Dictaminan que tres agentes de fuerzas de seguridad, condenados por delitos de lesa humanidad, sean dados de baja.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas indicó que la obligación de separar de sus cargos a los dos agentes de la Policía Federal y al otro de la Prefectura implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, ya que en este caso, si bien se encuentran en situación de retiro, continúan detentando estado policial por lo tanto aún existe la posibilidad de que sean llamados a prestar servicios, portar uniformes, credenciales y armas. Tras el pedido de colaboración efectuado por el fiscal federal Leonardo Filippini, cuando se encontraba a cargo de la Unidad
