El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio L. Rodríguez realizó una denuncia penal contra funcionarios del SENASA con sede en el puerto de Zárate por solicitar dádivas a empresarios exportadores de arroz y cítricos a cambio de dar curso, acelerar la expedición de certificados fitosanitarios o no trabar de manera injustificada la carga de los buques, entendiendo que dicha conducta era configurativa del delito de concusión (art. 266 del C.P.N.).-
En efecto, a raíz de las manifestaciones efectuadas por los representantes legales de la Federación Argentina del Citrus (FEDECITRUS) y de la Federación de Entidades Arroceras Argentinas (FEDENAR) se tomó conocimiento que personal del SENASA que operaba en el puerto de Zárate solicitaba diversas sumas de dinero a los exportadores a cambio de evitar el entorpecimiento de la carga de los buques con escusas de tipo fitosanitarias infundadas.-
Desarrollada que fue la investigación por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se logró determinar que W.F.V. (jefe de inspectores del SENASA zonal), habría exigido de manera directa e intimidante a los despachantes de aduana y responsables de la carga la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000.-) a manera de “colaboración” para acelerar la carga de arroz en el buque Energy Lula; en caso contrario suspendería las operaciones impidiendo el transporte del producto.-
La negativa de los empresarios derivó en una reducción de la pretensión del denunciado, llegando a exigir pesos ochenta mil ($ 80.000.-), monto que también fue negado. A raíz de ello, el imputado jefe de inspectores ordenó liquidar en concepto de gastos y viáticos a los exportadores más de doscientos treinta y cinco mil pesos ($ 235.000.-); emolumento que, ante el reclamo de los empresarios y la cámara que los aglutina a la respectiva autoridad política, fue reducido a menos del 20% por encontrarlo injusto y arbitrario.-
Si bien a la hora de formular la denuncia se pudo determinar la participación de uno solo de los funcionarios de la dependencia aludida, no se descarta que el propio devenir de la investigación permita establecer si en realidad existía un común modus operandi entre los funcionarios del destacamento de la terminal portuaria que involucraba a más de ellos.-
La investigación quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana (Secretaría Penal) a cargo del Dr. Adrián González Charvay, y se espera que luego de realizar las medidas de prueba sugeridas por la Procuraduría, convoque a prestar declaración indagatoria a los imputados.-