Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a favor de quien se le atribuye la comisión del delito de estafa procesal - falsificación de pagaré -, pues omitió valorar las consideraciones relativas a que la falsificación del instrumento fue realizada por el imputado en venganza hacia quien lo denunciara por abuso sexual, tratándose así de una forma de violencia contra la mujer, resultando especialmente significativa dicha omisión, teniendo en cuenta el compromiso asumido por el Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales justos y eficaces (art. 7 incs. b y f, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer). -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite- (Fallos: 343:133)

Si bien los temas vinculados a la admisibilidad de los recursos locales resultan ajenos a la vía prevista en el art. 14 de la ley 48 por revestir carácter netamente procesal, a partir de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) se ha precisado que las limitaciones de orden local no pueden ser invocadas por los máximos tribunales provinciales para rehusar el abordaje de las cuestiones federales sometidas a su conocimiento. (Fallos: 342:1827)

Si bien las decisiones relativas a la improcedencia de los recursos deducidos por ante los tribunales de la causa no justifican, en principio, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, corresponde hacer excepción a tal regla sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad, en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de las defensa en juicio, cuando la decisión apelada frustra el alcance de la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea o suficiente. (Fallos: 339:1448)

"No es posible soslayar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio si está en juego el examen de un agravio de carácter federal, en tanto se cuestionó la inteligencia dada al art. 16, inc. i), de la ley 26.485 -reglamentaria de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como la Convención sobre los Derechos de los Niños y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. (Fallos: 338:1021)"

Corresponde revocar la decisión que anuló el auto que había rechazado la solicitud de suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal) en una causa en que no se ha puesto en crisis la calificación de los sucesos investigados como hechos de violencia contra la mujer, ya que el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional como nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente, lo que surge de considerar que el sentido del término juicio ("un juicio oportuno" según el inc. f del artículo mencionado) resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal, en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.