Contexto histórico de Chile
Acceder al listado de víctimasLa dictadura chilena
A diferencia del resto de los países, el golpe de Estado en Chile se produjo contra un gobierno de corte progresista, que había proclamado que se encontraba instrumentando una “vía al socialismo”. Lo precedió un intenso proceso de movilización y polarización social. El golpe de Estado buscó poner fin a esos procesos.
En el caso chileno, al momento del golpe de Estado no estaba predefinido el método de disciplinamiento social a utilizar. Esto implicó que la consolidación del modelo represivo chileno demorara por lo menos dos años.
La dictadura chilena pasó de un esquema de detención en grandes campos de concentración, fusilamientos y del internamiento de las figuras principales del depuesto gobierno de la Unidad Popular, a un modelo de represión clandestino instrumentado por una nueva fuerza, creada para tal fin, al menos en el período al que nos ocupa en este juicio.
Destierros y exilios
Mirando la cuestión desde las actitudes del Estado en relación con la expulsión de opositores políticos, podemos decir que en Chile sucedieron tres cosas.
Primero, hubo requerimientos de expulsión con prohibición de retorno. En este caso podemos hablar de destierros formales. Esto comenzó a suceder dos meses después del golpe, con la promulgación del decreto- ley 81, que facultaba a Pinochet para disponer la expulsión o abandono del país de personas, extranjeras o nacionales y para prohibir el retorno a los que hubieran abandonado el país sin sujetarse a las normas establecidas, hubieran sido expulsados u obligados a abandonar el país o estuvieren cumpliendo penas de extrañamiento.
El dictado de este decreto-ley habilitó a la dictadura a comenzar el vaciamiento de los campos de concentración que se habían creado a continuación del golpe de Estado, que eran objeto de reclamo por parte de la opinión pública internacional. Por medio de este decreto fueron expulsados los principales cuadros de los partidos y organizaciones políticas de la vida del Chile democrático que sobrevivieron al golpe de Estado.
Lo segundo que sucedió fue que hubo personas que fueron directamente amenazadas y forzadas a salir del país, no mediante una orden escrita, pero si por la acción directa de los agentes del régimen. Esta tendencia se vio acentuada sobre todo luego de la formación de la DINA a fines de 1974.
Y lo tercero que sucedió fue que ante el avance de la represión sobre los grupos políticos y los individuos, hubo personas que se sintieron amenazadas y decidieron salir del país.
En Chile ocurrió, además, que, dadas las características del gobierno de la Unidad Popular, había habido muchos exiliados de otros países como Uruguay o Brasil que se habían trasladado a Chile, y también personas que habían viajado a Chile para observar y participar de esa experiencia política. Esas personas se convirtieron en blanco de la dictadura, que, fiel a los principios de la Seguridad Nacional, veía en los extranjeros a los “inoculadores” del mal en su país. Estos exiliados, muchos de los cuales fueron refugiados por ACNUR, debieron abandonar Chile y reexiliarse. María Bernabella Herrera, funcionaria de ACNUR en esa época, dio un cuadro de esta situación durante su declaración.
Muchos de los chilenos amenazados, como los extranjeros que debieron reexiliarse, encontraron en la Argentina de 1973 una tierra de refugio.
Este proceso de expulsiones y la conformación de las comunidades de exiliados chilenos a lo largo y a lo ancho del globo, tuvo un resultado no esperado por la dictadura. La salida de estas figuras públicas y de tantos otros que sufrían la represión implicó el surgimiento de una fuerte corriente de denuncia internacional. En Chile, la prensa oficialista agudizó todos sus recursos para denunciar como “antipatria” a todos estos desterrados que comenzaban a transformarse en exiliados. Hacia fines de 1973, comenzó a elaborarse el discurso del “exilio dorado” y de la “campaña antichilena” que serviría también a la dictadura argentina para enfrentar oportunamente a sus propios exiliados.
La conformación de la DINA a fines de 1974, implicó la organización un sistema de espionaje y represión a los exiliados. La planificación y ejecución, aunque en algunos casos fallida, de asesinatos de las principales figuras de la oposición en el exterior, que sería luego imitada por otras dictaduras de la región como Uruguay, Paraguay y Bolivia; y la implementación de campañas de acción psicológica como la Operación Colombo en 1975, tenían por finalidad amedrentar tanto a las comunidades de exiliados como a la sociedad chilena. Esto se vio incrementado cuando el Cóndor entró en vigencia.
Estructura represiva
Dijimos que detrás de la represión a los exiliados chilenos estuvo la DINA. Vamos ahora, entonces, a mirar la estructura de la DINA para entender cómo se produjo su vinculación con Cóndor. Nuevamente, como en el caso uruguayo, no vamos a hacer referencia a la totalidad de la estructura represiva chilena.
Para esta reconstrucción utilizamos esencialmente el Informe Rettig, la documentación secuestrada al espía chileno Arancibia Clavel y la selección documental de la causa plan Cóndor de Chile, remitida por exhorto en el marco de este juicio. Adicionalmente, también usamos las declaraciones efectuadas en este juicio por los testigos expertos John Dinges, Peter Kornbluh y Mario Rafael Castillo Bustamante. Cuando se haya utilizado alguna otra pieza documental, lo aclararemos.
Ya hicimos una referencia general a la DINA. Ahora brindaremos algunas precisiones y ampliaciones.
Recordemos que una forma prototípica de la DINA fue fundada en noviembre, de 1973, bajo el nombre de “Comisión DINA”. Ya en octubre de 1974 comenzó a perfilarse en Chile lo que sería el modelo más permanente de represión.
A la vez que se vaciaban los campos de concentración y comenzaba la política oficial de destierros y relegamientos, se organizó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y junto a esta, el dispositivo represivo clandestino centralizado que primaría a partir de ese momento, estructurado en torno a la obtención de información por medio de tortura, la desaparición de personas y el establecimiento de centros clandestinos de detención.
La DINA fue creada el 14 de junio de 1974 por el decreto ley N° 521 de la Junta Militar de Chile. El decreto la definió como un organismo de inteligencia técnico profesional que tenía por función asesorar directamente a la Junta Militar, a partir de la reunión de información y la producción de inteligencia. Documento 1.
La DINA, surgió como brazo armado de Pinochet y le sirvió para construir su hegemonía dentro de la alianza de fuerzas que se estableció luego del golpe de Estado. Con la DINA, Pinochet se proponía hacer varias cosas: primero, destruir a la oposición política; segundo, quitar protagonismo a las Fuerzas Armadas en la represión, y de esta manera, lograr subordinarlas. Contreras dirigió la represión con la DINA; y Contreras reportaba directamente a Pinochet; y tercero, ayudar a Pinochet a consolidar su hegemonía mediante el control y purga sistemática de los organismos del Estado.
Sobre las funciones de la DINA, en el informe Rettig se afirma que, “en la práctica la DINA tuvo y se arrogó, las más amplias funciones de inteligencia y seguridad, en Chile y en el exterior. Reunía información, la analizaba y proponía políticas de Gobierno basadas en ellas, en los más diversos campos del quehacer público, nacional y extranjero”. Además de ello, tenía una función operativa, esto es, la realización de acciones específicas para cumplir objetivos de seguridad, tal como los entendía
Para el cumplimiento de sus funciones principales, la DINA desarrolló un sinnúmero de tareas y programas de apoyo, incluyendo el control de registros públicos; el establecimiento de una red de colaboradores o informantes en servicios públicos; la aprobación y veto de nombramientos y de otorgamiento de ciertos beneficios estatales; el establecimiento de relaciones de coordinación con otros servicios de inteligencia en el extranjero así como también con grupos de carácter terrorista; y distintas actividades encaminadas a obtener fondos, entre ellas variadas formas de asociación con personas naturales o empresas o el establecimiento de empresas propias.
A la DINA, entonces, se le otorgaron amplios poderes represivos: en el nivel de la obtención y procesamiento de información, por medio de la centralización de actividades de inteligencia, pero también se le dio capacidad operativa, por cuanto se le permitía la realización de allanamientos y detención de personas.
En cuanto a la estructura, según el decreto de fundación, tendría “un oficial general o superior, en servicio activo, en las Fuerzas de Defensa Nacional”.
La planta estaría constituida por “personal proveniente de las instituciones de Defensa Nacional”, es decir, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones; y por personal civil que, para ser contratado, debía ser aprobado por Decreto Supremo y por el Ministerio de Hacienda.
Además de los miembros de planta, la DINA contaba con agentes agregados provenientes de las distintas Fuerzas Armadas o Carabineros, personal contratado, asesores, colaboradores, contactos en servicios del Estado e informantes. Pero la mayoría del personal provenía de las FFAA. Los cargos más altos los ocupaba personal del Ejército, aunque también hubo miembros de la Marina y Fuerza Aérea, y también civiles, muchos de ellos reclutados de los grupos de extrema derecha.
La estructura era jerarquizada. La descripción que sigue se realiza a partir de dos organigramas agregados en la causa Plan Cóndor de Chile.
Uno de los organigramas se encuentra a fojas 1510-1513 de dicho exhorto y el otro es un informe pericial planimétrico, elaborado a partir de la declaración del ex miembro jerárquico de la DINA, Coronel (R) Rolf Wenderoth Pozo, que se encuentra a fojas 921-921 del exhorto. Documento 2 y Documento 3.
La jerarquía superior estaba compuesta por un director y un subdirector.
La sede de la dirección de la DINA fue el Cuartel General, sito en la calle Belgrado 11, en Santiago.
Había además varias subdirecciones: Exterior, Interior, Económica, Psicológica, Apoyo Técnico y Transportes, dependientes del director general.
La subdirección interior, tenía dos brazos operativos. Uno, la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM) que se ocupaba de las actividades en Santiago y otro, la Brigada de Inteligencia Regional (BIR), que se ocupaba de las relaciones con las unidades o contactos de la DINA en las regiones.
La BIM tuvo una primera sede en la rinconada de Maipú. Luego pasó a Villa Grimaldi. La BIM tenía un jefe, una plana mayor y agrupaciones operativas. En la primera época, las tareas operativas eran más desordenadas y poco planificadas. Existían diversas agrupaciones o unidades con nombres como “Caupolicán”, “Purén” o “Lautaro”. Cuando la BIM se instaló en Villa Grimaldi, hubo una reorganización, se crearon solo dos grandes agrupaciones, “Caupolicán”, encargada de la represión al MIR y “Púrén”, que se ocupaba de los demás partidos. Cada una de estas agrupaciones, se subdividían en unidades de 20 a 30 agentes.
Ya mencionamos que con la DINA comenzó en Chile la práctica sistemática y planificada de la desaparición de personas, que se diferenció de la etapa anterior en que el ocultamiento de los cuerpos se relacionaba con muertes en sesiones de tortura o fusilamientos. Para esta nueva táctica represiva se crearon centros clandestinos de detención. El primero de estos recintos funcionó en el interior del cuartel de Tejas Verdes. Luego se crearon los CCD “Cuatro Álamos” que funcionaba dentro de un recinto de detenciones oficial de la DINA llamado “Tres Álamos”; “Londres 38”, una casa que funcionaba en pleno corazón de la ciudad de Santiago; “José Domingo Cañas”; “Villa Grimaldi; “La Venda Sexy”; “Implacate” y el “Cuartel Venecia”.
Además de esos CCD, la DINA contó con otras instalaciones utilizadas para la labor represiva: el Cuartel General de la Calle Belgrado 11; Rinconada de Maipú; una clínica médica ubicada en el centro de Santiago y el Hospital Militar. Adicionalmente, en el marco de la labor de la comisión Rettig, se recibieron denuncias sobre la existencia de centros clandestinos de detención en la colonia alemana Dignidad y en la localidad de Parral. Y más recientemente se comprobó la existencia de un centro específico de exterminio, Simón Bolívar.
Por los CCDs pasaron algunas de las víctimas de Cóndor, trasladadas desde otros países.
Por otro lado, estaba la subdirección exterior de la DINA, llamada también “DINA exterior”. El origen de la DINA exterior parece remontarse al momento mismo de formalización de la DINA, en 1974, según el parte 2822, del Departamento V de la Policía de Investigaciones de Chile agregado a fs. 1042 a 1061 del exhorto en el que se remitieron piezas del expediente de la causa Cóndor chilena. Documento 4.
La DINA desarrolló estrategias de neutralización y contra ataque para desalentar o finalizar las actividades de denuncia desde el exterior. Para ello, desarrolló tareas de inteligencia y contra propaganda. Pero la DINA fue más allá y se planteó también la realización de operaciones en el exterior.
La subdirección exterior dependía directamente de Contreras. Su sede, según el parte 2822 funcionaba en las mismas dependencias de la sede central. La creación de esta subdirección implicó una reasignación de recursos existentes. Se incorporó también personal civil. Afirma el informe Rettig que “a partir de 1974 la DINA desarrolló cada vez más una “capacidad extraterritorial”, que incluía fuerzas operativas en varios países. Estas contaban con personal propio y eran también fortalecidas con la colaboración con otros servicios y organizaciones en el exterior”. A esto hay que sumar las alianzas con grupos de extrema derecha: argentinos, exiliados cubanos e italianos principalmente.
¿Cuáles eran las tareas de la subdirección exterior de la DINA? Primero, tareas de inteligencia y contrainteligencia estratégica; segundo, control de la red del servicio exterior oficial y tercero, operaciones y misiones relacionadas con la represión.
Hemos dicho ya que en el caso de Chile se cuenta con un conjunto documental de características únicas, los documentos secuestrados durante la detención de Arancibia Clavel; y en la parte general reseñamos las características de las redes que se tendieron a partir de las actividades de este espía, y el esquema de coordinación organizado entre Arancibia Clavel, el enlace clandestino de la DINA en Buenos Aires y Víctor Barría, el enlace oficial de la DINA en Argentina.
Ahora vamos a hacer referencia a los documentos que fueron enviados desde la Subdirección de Inteligencia Exterior, para conocer cuáles eran los intereses de la DINA en el exterior y cómo operaba el departamento exterior de un servicio de inteligencia de la región mirando en el largo plazo, durante los años más duros de la represión regional, entre 1974 y 1978.
En líneas generales, se realizan pedidos de información sobre realidad nacional, política, social. Además sobre cuestiones concretas que tienen que ver con la defensa nacional, sobre todo después del año 1977 y la transformación de la DINA en CNI. También es posible confirmar el uso de la DINA para espionaje y disciplinamiento del servicio exterior chileno. Pero también se ve claramente que la central de la DINA recopilaba información sobre actividades de los exiliados e incluso, ordenaba su secuestro. Para ilustrar lo anterior, vamos a referirnos a algunas de las piezas documentales.
El primer documento, es el memorándum 023 y anexo, firmado por la Subdirección de Inteligencia Exterior y remitido a Arancibia Clavel. De aquí, nos interesa el anexo 34 (secreto), que son unas instrucciones al personal que se desempeña en el exterior. En este documento se dan indicaciones sobre las características físicas que deben tener los envíos de información; de indican cuáles son los temas de interés para la DINA exterior. Y, en el punto h se solicita información sobre actuación de los servicios de inteligencia o policiales en lo referido a elementos subversivos o extremistas, con mucho nivel de detalle: quiénes eran los jefes, cuál era el centro de poder real de la organización, si había chilenos o agentes diplomáticos involucrados, cuáles eran las actividades que realizaba y su volumen, su importancia en el país de acogida, dónde estaban citas las oficinas o dependencias de las organizaciones, cuáles eran las vulnerabilidades de las organizaciones, conexiones con otros grupos o partidos políticos, grado de conexión con autoridades de gobierno o representaciones extranjeras. Documento 5.
Otro documento demuestra la operatividad de la DINA en el exterior. La jefatura de la DINA remitió explícitas órdenes de captura de ciudadanos chilenos en el exterior. Se trata del Memo del 04/12/1975, firmado por Luis Gutiérrez, que era el alias utilizado por los jefes de la DINA exterior. El mismo reza:
“Daniel, el correo del MIR detenido, ¿corresponde a Leandro Alarcón Ovando? Si esto es efectivo estaríamos interesados en su traslado a Chile. “Daniel” tiene contactos con Edgardo Enríquez, que es necesario obtener y utilizar para permitir su captura.
De la documentación capturada a Daniel se desprende que Ruy Mauro Marini, alias Luis, segundo hombre del CC del MIR con vinculaciones con la JCR viajaría en estos días a Argentina, con su identidad verdadera para entrevistarse con Edgardo Enríquez. Ver la posibilidad de capturarlos.”
En el exterior, la DINA operó inicialmente en Argentina. Luego extendió sus actividades a otras latitudes. Para establecer sus actividades se sirvió primero de una red de civiles chilenos, de ideología derechista, en Argentina, durante el gobierno de la Unidad Popular entre los que se encontraba Arancibia Clavel. Las redes referidas fueron incorporadas en el organigrama de la DINA. En este sentido debe mencionarse lo que se afirma en el Parte 1077, del departamento V de la Policía de Investigaciones de Chile en el marco de la causa Plan Cóndor de Chile, a fs. 1965-1982 del exhorto remitido. Allí se destaca la presencia dos redes, una en Buenos Aires, encabezada por Arancibia Clavel; y otra en Mendoza. Documento 6.
La subdirección exterior de la DINA, una vez consolidada, comenzó a enviar agentes destacados en las embajadas, que hacían las veces de enlaces oficiales con organismos represivos locales.
Para realizar actividades en el exterior, la DINA debió colaborar con organismos y grupos en el exterior, tanto con los servicios con similares funciones, como con agrupaciones políticas que prestaban su servicio de manera temporal o permanente. Esto inició durante el primer período de desarrollo de la DINA. Luego, en un período más avanzado, a fines de 1975, la DINA pasó a operar, al menos en los países del Cono Sur, en el marco del Cóndor.
En el informe Rettig se afirma que “algunos de los resultados y efectos de estas actuaciones, organizadas como operativos de inteligencia implicaron gravísimas violaciones a los Derechos Humanos de múltiples personas que en su mayoría habían adquirido la condición de refugiados o asilados políticos en los países donde los alcanzó la mano de la DINA”.
En cuanto a recursos económicos, la DINA contó con fondos presupuestarios de carácter reservado. Pero además, para sostener el aparato, se dio la tarea de generar recursos propios. Para eso creó empresas en Chile y en el exterior, se asoció con otras y además, recibía donaciones de empresas. Además, se apropió de bienes inmuebles, automóviles y pertenencias de las personas secuestradas.
La DINA funcionó hasta agosto de 1977, cuando sus bienes y personal fueron traspasados al organismo que se creó para reemplazarla: la Central Nacional de Informaciones (CNI). Tanto Peter Kornbluh como John Dinges concordaron, en sus declaraciones, en que este cambio se produjo a raíz del atentado que se había producido en septiembre del año anterior en Washington y había costado la vida del ex canciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier. Según Kornbluh, en su libro Pinochet, los archivos secretos, en la práctica, se produjo un ascenso de Contreras de coronel a general de brigada, fue desplazado del cargo, y en su antiguo cargo fuera puesto Odlaniel Mena, opositor a Contreras. En la práctica, la CNI tuvo las mismas funciones que su antecesora.
Señores jueces: Hasta aquí hemos visto la estructura general de la DINA. Pasemos ahora a explicar las características de su subdirección exterior.
Ya mencionamos que dentro de la DINA surgió la Subdirección Exterior, que desarrolló actividades fuera de Chile en el marco de Cóndor. Vamos a ver ahora cuáles fueron los blancos de esas actividades.
Los blancos de Chile y las operaciones en el exterior
Son muy conocidos y ya fueron mencionados los asesinatos o intentos de asesinato que llevó a cabo la DINA: Prats y Letelier y los fallidos contra Leighton, Altamirano, Pascal Allende y Teitelboim. También podemos incluir aquí a Edgardo Enríquez. Todos ellos eran dirigentes de las corrientes que podrían haber hecho frente a Pinochet: Prats, con gran ascendiente entre los militares constitucionalistas y además había sido jefe de Pinochet; Letelier, dirigente del Partido Socialista, Leighton de la democracia cristiana, Altamirano también socialista y Teitelboim del partido comunista. Y a esto hay que sumar a la dirigencia del MIR, Edgardo Enríquez y Andrés Pascal Allende.
Así como los dirigentes de estos partidos y organizaciones fueron perseguidos, también lo fueron los activistas.
La coordinación chilena-argentina se cobró varias víctimas en Argentina. Veamos cuáles fueron las organizaciones blanco de la represión chilena en nuestro país, para poder situar los secuestros que se tratarán luego, que son objeto de investigación en este juicio.
Represión a las organizaciones políticas
El MIR
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile surgió en Concepción, Chile en 1965.
En 1967 se impuso dentro del MIR la línea castrista, encabezada por Miguel Enríquez, Bautista Van Schowen, Luciano Cruz y Andrés Pascal.
En el período 1970-1973 el MIR no formó parte de la Unidad Popular y tuvo una relación errática que varió entre la confrontación y el apoyo, por ejemplo, al crear el llamado “Grupo de Amigos del Presidente”, la guardia personal de Allende.
El gobierno de la Unidad Popular fue un espacio de confluencia de exiliados de los países que iban cayendo en manos de las dictaduras. En este contexto, desde comienzos de la década del 70 el MIR estableció vínculos primero con exiliados bolivianos y brasileños y luego también con los uruguayos de la “columna guacha” de los Tupamaros, formada por los exiliados en Chile. En 1972, además, llegaron a Chile los dirigentes de las organizaciones de izquierda argentina que se fugaron de la cárcel de Trelew y comenzaron a tenderse vínculos entre el MIR y el PRT de Argentina. Todos estos vínculos fluyeron hasta que en 1974 se anunció la creación de la Junta de Coordinación Revolucionaria, una alianza entre el MIR, los Tupamaros, el PRT-ERP y el ELN de Bolivia.
El MIR, luego del golpe de Estado, decidió que no iba a exiliarse. La salida de los dirigentes y cuadros del MIR se fue produciendo o bien por decisiones puntuales de la organización o por el efecto de la masiva represión desplegada sobre la organización.
Además, hacia 1974 comenzaron a prepararse para resistir a la dictadura. En este marco, se asentó una base del MIR en Buenos Aires. En ese grupo estuvieron destacados los brasileños Emir Sader, que se fue de Argentina durante 1975; su compañera Regina Marcondes Pinto, Patricio Biedma y luego, en mayo de 1975, Edgardo Enríquez.
Entre diciembre de 1975 y febrero de 1976 llegaron a Buenos Aires seis miembros del MIR que provenían de Cuba, para trabajar a las órdenes de Edgardo Enríquez: Mario Espinoza Barahona, Lorenzo Homero Tobar Avilés, Claudio Ocampo Alonso y Jorge Ángel Machuca o Vercelotti Muñoz, Miguel Orellana Castro y Heriberto Leal Sanhueza. Todos ellos habrían sido víctimas de las redes de coordinación represiva, siendo muertos en Argentina o encontrándose desaparecidos. Lo sucedido con los primeros cuatro está siendo investigado en el marco de la causa 4955 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, mientras que lo sucedido con Miguel Orellana Castro es objeto de análisis en este juicio.
El MIR en particular y la JCR, como conjunto del que formaba parte, se convirtieron en blanco de las redes de coordinación especialmente luego de la detención de Jorge Fuentes Alarcón en Asunción del Paraguay, en mayo de 1975. Ya hemos hecho mención a este caso en la parte histórica general, recordemos que fue detenido junto con Amílcar Santucho. A partir de esas detenciones, comenzó a llegar a la DINA y a los organismos de inteligencia argentinos, copiosa información sobre las actividades del MIR en Buenos Aires: miembros, locales, actividades, contactos, vías de comunicación. La documentación del Archivo del Terror y la documentación de Arancibia Clavel permiten ver cómo Edgardo Enríquez, Patricio Biedma, Ruy Mauro Marini, Emir Sader, Andrés Pascal y otros dirigentes y cuadros del MIR estaban establecidos o circulando en Argentina. Hubo seguimientos y órdenes de captura.
En octubre, en Santiago de Chile, se produjo un operativo durante una reunión del comité central del MIR, con resultados catastróficos: fue muerto Dagoberto Pérez y a raíz de este suceso Andrés Pascal debió asilarse en la embajada de Costa Rica. Además, en este operativo el MIR perdió gran parte de su arsenal e importante documentación. El MIR perdía nuevamente su dirección. Anteriormente, en octubre de 1974 se había producido el asesinato de Miguel Enríquez.
El 1° de noviembre de 1975 fue secuestrado en el hotel Liberty de esta ciudad Jean Yves Claudet Fernández. Había viajado a Buenos Aires para encontrarse con Edgardo Enríquez. Afirma John Dinges en su libro Operación Cóndor, que:
“Dos semanas después del asalto en Malloco, el agente Osvaldo Rawson del Batallón 601, que estaba trabajando en estrecha colaboración con Arancibia Clavel, cerraba el cerco en torno del aparato del MIR en Buenos Aires. Arancibia mandó sus informes a Chile diciendo que ya habían comenzado sus redadas de ciudadanos chilenos. Le solicitó a la DINA que le enviase fotos del nuevo líder del MIR, Edgardo Enríquez, para facilitar su búsqueda. Edgardo Enríquez justamente estaba en Buenos Aires […] y el ingeniero químico Jean Yves Claudet Fernández, chileno con pasaporte francés, de treinta y seis años, operaba como mensajero internacional del MIR.”
Dinges narra que en una entrevista con René Valenzuela, representante del MIR en París por ese entonces, le contó que, a pedido de Enríquez, Claudet había viajado con cartas y dinero que debía entregarle. Dinges narró el operativo de esta manera: su encuentro nunca se concretó: había caído en una trampa que le había tendido Rawson. Claudet firmó el libro de huéspedes, llevó sus maletas con el dinero y documentos a su habitación y al día siguiente desapareció sin dejar rastros. Los documentos de Arancibia Clavel dan cuenta de que Claudet fue secuestrado, interrogado y asesinado. Resulta particularmente interesante, la similitud entre este secuestro y lo acaecido con Alexei Jaccard, integrante del Partido Comunista chileno, que también había venido a Buenos Aires con dinero del exterior.
Meses después, y días antes del golpe de Estado, el 18 de marzo de 1976 habrían sido secuestrados Claudio Ocampo Alonso y Jorge Ángel Machuca Muñoz, que habrían integrado el equipo de los MIR que había venido de Cuba junto con Miguel Orellana Castro. Sus cuerpos habrían aparecido luego en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires.
El 7 de abril de ese mismo año, se produjo el operativo en casa de Emilio de Ipola, en el que, según relató durante su testimonio en el marco de este juicio, fue secuestrado junto con su mujer Olga Gloria Rojas, de nacionalidad chilena y ambos colaboradores del MIR. Fueron llevados a Coordinación Federal e interrogados por sus relaciones con esta organización.
El 10 de abril se produjo el operativo en el que fue asesinado Edgardo Enríquez, que narraremos específicamente luego. El mismo día fue secuestrada Regina Marcondes Pinto, miembro del MIR y que se encuentra desaparecida.
El 15 de abril fueron secuestrados Ángel Athanasiú Jara, Frida Elena Laschan Mellado y Pablo Germán Athanasiú Laschan. También ese día fue secuestrado Jorge Alberto Basso, de nacionalidad brasileña y miembro del MIR. Como se verá luego, Ángel Athanasiú y Jorge Basso tenían vínculos con el grupo de Edgardo Enríquez. Lo sucedido a la familia Athanasiú Laschan será abordado específicamente luego en este alegato. Lo sucedido con Jorge Alberto Basso está siendo investigado en el marco de la causa 4955 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7.
Durante el mes de junio fue secuestrado en Buenos Aires Miguel Orellana Castro.
En julio, fueron secuestrados y llevados a Automotores Orletti, Patricio Biedma, que reemplazó a Edgardo Enríquez en su papel de responsable del MIR en Argentina y enlace con al JCR y probablemente también Mario Espinoza Barahona, circunstancia esta última que, como ya mencionamos, está siendo investigada en instrucción.
En el mes de agosto se produjeron los secuestros de dos ciudadanos cubanos, funcionarios de la embajada de ese país en Buenos Aires, que colaboraban con la red del MIR en Buenos Aires: Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández.
Durante el año 1976 habrían sido secuestrados los últimos miembros de este grupo, Lorenzo Homero Tobar Avilés y Heriberto Leal Sanhueza. El primero de estos casos hechos que también está siendo investigado en instrucción.
Otros hechos vinculados con la represión al MIR fueron: el 16 de julio de 1976, el secuestro de María Cecilia Magnet Ferrero y Guillermo Tamburini, que se explicará en detalle a continuación: en la madrugada del 28 de julio de 1976 el secuestro de Luis Enrique Elgueta Díaz y Clara Haydée Fernández. Lo sucedido con de Elgueta Díaz se tratará específicamente luego. El 18 de diciembre de 1976, el secuestro de Carmen Angélica Delard Cabezas junto a su pareja José Luis Appel de la Cruz, en Cipolletti, provincia de Río Negro. Y un mes más tarde, el 17 de enero de 1977, el secuestro de Gloria Ximena Delard Cabezas junto a Roberto Cristi en Ramos Mejía. Lo sucedido con los tres primeros también será tratado a continuación. Lo sucedido con Roberto Cristi no se encuentra judicializado.
Otras privaciones ilegítimas de la libertad, también relacionadas con la represión al MIR fueron las de José Luis De la Maza Asquet, secuestrado en noviembre de 1977 y Luis Alfredo Espinoza González, secuestrado en diciembre de 1978. Éste último también será tratado puntualmente en este alegato.
El Partido Comunista chileno
Otro aspecto que debemos mencionar es lo ocurrido con el Partido Comunista chileno, agrupación de larga data en el país trasandino. Formó parte del gobierno de la Unidad Popular y el fin de esta experiencia, luego del golpe de Estado, forzó a la dirigencia comunista al exilio.
En el exilio, pronto las tareas que se impuso fueron por un lado, la resistencia, por medio de la denuncia internacional y por otro, la planificación del retorno. En Chile quedó una dirección interior y una parte de la organización, que actuaban de manera clandestina.
En 1976 ese sector “interior” de la organización fue fuertemente golpeado. La dirección exterior del Partido consideró entonces la necesidad la necesidad de hacer llegar recursos económicos para su reorganización y puesta en funcionamiento. Para ello, se decidió instalar una base en Buenos Aires que sirviera como puente antes del reingreso a Chile.
En ese marco, tal como se explicará a continuación, en el mes de mayo de 1977 se produjo una oleada represiva contra varios miembros del Partido Comunista chileno que se encontraban en Argentina. Dentro de este grupo fue secuestrado Alexei Vladimir Jaccard Siegler. Otra víctima de la represión coordinada contra el Partico Comunista chileno fue Cristina Magdalena Carreño Araya, secuestrada el 26 de julio de 1978. Y finalmente, Oscar Orlando Oyarzún Manso, secuestrado el 26 de enero de 1979.
El Partido Socialista
Otra de las agrupaciones atacadas por la dictadura chilena fue el Partido Socialista chileno, una de las fuerzas principales que compuso la Unidad Popular. A él pertenecía Salvador Allende. Luego del golpe de Estado, sus miembros fueron duramente perseguidos.
En este marco se explica lo sucedido con Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velázquez y Juan Humberto Hernández Zaspe, secuestrados el 03 de abril de 1976 en Mendoza y retornados forzosamente a Chile, donde desaparecieron.
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Habiendo realizado esta caracterización general del golpe de Estado, la dictadura y las características de la persecución, de manera coordinada, de miembros de organizaciones políticas extranjeras que fueron secuestrados en Argentina, podemos ahora detenernos en explicar lo sucedido con cada una de las víctimas de nacionalidad chilena.