Es un estudio pormenorizado de los casos que tuvieron lugar en Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa. Además de los datos que brindaron los expedientes, la UFASE visitó cada provincia en busca de información adicional.

Primera etapa de recopilación sobre casos judicializados. Zona de captación: norte argentino (Provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Jujuy)

 La UFASE elaboró un informe sobre los casos judicializados de Trata de personas en el norte argentino . Es un estudio pormenorizado de los casos que tuvieron lugar en Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Chaco y Formosa. Además de los datos que brindaron los expedientes, la UFASE visitó cada provincia en busca de información adicional.

 La metodología para reunir la información varió en función de la cantidad y complejidad de los casos de trata de personas registrados por cada una de las fiscalías y Juzgado Federales, pero mayormente consistió en la compulsa directa y completa de los expedientes en trámite y archivados. La labor fue llevada adelante por el personal de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE)

La visita a las distintas provincias desde donde se cargaron datos de cada caso judicial permitió la reunión de útil información adicional: información de campo relevante respecto a actores institucionales (estatales o no) que toman parte de procesos tales como detección de casos (agentes de primer contacto) o asistencia a víctimas; de la infraestructura local disponible para llevar adelante investigaciones penales de trata; problemas o trabas operativas que condicionan el progreso de pesquisas, entre otras cuestiones. Para eso la UFASE entrevistó a funcionarios de organismos oficiales, judiciales y representantes de la sociedad civil con actuación en la temática.

De los datos recolectados y analizados se desprende que las jurisdicciones de las provincias de Misiones (Posadas 17% y Eldorado 13%), Salta (Salta 23% y Orán 9%) y Chaco (Resistencia 4% y Pcia. Roque Sáenz Peña 16%) son aquellas con mayor cantidad de casos judicializados, mientras que en las provincias de Jujuy (9%), Formosa (4%) y Corrientes (3%) los casos abordados fueron escasos. La práctica parece demostrar que la inclusión del tema en la agenda política de los gobiernos provinciales genera mayor afluencia de casos a la administración judicial, ya que los gobiernos de las primeras tres jurisdicciones han creado oficinas de asistencia a víctimas y fuerzas de seguridad específicamente dedicadas al delito de trata, y han realizado campañas de prevención y concientización.

En lo que refiere a las características principales de los hechos investigados, existe un amplio predominio de investigaciones por casos con finalidad de explotación sexual (64%) y, luego, un muy escaso porcentaje de casos con finalidad de explotación laboral en el rubro rural (5%). Teniendo en cuenta que la finalidad de explotación predominante es la sexual, cobra relevancia la gran cantidad de víctimas de sexo femenino (77%) por sobre los casos de víctimas de sexo masculino (19%); cabe mencionar que se ha verificado la existencia de travestis en calidad de víctimas en un 4%.

RECLUTAMIENTO. En el 70% de los casos, el reclutamiento se produjo por “promesas de trabajo”. En menor medida, se presentó sólo el aprovechamiento de problemas familiares de la víctima (8%) y la inducción por relaciones sentimentales (8%), aunque sólo en el 3% de los casos, la entrega fue por un familiar o un conocido. Las modalidades utilizadas por los captadores suelen responder, principalmente, a dos medios comisivos previstos por el artículo 145 bis del Código Penal: el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad

En el informe se presenta más información relativa a la forma de contacto para el reclutamiento, las promesas laborales, la cantidad de reclutadores que intervinieron en cada caso, las formas de traslado de las víctimas, y las condiciones en que debieron vivir (violencia, amenazas, condiciones de higiene, etc). También, una síntesis detallada y sugerencias de actuación para cada jurisdicción.