Descripción del caso

A partir de las pruebas producidas en el debate, se acreditó que Eduardo Efraín Chizzola Cano, uruguayo, de 26 años al momento de los hechos, en 1973 vivía en Montevideo y formaba parte de la Resistencia Obrera Estudiantil.

Para esa época, y con motivo de su actividad política, fue requerido públicamente por las fuerzas de seguridad de la dictadura que usurpaba el poder en la República Oriental del Uruguay, por lo que había pasado a vivir en la clandestinidad. En esa condición, Chizzola utilizaba documentación falsa a nombre de Rubén Pereyra y también era conocido como Renato.

Alrededor del 28 de marzo del año 1973, y luego de que fueran detenidos otros compañeros, salió de Montevideo para radicarse en la Ciudad de Buenos Aires.

En Buenos Aires, Eduardo Chizzola participó en la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo, espacio político que en adelante integró junto con su pareja Telba Juárez. Ambos integraban el denominado sector servicios, vinculado al aparato militar.

Durante el debate se demostró que el 17 de abril de 1976 Eduardo Chizzola Cano fue secuestrado en la ciudad de Buenos Aires o en sus inmediaciones junto con Telba Juárez, por personas adscriptas a las fuerzas represivas de las dictaduras militares del Cono Sur, que actuaron coordinadamente en territorio nacional y extranjero, para la persecución de sus opositores políticos. También se acreditó que ambos fueron asesinados por esas mismas fuerzas.

Efectivamente, dos días más tarde, el 19 de abril, apareció en el barrio de Barracas el cadáver de Telba Juárez con cuatro impactos de bala en el pecho y uno en la cabeza; y el 26 de abril se encontró el cadáver de Chizzola Cano en un basurero ubicado sobre la Av. Escalada entre Coronel Roca y 27 de febrero, de esta Ciudad. El cuerpo de Chizzola Cano presentaba quemaduras de segundo y tercer grado, lo que da cuenta de las torturas a las que fue sometido durante su cautiverio, así como una herida en la región supra escapular provocada con un arma de fuego; es decir, le dispararon por la espalda.

De acuerdo a la autopsia practicada sobre el cuerpo, su muerte se produjo por congestión y edema agudo de pulmón y cerebro meníngeo, entre 24 y 48 horas antes de que fuera encontrado, a partir de lo cual podemos afirmar que se lo mantuvo ilegítimamente privado de la libertad por al menos 7 días.

Lo enterraron como “NN” en el Cementerio de la Chacarita.

Al ser alertados de su desaparición, los padres de Eduardo viajaron a Buenos Aires desde Montevideo, para averiguar qué había pasado con él. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, las autoridades argentinas no les dieron una respuesta.

En este marco, y luego de su primera visita, entre el 30 de abril y el 1° de mayo, su madre Celia Cano, recibió en su casa en Montevideo la visita de Manuel Juan Cordero Piacentini, quien le mostró una cédula de identidad y una libreta de conducir y le dijo que habían sido encontradas al lado de un muerto argentino. Allí, Celia reconoció la foto y la firma de su hijo. Este episodio constituye un indicio concreto de que el secuestro y posterior homicidio de Eduardo Chizzola Cano, fueron realizados en coordinación por fuerzas represivas argentinas y uruguayas.

A lo largo de los años su familia realizó sin éxito denuncias y gestiones en diversos organismos, nacionales e internacionales.

Así, tanto lo que le ocurrió durante su cautiverio como su destino final le fueron ocultados a sus seres queridos durante 26 años, hasta que el 23 de agosto de 2002, una declaración judicial reconoció que la persona entonces enterrada como “NN”, cuyo cuerpo había sido exhumado y depositado en el Osario General del cementerio en 1980, era en realidad Eduardo Efraín Chizzola Cano.

De acuerdo a la descripción que hemos realizado, teniendo en cuenta las características particulares de los hechos que damnificaron a Chizzola Cano y a Juárez, y el especial contexto en que se produjeron (que detalláramos con anterioridad), entiendo que se encuentra probado que sus secuestros, torturas y homicidios formaron parte del plan ejecutado por la asociación ilícita que hemos llamado “Operación Cóndor”.

Prueba

Estos hechos se encuentran acreditados a partir de la valoración conjunta de diversos elementos de prueba producidos o incorporados durante el debate.

De la participación política de Chizzola Cano, tanto en Uruguay como en Argentina, de cómo fue perseguido por las autoridades uruguayas a raíz de esa participación, de cómo debió emigrar a la argentina escapando de esa persecución y de su vida en la clandestinidad, dio cuenta Miryam Dolva Zeballos Silveira durante su declaración prestada durante la audiencia de debate.

En este sentido, la Investigación Histórica sobre detenidos desaparecidos, realizada por la Universidad de la República del Uruguay también muestra la persecución de la que era objeto Chizzola Cano por parte del aparato represivo uruguayo.

En efecto, en esa obra se encuentra transcripta la ficha patronímica que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia confeccionó respecto de él, en donde quedó plasmado el modo en que se seguía la actividad política que realizaba. Documento 2.

José Alberto Imaz Breijo, en su declaración en la audiencia, dio cuenta de su presencia en Argentina junto con Telba Juárez, así como de la participación en el sector servicios dentro del PVP.

Que el secuestro de Eduardo Chizzola Cano ocurrió en las circunstancias descriptas da cuenta, por un lado, la denuncia formulada oportunamente ante la CONADEP por quien fuera su esposa, María del Pilar Videverrigain, agregada en el Legajo de la víctima incorporado por lectura al debate. Documento 3.

Por otra parte, contamos también con la declaración de Zeballos Silveira quien dijo haber tomado conocimiento de que Chizzola estaba desaparecido desde el 17 de Abril a través de Rubén Prieto González. También mencionó que la madre de Chizzola le contó sobre la visita que había recibido en Uruguay de parte de Manuel Cordero, y corroboró lo sucedido la declaración prestada durante la audiencia por Ricardo Gil Iribarne. El testigo contó, además, que mientras estuvo detenido en Uruguay en abril de 1976 fue interrogado por Manuel Cordero y Jorge Silveira, quienes, entre otras cosas, le preguntaron sobre Eduardo Chizzola y Telba Juárez, e incluso le mostraron un carnet de conducir a nombre de Chizzola, lo que confirma lo que Celia Cano le había contado a Zeballos Silveira, y, una vez más, la existencia de coordinación represiva entre las fuerzas uruguayas y las argentinas en la ejecución del secuestro y homicidio de Chizzola Cano y Telba Juarez.

Asimismo, el testimonio de Rubén Prieto Benencio da cuenta de la participación de Eduardo Chizzola en el PVP. En efecto, el testigo sostuvo que Eduardo Chizzola y Telba Juárez estaban vinculados con el área documentación.

En este sentido, son coincidentes los dichos de Ivonne Trías Hernández quien afirmó que Chizzola y Juárez se ocupaban de fraccionar documentación.

También María del Pilar Nores afirmó haber conocido a Telba Juárez y Eduardo Chizzola por haber trabajado con ellos dentro del PVP, aunque en ese momento no supo sus verdaderos nombres.

Asimismo, Alicia Cadenas Ravela contó en su declaración prestada en este debate cómo la comunidad de integrantes del PVP radicada en Argentina supo de la aparición del cadáver de Telba Juárez, el 19 de abril del 76, y de la desaparición de Eduardo Chizzola.

Al respecto, el testigo experto Álvaro Rico, sostuvo que su investigación le permitía ubicar el secuestro y homicidio de Chizzola Cano en lo que denomina la primera oleada represiva realizada en contra del PVP en la Argentina, ocurrida entre abril y junio de 1976.

Por otra parte, la causa iniciada en 1976 a raíz de la aparición de sus restos y los informes y peritajes allí incorporados dan cuenta del hallazgo del cuerpo de Eduardo Efraín Chizzola Cano en la fecha y en las condiciones descriptas anteriormente, así como de las causas de su muerte.

Por otra parte, es en el legajo n° 91 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, también incorporado a este debate, donde se determinó que ese cuerpo corresponde a quien en vida fue Eduardo Efraín Chizzola Cano. Allí se encuentran agregadas las fichas dactiloscópicas pertenecientes a Chizzola Cano enviadas desde la República Oriental del Uruguay, las impresiones digitales tomadas al cuerpo hallado el 26 de abril de 1976 y el peritaje dactiloscópico, que concluye que ambos juegos de huellas pertenecieron a la misma persona (ver fs. 2/20 y 57/72). Documento 4 y Documento 5.

Asimismo, acreditan también los sucesos antes descriptos el Legajo Conadep n° 7201, el Legajo Comipaz n° 111 y el expediente civil en el que se declaró su ausencia por desaparición forzada del Juzgado Nacional en lo Civil n° 105, en la fecha y en las condiciones que hemos descripto. Documento 6.

Contamos, por otra parte, con numerosos documentos pertenecientes al conjunto de archivos desclasificados de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos de Norteamérica, enviados por la Dirección del Proyecto de Documentación del Cono Sur del NSA, que hacen referencia a la desaparición y muerte de Eduardo Chizzola y Telba Juárez.

Se trata de documentos que dan cuenta de los reclamos y gestiones realizados por diversas instituciones para dar con sus paraderos, en los que los hechos son descriptos de modo coincidente con la descripción que realizamos. Documento 7, Documento 8, Documento 9, Documento 10, Documento 11, Documento 12, Documento 13, Documento 14, Documento 15 y Documento 16 [1].

Sólo a modo de ejemplo podemos mencionar el informe confeccionado por la Asociación de Familiares de Desaparecidos del 1ro de enero de 1978 y el informe de Amnistía Internacional del 6 de septiembre de 1976.

Debemos finalmente recordar que las limitaciones de esta etapa nos impiden responsabilizar a una persona concreta por los secuestros y homicidios de Eduardo Efraín Chizzola Cano y Telba Juárez pues, en el caso del primero, sólo se había imputado a Albano Eduardo Harguindeguy y Jorge Rafael Videla por su privación ilegítima de la libertad, ambos fallecidos; y en el caso de Juárez, inexplicablemente ni siquiera se había requerido por ese único hecho la elevación de la causa a juicio.

Sin embargo, la comprobación en la audiencia de sus participaciones políticas, sus persecuciones en Uruguay y posteriormente en la Argentina, el interés principal de las fuerzas represivas uruguayas para lograr sus capturas y asesinarlos en nuestro país; y la coordinación y colaboración entre esas fuerzas y las locales para poder hacerlo, permiten comprobar que esos hechos sucedieron bajo el marco de lo que se denominó Operación Cóndor.

[1] Esas piezas se encuentran identificadas con los siguientes números: 00009FA4, 0000A95C, 0000A2DB, 0000A939, 00009F9A, 0000AA49, 0000A7C2, 0000A8D5, 0000A07B y 0000A8A2.