A través de la Resolución 99/09 PGN se recomienda a los fiscales que en los casos en que se allane un local que funcione como lugar de explotación sexual del delito de trata de personas (artículos 145 bis y 145ter) y o de sus delitos conexos (artículos 17 de la ley 12.331 y artículos 125bis, 126 y 127 del CP), se de intervención a la agencia municipal del lugar para que disponga su clausura. Además, se recomienda que se solicite al juez de la causa la afectación del inmueble desde el comienzo del proceso, para garantizar su decomiso y o una eventual pena pecuniaria. Finalmente, se instruye a los fiscales para que en estos casos profundicen la investigación a fin de determinar la existencia de funcionarios o agentes públicos involucrados.