienda Koch aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 28 de septiembre de 1976.

Inicialmente los secuestrados se negaron a participar, pero, ante las continuas amenazas de muerte, finalmente la mayoría de ellos llegaron a un acuerdo. El Informe sobre Desaparecidos explica el procedimiento de la operación de la siguiente manera, lo cito:

Cerca del 23 de octubre de 1976 comienzan los preparativos de la operación.

Para el montaje… se alquiló una casa en el balneario de Shangrilá, la cual es conocida como “Chalet Susy”, también se seleccionó a personal militar especializado que simuló ser parte del grupo subversivo capturado.

Fue necesario registrar a los “guerrilleros”, así que, en primer lugar, se les tomaron fotografías para poder elaborar la documentación falsa, luego se registró su ingreso al país por vías legales, para más tarde realizar lo mismo en hoteles y pensiones de la capital. (…)

El 23 de octubre comenzó el traslado de los detenidos a la casa de Shangrilá. Esa misma noche se realizaron operativos falsos en los hoteles. Esos detenidos en realidad eran militares que portaban los documentos falsos que mencionamos.

El 26 de octubre Sara Méndez, Sergio López Burgos, Asilú Maceiro, Ana Inés Quadros y Elba Rama Molla fueron llevados al chalet y se realizó el operativo de detenciones. En paralelo, Víctor Lubián, Martha Petrides, Alicia Cadenas, Ariel Soto, Ana María Salvo, Gastón Zina, Mónica Soliño y Edelweiss Zahn fueron llevados a los hoteles y detenidos allí.

El 28 de octubre se realizó una conferencia de prensa, donde los militares exhibieron a varios de los detenidos. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado sobre los hechos.

El 4 de noviembre los detenidos “blanqueados” en el Chalet Susy comenzaron a ser procesados por la justicia militar. Se trasladó a las mujeres al Penal de Punta Rieles y a los hombres al penal de libertad.

Años después, fueron liberados.

El 10 de diciembre también fueron puestos en libertad Pilar Nores Montedónico, Félix Díaz Berdayes, Laura Anzalone y Álvaro Nores Montedónico, sobreviviente de la segunda oleada represiva contra el PVP, a la que nos referiremos a continuación.

 Ese mismo diciembre, por otra parte, fue puesto en libertad también Enrique Rodríguez Larreta Piera, quien se exilió e inició una campaña de denuncia internacional por lo ocurrido.

Los detenidos del MLN, Jorge González Cardozo y Elizabeth Pérez Lutz siguieron continuaron en cautiverio clandestino, ella hasta el 10 de diciembre, fecha en la que fue liberada, y él hasta el 15 de diciembre en que fue “blanqueado” y trasladado al penal de Libertad.

La mayoría de los hechos que formaron parte de esta secuencia de secuestros, asesinatos y repatriaciones forzadas, fueron objeto de la sentencia dictada por este Tribunal en la causa n° 1627. Allí se tuvieron por probados los secuestros de muchas de las personas mencionadas, su cautiverio en Orletti, y su traslado clandestino a Uruguay. Por ello fueron condenados los miembros del grupo dependiente de la SIDE que actuaba en el CCD Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo, Honorio Martínez Ruiz, y Raúl Antonio Guglielminetti. Estas condenas se encuentran firmes.

A esos hechos, que también forman parte de este juicio, se sumaron en este debate los de los demás integrantes del PVP que residían en Buenos Aires. Estas personas en su mayoría fueron capturadas con posterioridad y al día de hoy están desaparecidas. Esto se debe a la división artificial que se hizo de los hechos durante la etapa de las investigaciones, circunstancia a la que ya aludimos al comenzar este alegato.

A esta segunda oleada represiva es que nos vamos a referir ahora de manera general, y en su momento trataremos cada caso en particular. A esos fines, corresponde mencionar que esta segunda oleada represiva contra el PVP, que tuvo lugar principalmente en Buenos Aires durante los meses de junio y julio de 1976, no logró alcanzar a la totalidad del partido. En Buenos Aires quedaron varios de sus integrantes, que lograron eludir el accionar de las fuerzas. Esto no era algo que el grupo de oficiales uruguayos comandados por Gavazzo desconociera.

Por el contrario, como veremos más adelante, Manuel Cordero Piacentini había interrogado en Orletti y en Montevideo a todos los secuestrados con la finalidad de completar el organigrama del PVP sobre el que venía trabajando desde hacía tiempo. A esto se refirieron la mayoría de los sobrevivientes en sus declaraciones.

Además, Cordero conocía a muchas de esas personas, porque ya habían sido víctimas de sus interrogatorios y tormentos en Uruguay, antes de emigrar a Buenos Aires.

Pero Cordero, los demás oficiales uruguayos y por supuesto también los argentinos que habían colaborado con ellos, sabían otra cosa. Sabían que, a pesar de haber perdido una buena parte de la estructura orgánica del partido, este grupo que no había sido capturado tenía aún posibilidades ciertas de reorganizarse y recuperarse, y eventualmente realizar acciones contra la dictadura uruguaya. Y ello era así por una cuestión fundamental: tenían medios financieros para hacerlo.

La suma millonaria que Gordon y Gavazzo estaban rastreando al menos desde el momento en que intentaron negociar con la organización la libertad de los dirigentes Gatti y Duarte, seguía en poder del PVP. Ellos sabían que la única forma de desarticular definitivamente a ese partido era obtener ese dinero, además de, obviamente, capturar a los miembros del partido que seguían en libertad.    Por supuesto que a la vez ese dinero resultaría muy útil a los fines de financiar la continuación de las actividades represivas de ambos grupos, y de paso, satisfacer el interés personal de sus integrantes de llenarse los propios bolsillos. Pero había un problema: sabían quiénes eran, sabían a qué estructura del partido pertenecían, sabían que tenían el dinero, sabían que estaban en Buenos Aires, pero a pesar de que habían estado cerca de hacerlo, no los habían encontrado.

En este punto corresponde mencionar que una gran parte de esas personas, que seguían siendo buscadas por las fuerzas argentinas y uruguayas, pertenecían estructuras específicas del PVP, esto es, equipos de trabajo concretos que no habían sido alcanzados en la primera oleada represiva.       

Una de estas estructuras estaba a cargo de uno de los dirigentes más importantes que quedaban en libertad: Alberto Cecilio Mechoso Méndez. Claro que otros de los miembros del partido que quedaban en Buenos Aires pertenecían a estructuras que, si bien habían sido alcanzadas, no lo fueron por completo, o incluso tenían una participación periférica.

El asunto es que, más allá de la organización compartimentada que tenía el partido y de las medidas de seguridad que sus integrantes habían tomado justamente para evitar la producción de sucesiones de secuestros, especialmente después de junio y julio, todos sus integrantes eran compatriotas exiliados en Buenos Aires.      

Y en este contexto, muchos tenían entre sí, además de la afinidad política, relaciones personales, incluso familiares, y relaciones de solidaridad, por lo que mantenían contactos de manera independiente al trabajo del partido.

Ahora bien, además de Alberto Mechoso, el otro dirigente que todavía quedaba en Buenos Aires y que era un blanco relevante para las fuerzas, era Adalberto Soba Fernández, quien junto a Mechoso integraba la Dirección del llamado “sector militar” del partido, es decir, su brazo operativo. En ambos casos, además del interés que los represores tenían sobre ellos por su carácter de dirigentes de los que dependían otras personas, habían obtenido el dato adicional de que los dos eran depositarios del dinero que estaban buscando.

De acuerdo a la prueba incorporada al debate, la estructura a cargo de Mechoso estaba conformada por dos equipos, uno que estaba a cargo de Roger Julién y el otro a cargo de Carlos Göessens. Y en este punto es que debemos destacar que, a nuestro modo de ver, en este debate se probó que la pista que les faltaba a los agentes de Gordon y Gavazzo para completar la inteligencia que venían desarrollando sobre estas personas, y que les permitiría acceder a lo que quedaba del partido y al dinero, fue obtenida hacia finales de septiembre de 1976, justamente a través de Carlos Göessens.

Como veremos, se demostró que desde traslado clandestino del 24 de julio hasta ese momento, si bien se habían producido las desapariciones de algunos miembros del PVP, entre ellos, Mario Cruz Bonfiglio el 3 de septiembre, y Juan Morales Von Pieverling y Josefina Kleim Lledó de Morales el 23 de ese mismo mes, no fue hasta los operativos desarrollados entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre, que se logró neutralizar definitivamente al partido. Y también se probó que estos secuestros fueron posibles, principalmente, aunque no exclusivamente, gracias a encuentros concertados por Carlos Göessens, desconocemos en qué condiciones.         

A lo que, por supuesto, se sumó la producción de nueva inteligencia con posterioridad a cada uno de esos secuestros, a través de la realización de interrogatorios y el análisis de material secuestrado en los domicilios.

Entones, de acuerdo a lo que dijimos hasta aquí, para septiembre los objetivos primarios y más urgentes establecidos a raíz del trabajo de inteligencia previo fueron, sin lugar a dudas Alberto Mechoso y Adalberto Soba. Sus capturas, sumada a la de Roger Julién, se traducía en la neutralización definitiva del PVP.   Es por eso que una vez que tuvieron la información que les faltaba, los grupos de Gavazzo y Gordon planificaron, coordinaron y ejecutaron los operativos para secuestrar a Soba, Mechoso y Julien, los que se llevaron a cabo el día 26, con colaboración de otras fuerzas locales en un lapso de no más de 12 horas.

El saldo inmediato de estos operativos fue la captura de los dos primeros y sus respectivas familias, la captura de otros dos integrantes del PVP que casualmente estaban en casa de Soba, el asesinato de Roger Julien y el secuestro de su esposa, también miembro del PVP, y de sus pequeños hijos. Además los represores obtuvieron el dinero que estaban buscando y que estaba en poder de Soba y Mechoso.

Mechoso, Soba y su familia integrada por María Elena Laguna y sus hijos Leonardo, Sandro y Tania; así como Juan Pablo Errandonea Salvia y Raúl Tejera Llovet que circunstancialmente estaban en la casa de Soba; y Victoria Grisonas y sus hijos Anatole y Victoria Julien Grisonas, todos, fueron conducidos a Automotores Orletti, que nuevamente se empleó como la principal base de las operaciones conjuntas contra el PVP.

La familia de Mechoso, constituida por Beatriz Castellonese, y sus hijos Alberto y Beatriz, fueron conducidos y mantenidos prisioneros en el domicilio donde meses antes habían sido capturadas Sara Méndez y Asilú Maceiro en la calle Juana Azurduy, y que los agentes de la SIDE que trabajaban junto a Gordon estaban utilizando en ese momento como base alternativa.

Al día siguiente, el 27, se produjo otro operativo en el que fueron secuestrados Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas Gatti, así como su pequeña hija Mariana.

El 28 desaparecieron en la vía pública la pareja constituida por Washington Cram González y Cecilia Trías Hernández.

El día 30 fueron secuestrados Beatriz Barboza Sánchez y Rubén Peralta, y desaparece también Rubén Prieto González.

El 1° de octubre fueron capturados sucesivamente Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, Segundo Chegenián y Graciela Da Silveira de Chegenián, Bernardo Arnone Hernández, Rafael Lezama González, Miguel Ángel Moreno Malugani, Casimira Carretero Cárdenas y Juan Pablo Recagno Ibarburú.

Al día siguiente, en un encuentro que había concertado previamente con Recargo, se secuestró a Álvaro Nores Montedónico.

Finalmente, el 4 de octubre desapareció Washington Domingo Queiro Uzal.

Todas las personas que mencionamos fueron conducidas a Orletti.

Es decir, en este período, que el testigo experto Álvaro Rico definió como la segunda oleada represiva, fueron secuestrados en nuestro país 36 ciudadanos uruguayos vinculados al PVP. Al respecto, Rico afirmó en la audiencia que el segundo momento de la oleada represiva contra el “P.V.P.” en Argentina se produjo desde el mes de agosto al mes de octubre de 1976, con una concentración muy fuerte en el mes de septiembre. Señaló que se realizaron los días 26 de agosto, 3, 23, 26, 27, 28 y 30 de septiembre, y luego en octubre”.

Tal como explicaremos en cada caso en particular, todos ellos mantenían contactos entre sí, ya fuera porque pertenecían a los mismos equipos de trabajo dentro del partido, o porque eran amigos o familiares. Esto condujo al éxito de la misión que se propusieron los represores. Lo lograron merced a interrogatorios bajo tormentos realizados sobre la base de la inteligencia previa colectada especialmente por Manuel Cordero en los meses anteriores, y amenazas de diverso tipo.

Señores jueces: recordemos que la mayoría fueron capturados junto a sus pequeños hijos.

En este marco, fue determinante el rol de Carlos Göessens, que era un referente para muchos dentro del partido, y quien evidentemente para el 26 de septiembre estaba en manos de las fuerzas. Con él, de acuerdo a lo que se demostró, se concertaron varios de los encuentros en los que se produjeron los secuestros.

De los treinta y seis secuestrados en esta segunda oleada represiva, sólo sobrevivieron trece. María Elena Laguna y Beatriz Castellonese junto con sus hijos, fueron trasladadas a Uruguay el 27 de septiembre por agentes uruguayos en un vuelo comercial. Luego de pasar un tiempo en cautiverio en Montevideo, fueron liberados.

Tres días más tarde, también en un vuelo comercial de la aerolínea “Pluna”, fueron repatriados forzadamente Beatriz Barboza Sánchez y Francisco Peralta. Ellos también fueron alojados clandestinamente en establecimientos de las fuerzas uruguayas, y luego en unidades penitenciarias, hasta que en 1980 ambos fueron liberados.       

La niña Mariana Zaffaroni, quedó en Argentina y fue apropiada por el agente de la SIDE Miguel Ángel Furci.   Recuperó su identidad recién en 1992.

 Álvaro Nores, fue repatriado forzadamente a Uruguay a través de un vuelo comercial de la aerolínea “Pluna” el 5 de octubre, y luego de permanecer un tiempo en cautiverio en ese país, fue liberado a fin de ese año.

Los niños Anatole y Victoria Julien Grisonas, también fueron trasladados a Uruguay y alojados en el CCD donde también estaban los prisioneros secuestrados en Buenos Aires en junio y julio. Poco después, los llevaron a Valparaíso, Chile, donde los abandonaron a su suerte. Fueron adoptados por una familia chilena, y con el tiempo fueron hallados y recuperaron su identidad.

Hemos afirmado que en este juicio se probó contundentemente que en estos hechos intervino el grupo represivo a cargo de Aníbal Gordon cuya base de operaciones era la OT 18 de la SIDE, por un lado, y por el otro, el personal de las fuerzas uruguayas que dirigía Gavazzo y que ya había participado en los sucesos ocurridos durante la primera mitad del año. Con ellos, además, como veremos, colaboró personal asignado al GT 5, y personal policial y militar vinculado a las jefaturas territoriales en donde los secuestros tuvieron lugar. Además, dijimos que todas estas personas, con la excepción de la esposa y los hijos de Mechoso, fueron mantenidas en cautiverio en Automotores Orletti, y sometidas allí a condiciones inhumanas de vida y tormentos.

Estas afirmaciones se sostienen, en primer lugar, en que en todos los casos se han detectado relaciones de diferente índole entre las personas desaparecidas. Es decir, no sólo su pertenencia al mismo partido e incluso a los mismos equipos de trabajo, sino también, como dijimos, relaciones familiares y de amistad. Durante el juicio se demostró, además, cómo mantenían contactos asiduos, merced a encuentros puntuales y específicamente concertados. Pero también lo hacían bajo una modalidad diferente. Lo hacían con los denominados encuentros automáticos. Al respecto, Cristina Mihura declaró en la audiencia lo siguiente:

“Les explico lo que era un automático: Como nosotros no sabíamos dónde vivían los unos y los otros, por razones de seguridad-porque si te detenían en la tortura podías delatar el lugar donde podían encontrar a otras personas, si uno se perdía o desaparecía de los lugares habituales…- podía ser que para reencontrarse como norma de seguridad se fijaba un lugar, una esquina en general, en donde uno tenía que comenzar a caminar en cierto sentido y a cierta hora. La otra persona tenía otra esquina donde caminaba en sentido opuesto. Quiere decir que a cierto punto, uno se cruzaba con el otro y dependía de la actitud del otro si la persona paraba hablar o seguía caminando”.

En segundo lugar, las afirmaciones que realizamos en relación con los grupos represivos que intervinieron en esta segunda oleada represiva, y el CCD al que fueron llevadas las víctimas, se sostienen en la circunstancia de que todos los secuestros se produjeron en un período muy breve, muchos de ellos el mismo día.

En tercer lugar, no puede soslayarse el hecho de que en todos los casos se encontraron evidencias de que las víctimas habían sido perseguidas por el SID y por el OCOA previamente, y que los servicios de inteligencia de Uruguay contaban con información acerca de sus actividades en Buenos Aires.

Pero además, en cuarto lugar, lo que hemos dicho se desprende de numerosos elementos de prueba producidos e incorporados al debate que desarrollaremos cuando tratemos cada uno de los casos en particular.

Sin perjuicio de ello, corresponde aquí mencionar algunos porque, a nuestro modo de ver, reflejan acabadamente estas circunstancias.   Entre ellos, los testimonios de los sobrevivientes de Orletti José Luis Bertazzo, Beatriz Barboza Sánchez, Álvaro Nores Montedónico y Mariana Zaffaroni, quienes dieron cuenta de la presencia en ese lugar de algunas de las víctimas que hoy se encuentran desaparecidas.

En su declaración incorporada a este debate, Bertazzo afirmó que entre fines de septiembre y principios de octubre de 1976, mientras él estaba en cautiverio en Orletti, fueron alojados en la misma celda que él, un grupo de entre 10 y 15 hombres uruguayos que, según pudo percibir, se conocían entre sí. Dijo que los fueron llevando a ese lugar en tandas de cuatro o de cinco; y que en fotografías que se le exhibieron durante la instrucción de la causa, identificó a Washington Cram González y a Rubén Prieto González como dos de ellos. Asimismo, señaló que en esos días escuchó voces de niños que provenían de celdas contiguas, concretamente recordó la voz de un niño que cantaba alguna canción de cuna, lo que coincide con la presencia en ese lugar de los hijos de algunas de las víctimas. Finalmente, agregó que estas personas estuvieron muy poco tiempo en la celda, una o dos noches, y que luego los trasladaron.

En el mismo sentido, Barboza Sánchez sostuvo que dentro del centro habló con María Emilia Islas, y vio a su hija Mariana Zaffaroni. Islas le contó que ella y su familia habían sido secuestradas el 27 de septiembre, que Jorge Zaffaroni también estaba en el centro clandestino; y que había sido brutalmente torturado.

El testigo Álvaro Nores, por su parte, dijo que dentro de Orletti también vio a María Emilia Islas en el sector de la cocina, y que habló con Anatole Julien, quien le dijo que estaba junto a su hermana y Marianita. Nores también dio cuenta de que Juan Pablo Recagno estaba en poder de los grupos que actuaban en conjunto, dado que lo vio al momento de su secuestro, circunstancia en la que advirtió rastros de tortura en su cuerpo, y afirmó que en el automóvil en el que lo trasladaron a Orletti, también llevaban a Recagno. Además, identificó como partícipes en el operativo y como presentes dentro del CCD a los oficiales uruguayos Gavazzo, Arab y Maurente.

Lo expuesto hasta es concordante también con el hecho de que Beatriz Castellonese declarara que fue mantenida en cautiverio en una casa en la Ciudad de Buenos Aires, que su esposo le informó que era la casa donde vivía Sara Méndez antes de ser secuestrada y que, como se ha probado, había quedado en manos del grupo.

La presencia del grupo en ese domicilio fue corroborada, además, por el propio Furci en su indagatoria, quien reconoció haber prestado funciones en ese lugar a disposición de Aníbal Gordon.

A estas pruebas se suma el documento del Batallón 601 relativo al operativo desarrollado en casa de la familia Zaffaroni-Islas. Este documento, que se encuentra agregado al legajo CONADEP de Estanislao Orestes Vaello, indica como destino interno de los prisioneros a la SIDE y como destino de entrega al OCOA. Documento 3

Esto, a su vez, es conteste con lo que relató Mariana Zaffaroni Islas, en cuanto a que Furci le dijo en alguna oportunidad que para quedarse con ella, tuvo que pedirle autorización a Gavazzo.

Y también en relación con esto, reviste singular interés el Sumario Administrativo letra “P” n° 237.029/76 de la División Retiros y Pensiones de la PFA. De este sumario se desprende que tres oficiales de la División de Asuntos Extranjeros de la PFA, que revestían en comisión en el GT 5, intervinieron junto con la SIDE en el operativo que tuvo lugar en el domicilio de la familia Julién-Grisonas. En ese mismo legajo aparece una nota del 3 de octubre de 1976 dirigida al Jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros, firmada por el Teniente Coronel (R) Juan Ramón Nieto Moreno, como Jefe del GT5. En esa nota hace saber la relevante actuación de estos tres oficiales, en (cito) “los procedimientos que condujeron al desbaratamiento del sector militar de la organización subversiva OPR 33 Orientales”. Documento 4

Sobre cuál fue el destino posterior a Automotores Orletti del resto de los secuestrados que hasta la fecha continúan desparecidos, existen dos indicios.

El primero es el informe elaborado por la Fuerza Aérea uruguaya, dirigido al Presidente de la República de ese país, del 8 de agosto de 2005, que fue recogido por la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, y aportado por el testigo Álvaro Rico. A través de esta nota, se informó que se había detectado la realización de dos vuelos por parte de esa fuerza, desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Buenos Aires hacia el Aeropuerto de Carrasco en Montevideo, ambos por pedido del SID y coordinados por ese servicio, que tuvieron lugar, el primero, el 24 de julio de 1976, y el segundo el 5 de octubre de ese mismo año. Según se sostiene allí, el motivo alegado por el SID para su solicitud fue, “preservar la vida de las personas detenidas en la República Argentina, trasladándose a nuestro país, ya que de la información existente, surgía la posibilidad inminente de muerte de las mismas en aquél lugar”. Es por eso que, continúa el documento:

“Se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de detenidos”.

[…]

“Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones”.

De lo dicho hasta aquí, puede advertirse claramente que el vuelo del 24 de julio es aquél en el que fueron trasladadas las víctimas sobrevivientes de la primera oleada represiva contra el PVP.      

Ahora bien, del vuelo del 5 de octubre al que refiere esta nota, no hemos hallado sobrevivientes. Los traslados de prisioneros recluidos en Orletti que, como vimos, se produjeron en fechas cercanas, incluso uno el mismo 5 de octubre, de acuerdo a lo que declararon sobre los trasladados y a otros elementos, se llevaron a cabo a través de vuelos comerciales de la aerolínea “Pluna”.

Sabemos de la existencia de otro traslado que no hemos mencionado aún, y que es en el que se llevaron a la argentina María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, embarazada. Esto lo conocemos porque ella fue vista en el CCD en Uruguay, y su hija Macarena fue apropiada por una familia uruguaya.    

Sin embargo, de acuerdo al testimonio de José Luis Bertazzo que permaneció cautivo en Orletti junto con ella, pudo verla en ese lugar al menos hasta el 6 o el 7 de octubre, lo que indicaría que su traslado se produjo con posterioridad al 5 de octubre.

Es por lo expuesto que tanto en la Investigación Histórica como en otras investigaciones se afirma, si bien con carácter relativo, que en el vuelo llevado a cabo por la Fuerza Aérea uruguaya el 5 de octubre fueron trasladados los ciudadanos uruguayos secuestrados en el marco de la segunda oleada represiva contra el PVP, a la que acabamos de referirnos, quienes, habrían sido definitivamente desaparecidos en territorio uruguayo. De hecho, sobre esto el experto Álvaro Rico afirmó que la conclusión de la segunda oleada represiva contra el PVP que

“Se materializó con el denominado “segundo vuelo” a Uruguay, consistente en el envío de prisioneros que fue realizado en forma clandestina; y en el año 2005, confirmó su existencia el entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea uruguaya, cuando emitió un informe a pedido de la Presidencia de la República, y allí especificó la fecha en que se llevó a cabo, pero no los nombres de quienes fueron trasladados”.

Sin embargo, como también explicó el testigo, no se han obtenido elementos que permitan conocer las identidades de las personas efectivamente trasladadas en esa oportunidad.

Y esto nos lleva al segundo indicio al que queríamos hacer referencia, y que es la identificación de los restos de Alberto Cecilio Mechoso Méndez en territorio argentino. En efecto, en este juicio se acreditó que su cuerpo acribillado e insertado en un tanque de combustible con cal, fue hallado el 14 de octubre de 1976 en el canal de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

Junto con él y en similares condiciones, se encontraron otros siete cadáveres, de los cuales cinco también fueron identificados y pertenecen a personas que, al igual que Mechoso y sus compañeros, permanecieron cautivos en Automotores Orletti bajo la custodia de los miembros de la OT 18 de la SIDE, lo que, por eso mismo constituye otro elemento de prueba que confirma el alojamiento del grupo del PVP en ese lugar.

Este hecho, la identificación de Mechoso, indica que es posible que al menos algunos de los secuestrados entre fines septiembre y principios de octubre no hayan sido trasladados a Uruguay, sino que fueron asesinados en nuestro país. Es decir, que podrían haber seguido la misma suerte de Mechoso. Lamentablemente, esto es todo lo que podemos aportar aquí acerca del destino de los uruguayos que desaparecieron en nuestro país en esa época.

Señores jueces: Con posterioridad a estos hechos, la persecución al PVP en el exterior prosiguió.

En 1977 se produjo la detención y secuestro de dos de sus integrantes, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana Scotto en Paraguay, con participación del SID y de la SIDE. Sobre esto nos explayaremos más adelante.            

Al año siguiente se produjo otro operativo, esta vez en Porto Alegre, donde se intentó secuestrar a Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, que finalmente fueron detenidos, repatriados forzosamente y alojados en el Batallón 14.

La coordinación en suelo uruguayo

Señores jueces: Hasta ahora nos referimos a actividades de coordinación desarrolladas en el marco de la Operación Cóndor que tuvo como localización principal el territorio argentino. Sin embargo, también se encuentra acreditado el accionar de la coordinación represiva regional en territorio uruguayo. Si bien nos explayaremos sobre estos sucesos más adelante, aquí los reseñamos brevemente.

En primer lugar, nos referimos al secuestro de los hermanos argentinos Lila y Claudio Epelbaum, ocurrido en Punta del Este el 4 de noviembre de 1976. En el operativo participaron miembros de organismos represivos argentinos que actuaron en coordinación con las fuerzas uruguayas, y se falsearon datos para encubrir su repatriación forzada a la Argentina. Fueron vistos en el CCD de nuestro país conocido como “Proto Banco”, y en 2014 los restos de Lila Epelbaum fueron identificados en el cementerio de Avellaneda, lo que corrobora su traslado a Argentina.

En segundo lugar, nos referimos al gran operativo producido en Uruguay contra un grupo de argentinos integrantes de la organización Montoneros. Sobre esto se explayó el testigo experto Álvaro Rico y escuchamos el relato de Rosario Evangelina Quiroga y Alejandrina Barri.

Estos hechos no integran el objeto procesal del debate por lo que resumiremos a continuación la secuencia en que se produjeron, sin perjuicio de lo cual, también se hará una breve referencia al explayarnos sobre los hechos de los que fueron víctimas los integrantes de los GAU y la UAL en Argentina, dada la relación que, como veremos, existió entre estos dos conjuntos de hechos.

El primer secuestro fue el de Oscar De Gregorio, que se produjo el 16 de noviembre de 1977 en el puerto de la ciudad de Colonia. Recluido en el FUSNA, fue interrogado por personal argentino, concretamente, de la UT 3.3/2 de la ESMA que viajó especialmente a Uruguay, y trasladado clandestinamente a nuestro país en donde permaneció cautivo en la ESMA.

El 15 de diciembre, en el balneario uruguayo Lagomar, fueron secuestrados en la vía pública, Rosario Evangelina Quiroga y Rolando Pisarello. En la casa que habitaban en Lagomar estaban sus compañeras Susana Mata, pareja de Juan Alejandro Barri, junto a su hija Alejandrina; María del Huerto Milesi, pareja de Rolando Pisarello y su hija María Laura y las tres hijas de Quiroga. En la madrugada, se produjo un operativo en esa casa durante el cual fue asesinada Susana Mata y tanto Milesi como las niñas fueron secuestradas. También durante la mañana del 15 tuvo lugar un tercer operativo en la ruta interbalnearia uruguaya, en donde Alejandro Barri fue asesinado y Jaime Dri fue secuestrado luego de haber sido herido de bala.

Al día siguiente, el 16 de diciembre, en la casa del conocido pianista argentino Miguel Ángel Estrella se produjo un cuarto operativo en donde fueron secuestrados Estrella junto a otras tres personas, todos integrantes de Montoneros radicados temporalmente en Montevideo. Todos ellos fueron alojados en el sótano de una casa ubicada en cercanías del aeropuerto de Carrasco, en donde fueron salvajemente torturados e interrogados; y luego fueron entregados al personal argentino integrante de la UT 3.3/2 de la ESMA.

Dri, Quiroga, sus tres hijas, Milesi, Pisarello y su pequeña hija también fueron repatriados forzosamente por miembros del grupo de tareas de la ESMA en coordinación con el FUSNA, y mantenidos en cautiverio en ese CCD. Todos ellos sobrevivieron.

Miguel Ángel Estrella, que era refugiado por el ACNUR, quedó en Uruguay junto a las otras personas que habían sido secuestradas con él. Todos fueron trasladados a cárceles uruguayas en donde permanecieron prisioneros durante varios años luego de ser procesados por la justicia militar de ese país.

Oscar De Gregorio, que ya había sido trasladado a Argentina y se encontraba muy deteriorado físicamente producto de las torturas sufridas y de una herida de bala provocada durante su secuestro en Uruguay, fue torturado nuevamente en la ESMA. Producto de los continuos vejámenes, su estado físico empeoró hasta que producto de una infección, murió en ese CCD. Su cuerpo continúa desaparecido.

En cuanto a hijas de Quiroga y Milesi, fueron entregadas a las familias en Argentina.

Pero en el caso de Alejandrina Barri, tal como ella misma relató en la audiencia, la situación fue diferente. Los organismos represivos montaron una operación psicológica de difamación en la que fue fotografiada y sus fotos publicadas en la prensa argentina y uruguaya. Allí se dio difusión al operativo montado en Uruguay contra esta célula de Montoneros y se sostuvo que la niña había sido abandonada por sus padres, que era una víctima y que sus padres habían decidido dejarla huérfana. Finalmente, publicaron que habían encontrado a sus familiares y la niña fue entregada a su abuelo paterno, quien viajó a Uruguay a buscarla.

Álvaro Rico destacó que entre la documentación relevada se encontró un documento del Departamento III, del S.I.D., en el que se señalan las distintas unidades que participaron en la conferencia de prensa realizada por Nino Gavazzo, en la que se aludió a los secuestros de Montoneros en Uruguay. El testigo remarcó la relevancia de este hallazgo toda vez que se atribuía la responsabilidad de estos sucesos únicamente al cuerpo de Fusileros Navales, pero en esa conferencia Gavazzo demostró un gran conocimiento para arribar a conclusiones y establecer relaciones con las distintas unidades intervinientes, demostrando que ese cuerpo no actuó de manera aislada.

Finalmente, otro operativo ejecutado en suelo uruguayo y que integra el objeto en este debate, es el que involucró a la familia Grispón-Logares, que en Argentina habían estado vinculados con la organización Montoneros. Fueron secuestrados en Uruguay el 18 de mayo de 1978 y repatriados forzosamente a la Argentina, donde fueron mantenidos en cautiverio primero en el CCD de la Brigada de San Justo y luego en el “Pozo de Banfield”. La hija del matrimonio, Paula Eva Logares, fue apropiada por el subcomisario de la Brigada de San Justo Rubén Lavallén. En 1984, Paula recuperó su identidad.

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Con esta introducción general, que brinda líneas para ordenar lo que sigue, podemos pasar ahora a analizar lo sucedido con cada una de las víctimas.