Entre el 2 y el 11 de febrero pasado se llevó a cabo un curso de formación internacional sobre investigación patrimonial, recupero de activos y reparación en casos de trata de personas. La capacitación estuvo dirigida a operadores del sistema de justicia y a organizaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento y representación legal a víctimas de este delito en Guatemala, Honduras y Colombia.

La formación fue impartida por las Dras. María del Carmen Chena y Valeria Torcetta, quienes se desempeñan como titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) dependiente de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Coordinadora y Auxiliar Fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, respectivamente. El curso se centró en el rol de la investigación patrimonial y financiera como herramienta clave para desarticular las estructuras económicas que sostienen la trata de personas.

Esta actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades para combatir la trata de personas en el norte de Centroamérica y Colombia” (FINTRATA), ejecutado por Abogados sin Fronteras Canadá (ASF Canadá). Esta organización no gubernamental de cooperación internacional tiene la misión de contribuir a la aplicación de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo el acceso a la justicia y la representación legal.

El proyecto busca contribuir a la disminución de la impunidad en los delitos de trata de personas y otros delitos conexos cometidos principalmente contra mujeres, niñas, personas LGBTI y otros grupos vulnerables. Para ello, se enfoca en el fortalecimiento de capacidades para la identificación y representación de víctimas, así como para la investigación, sanción y reparación de estos crímenes.

Durante las jornadas, se analizó la dimensión económica del delito de trata de personas enfatizando en la importancia de investigar el circuito financiero de las organizaciones criminales, la identificación y el aseguramiento de los bienes, para la hacer efectiva la reparación a víctimas.  

Los contenidos abordados incluyeron herramientas para la identificación y localización de activos, el uso de medidas de aseguramiento, la extinción de dominio y el decomiso de bienes, junto con un análisis de las nuevas tendencias en el uso y rastreo de criptomonedas en investigaciones de trata de personas.

La capacitación también se orientó a fortalecer las solicitudes de reparación en los procesos judiciales, e incluyó herramientas para identificar, recopilar y presentar pruebas que permitan cuantificar el daño ocasionado a las víctimas en casos de trata.

El programa combinó exposiciones teóricas, ejercicios prácticos y espacios de intercambio de experiencias entre los participantes. El objetivo final fue fortalecer las capacidades institucionales para investigar los aspectos económicos del delito, promover estrategias para privar a las organizaciones criminales de sus ganancias ilícitas y asegurar el acceso efectivo de las víctimas a reparaciones económicas.

Esta iniciativa se enmarca en un proceso de cooperación e intercambio regional destinado a potenciar las herramientas de investigación patrimonial en casos de trata de personas y a consolidar respuestas judiciales que contemplen de manera integral los derechos de las víctimas.