Acerca de Violencia en instituciones de encierro
El área fue creada a través de la resolución PGN 455/13 que dio origen a la Procuvin, con el objeto abordar desde el Ministerio Público Fiscal la realidad de torturas, malos tratos y condiciones inhumanas de vida a las que se ven sometidas las personas que se encuentran alojadas en lugares de encierro.
Para enfrentar esta tarea se realizó un trabajo inicial de diagnóstico sobre la labor realizada por los fiscales en casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en lugares de encierro, particularmente en las investigaciones penales y en las acciones de monitoreo de estos espacios, donde se logró detectar las principales dificultades, posibilitándose el diseño de diversas estrategias para su abordaje.
El área se ha integrado progresivamente desde la creación de la procuraduría con personas de diversos perfiles, que aportan la visión multidisciplinaria que resulta necesaria para afrontar la complejidad y los matices que presenta la temática.
Desde el inicio de sus actividades se realizan inspecciones a distintos centros de detención federales y provinciales junto a los fiscales de cada jurisdicción, en las cuales se brinda orientación en cuanto al enfoque para abordar la actividad, propiciándose en muchos casos la interposición de acciones de habeas corpus y la integración de mesas de trabajo creadas a partir de resoluciones judiciales, compuestas por distintos organismos tendientes a conseguir a la mejora progresiva y sostenida de las condiciones en instituciones de encierro.
También se asiste en casos particulares que llegan a conocimiento del equipo –entre otros medios- a través de las líneas telefónicas habilitadas para recibir llamados de personas privadas de su libertad, sus familiares o allegados, articulándose estrategias de intervención tanto con los fiscales distintas áreas y dependencias de Defensoría General de la Nación.
Se interviene también en procesos judiciales en diferentes jurisdicciones del país, tanto durante el curso de la instrucción como en debates orales, durante las cuales se generan estrategias de imputación superadoras. Se trabaja y capacita para que la responsabilidad de agentes estatales en relación a las torturas y malos tratos de personas detenidas, sea correctamente analizada, tanto por la comisión de los hechos como por su omisión de cuidado o incumplimientos funcionales.