PROTEX Procuraduría de Trata y Explotación de Personas

PROTEX participó de la III Reunión Ordinaria de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

La secretaria de PROTEX, Paula Aristimuño, participó el 6 de agosto, en representación de los fiscales cotitulares María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la III Reunión Ordinaria de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CORETT). En el espacio destinado a la Red de Fiscales Especializados en Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre los Ministerios Públicos Fiscales iberoamericanos y repasó el trabajo de la Red, cuya coordinación ejerce PROTEX desde 2018 y cuyo mandato fue recientemente prorrogado por unanimidad.

Durante la intervención se expusieron los principales mecanismos de funcionamiento de la REDTRAM, entre ellos la confianza entre sus puntos de contacto, el intercambio espontáneo de información, la utilización de una plataforma segura para garantizar la trazabilidad de información sensible y la realización de reuniones anuales para analizar avances, dificultades y nuevos fenómenos criminales. También se describieron experiencias concretas de cooperación vinculadas con antecedentes y certificaciones de causas, localización de víctimas y testigos, rescates y repatriaciones, declaraciones testimoniales, intercambio de documentación y noticias criminales.

Asimismo, se abordó el funcionamiento de los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) y la posibilidad de conformar grupos de trabajo previos para facilitar investigaciones entre distintos países. Se resaltó la utilidad de la cooperación interinstitucional para el rastreo de capitales y bienes en el exterior, en articulación con la investigación financiera temprana y con los mecanismos destinados a la administración de bienes provenientes del delito y la reparación de las víctimas.

Finalmente, se destacó que la cooperación interinstitucional también posibilita el rastreo de capitales y bienes en el exterior en el marco de la investigación financiera temprana que el modelo argentino prioriza y de la ley 25.708 que creó el fondo para administrar los bienes procedentes del delito en pos de la reparación a las víctimas.