EL FISCAL FEDERAL WALTER RODRIGUEZ INTEGRANTE DE LA PIA PRESENTÓ LA DENUNCIA ANTE LA CAMARA FEDERAL Y SOLICITO VARIAS MEDIDAS PARA AVANZAR EN UN CASO DONDE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION HABRIAN INCUMPLIDO SUS DEBERES AL NO INTERPONER LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCION QUE EN EL CASO CORRESPONDIA, Y POR TANTO, EN CONNIVENCIA CON LOS ACCIONANTES, INTENTARON DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL POR UNA SUMA MILLONARIA QUE ERA RECLAMADA POR EL PAGO DE UN SUBSIDIO DE ANTIGUA DATA.
 

La PIA analizó el sumario administrativo que se originó con motivo de las irregularidades detectadas en el caso y observó la existencia de elementos de cargo suficientes para formular la correspondiente denuncia penal. El hecho se origina por aplicación de la ley 19.870 y su decreto reglamentario 6823/72 que posibilitó la creación del Fondo Nacional de la Marina Mercante y con ello, la entrega de créditos y subsidios a los astilleros y armadores argentinos que construyeran buques para satisfacer requerimientos de interés nacional. En ese marco, el Ministerio de Economía de la Nación otorgó un préstamo con subsidio para la construcción de un buque tanque a un astillero argentino, que fue entregado mucho tiempo después de lo acordado y en una fecha cercana a la sanción de la ley 23.697 que suspendió el pago de los subsidios que había fijado la Ley 19.870. Sin embargo, un funcionario de la subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la cartera de Economía, con el aval de la titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictó en el año 2003 la disposición N° 3 contrariando la citada ley y autorizó el pago de $ 5.408.498 a valores del 16 de marzo de 2001. Incumpliendo de este modo sus deberes de funcionarios públicos en la defensa de los intereses del Estado y la correcta aplicación de la normativa vigente, así como intentando defraudar al Estado Nacional al autorizar el pago de una importante suma de dinero que no correspondía. Estas irregularidades se trasladaron también al ámbito judicial, en donde frente al reclamo del astillero, el servicio jurídico integrado entre otros, por la directora de asuntos jurídicos que había habilitado el pago en sede administrativa, se allanó parcialmente a la demanda. De modo tal que los funcionarios públicos en cuestión, en connivencia con los accionantes, contando con las herramientas legales pertinentes, no plantearon la caducidad y prescripción de la pretensión que en cada caso correspondía, y en consecuencia al allanarse a la demanda, intentaron defraudar al Estado en una suma muy considerable. En la denuncia presentada por la PIA, entre otras medidas se solicita la certificación de otra causa penal por defraudación contra la administración pública en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 donde podría haberse comprobado una maniobra similar cometida por los mismos actores y con el mismo modus operandi.