Durante los días 15, 16 y 17 de marzo, se llevó a cabo ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, provincia de Chaco, el juicio oral y público por el caso conocido como “asociación no Me Olvides” en el que se juzgo la participación del ex subsecretario de transporte de la provincia, en la organización que ofrecía becas laborales a mujeres para desempeñarse en dependencias del Estado a cambio de explotarlas sexualmente con funcionarios públicos del gobierno provincial.
Al igual que en el primer juicio que finalizó en condena, el Fiscal General Federico Carniel contó con la colaboración de la Protex.
Finalizado el debate, el día 21 de marzo se presentaron los alegatos del Ministerio Público Fiscal, allí Carniel señaló que “no quedan dudas” de que Medina, mientras estuvo en funciones, “colaboró de manera esencial” y “creó las condiciones necesarias” para que la organización comandada por Vallejos, Quintana y Mambrín “pudiera captar a las chicas para luego explotarlas sexualmente”. También se hizo hincapié en la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas de este caso: “Eran mujeres que no tenían trabajo y que tenían muchas necesidades económicas. Eran chicas jóvenes con hijos que necesitaban tener un sustento y un trabajo para salir adelante. Para estas chicas las becas eran la vida, no tenían otro medio de vivir”.
Por su parte, la auxiliar fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) Valeria Torcetta basó su exposición en las cuestiones de género y corrupción. “Un caso de estas características no puede no pensarse sin la perspectiva de género”, afirmó. Para eso, señaló que es importante reconocer las desigualdades estructurales e identificarlas en los elementos fácticos del caso. Consideró que el caso dejó en evidencia cómo se relegó a las mujeres a roles estereotipados y discriminatorios. “A ello se sumó que, el ámbito en que ocurrieron los hechos funcionó como un fuerte de intimidación suficiente para que las víctimas fueran obligadas o forzadas a prostituirse y se mantuvieran en esa situación sin animarse a denunciarlo ni hacerlo público por temor a las represalias, que incluían el juzgamiento público, el riesgo para sus familias o la quita de quizás el único sostén económico que tenían: las becas”.
La auxiliar fiscal detalló que se trata de un caso de criminalidad organizada y compleja, inserto en un histórico contexto de desigualdad estructural y violencia contra las mujeres, en el que la corrupción estatal adquiere un rol protagónico. Sostuvo que las víctimas de este caso fueron sometidas con un manto de protección particularmente intimidatorio como lo es la cobertura y complicidad del funcionario, que resultó ser un eslabón más de la organización. Por último, advirtió que “la impunidad en este tipo de hechos dejaría como mensaje que la violencia contra las mujeres es tolerada, que puede ser perpetrada y perpetuada, que debe ser aceptada, que es encubierta por los responsables de prevenirla, denunciarla, investigarla y juzgarla, y que las mujeres deberíamos por ello, no denunciarla”.
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