La Procuraduría de Investigaciones Administrativas indicó que la obligación de separar de sus cargos a los dos agentes de la Policía Federal y al otro de la Prefectura implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, ya que en este caso, si bien se encuentran en situación de retiro, continúan detentando estado policial por lo tanto aún existe la posibilidad de que sean llamados a prestar servicios, portar uniformes, credenciales y armas.   Tras el pedido de colaboración efectuado por el fiscal federal Leonardo Filippini, cuando se encontraba a cargo de la Unidad

En línea con una orden de la Corte Suprema, la Cámara Federal revocó una sentencia de 2018. En aquel pronunciamiento el Juzgado Federal de Paso de los Libres había sobreseído también a un matrimonio imputado de participar de una serie de compras irregulares de inmuebles en favor del también exmandatario provincial. La Cámara ordenó además que continúe la investigación sobre la escribana que intervino en el traspaso de dos inmuebles objeto de la investigación. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó continuar con la investigación en el fuero federal de Corrientes por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador

Como resultado de la investigación preliminar desarrollada por la PIA se logró establecer que terminales (computadores) del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habían efectuado casi 10 millones de consultas durante los años 2019 a 2022 a la base de datos del RENAPER en el marco del Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre el RENAPER y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA. Muchas de esas consultas no estarían justificadas en los motivos que el propio convenio establecía, por lo que podrían ser consideradas ilegítimas. Se constató