La función principal del área de Litigio Estratégico y Relaciones Institucionales es la de desarrollar líneas estratégicas de investigación, en pos de fortalecer las investigaciones de la Procuraduría y las colaboraciones que fueran requeridas por otras Fiscalías.

Asimismo, tiene como objetivo fortalecer los vínculos interinstitucionales con el resto de las Procuradurías, Unidades Fiscales y Direcciones Generales creadas en el ámbito del MPF, como así también, con organismos gubernamentales y no gubernamentales.

En este marco, el área se orienta a la identificación de casos de violencia institucional que sean testigo de situaciones reiteradas de violencia institucional y representen graves violaciones a los derechos humanos y que, por el contexto en el que sucede el caso, los actores involucrados o el modus operandi, pueda ser utilizado idealmente para incidir en la esfera pública más allá del litigio en sí mismo, ya sea generando el impulso para la creación de protocolos, la modificación de una ley, la definición de criterios jurisprudenciales o adopción de políticas públicas.

También se enfoca en la realización de medidas conducentes para el dictado, implementación y el seguimiento de la efectiva aplicación de instrucciones generales, protocolos de actuación y guías de trabajo para la eficiente intervención del Ministerio Público Fiscal en la materia; y también la elaboración de propuestas de proyectos de reformas legislativas y/o reglamentarias, programas de capacitación, guías de actuación y/o la celebración de convenios con organismos internacionales, no gubernamentales, e instituciones del Estado nacional, provincial o municipal.

Finalmente, el área tiene por objetivo disponer de acciones interinstitucionales necesarias para la prevención, la investigación y el juzgamiento de los casos que configuren violaciones a los derechos humanos y/o delitos relacionados con la violencia institucional, con organismos públicos y organizaciones civiles vinculadas a la temática. En particular, desarrollar estrategias en articulación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los mecanismos provinciales, y locales respectivos, como así también con el Ministerio Público de la Defensa, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del mismo, el Ministerio de Justicia de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del mismo, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Defensa de la Nación, así como con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los organismos públicos y poderes judiciales locales con intervención en la materia.