La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) participaron en la XVIII Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, celebrada en Rosario, provincia de Santa Fe. Durante este importante encuentro, la fiscal federal Alejandra Mángano y la directora María del Carmen Chena presentaron propuestas fundamentales para fortalecer el Fondo de Asistencia a Víctimas, las cuales fueron aprobadas por unanimidad en la reunión plenaria.
Durante el desarrollo de la reunión, se abordaron diversos temas en la amplia agenda del Consejo. La representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación se enfocó en las comisiones de investigación y persecución penal, y en la de supervisión de la unidad de bienes embargados y sujetos a decomisos. En este último ámbito, se discutió la implementación del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas, el cual se compone de los bienes decomisados en las investigaciones y cuya venta garantiza la reparación económica a las víctimas de este delito.
En ese sentido, el MPF propuso la creación de un sistema de carga de información de bienes incautados y reparaciones establecidas, con el objetivo de modular la información entre la Unidad Ejecutiva del fondo fiduciario, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el MPF, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Además, la PROTEX y la DGRADB presentaron la "Guía para fiscales sobre el funcionamiento del fondo fiduciario para reparación a víctimas y gestión de bienes en casos de trata de personas: Análisis y aplicación de la ley 27.508". Asimismo, propusieron que esta guía se utilice en las capacitaciones de los organismos que integran el Consejo Federal.
Por otro lado, en la comisión de investigación y persecución penal, la PROTEX planteó la colaboración con la OIM para desarrollar un manual de investigación sobre trata de personas en el sistema acusatorio. También se propuso la posibilidad de realizar capacitaciones a través de ejercicios de investigación simulada y juicio simulado, en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Las propuestas fueron aprobadas en la reunión plenaria durante las conclusiones finales.
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