Mediante la emisión de la Resolución RESOL-2017-4-APN-PTN , el Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Balbín tras ratificar las facultades de la PIA en materia disciplinaria, ordenó instruir un sumario administrativo relacionado con los hechos referidos y encomendó la tramitación de esas actuaciones a la Dirección Nacional de Sumarios e Investigaciones Administrativas.    En dicho contexto, la citada Dirección solicitó el asesoramiento de la Dirección Nacional de Dictámenes de la PTN,  con el objeto de realizar algunas aclaraciones para evitar una imperfección en el desarrollo del trámite que pueda incidir en su validez. Al respecto la PTN entendió

El fallo, que hizo lugar a la demanda formulada por la PIA, declaró la nulidad de la Nota Nº 175/13 y la Resolución MJSyDH Nº 1462/13 respectivamente, haciendo lugar a las pretensiones de la PIA de intervenir como parte acusadora. En un sumario administrativo que se le inició al titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 2 de Rafaela, Provincia de Santa Fé, inicialmente se había negado a la PIA la posibilidad de actuar  como parte acusadora en esas actuaciones disciplinarias que no habían sido iniciadas por éste organismo. El núcleo de los argumentos del fallo a

En el marco del Sumario Administrativo N°465-18-000.145/2011 del registro de la Policía Federal Argentina, Expediente N° 28.185/1728 de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), se emitió la opinión prevista en el art. 108 del RIA, ordenando la realización de todas aquellas medidas necesarias para un completo esclarecimiento de los hechos denunciados, que constituyen un delito de grave trascendencia institucional. El proceso disciplinario, ordenado por el Jefe de la PFA se llevó a cabo como consecuencia de la denuncia penal de la entonces Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), referida a una serie de delitos

La medida fue dispuesta por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Sergio Rodríguez, en el marco de una Investigación Preliminar que se inició por la comunicación que le efectuara la Fiscal General ante la Cámara Comercial Dra. Boquín en el marco del expediente N° 9436001 caratulada “Correo Argentino SA s/concurso preventivo”, en relación al accionar de funcionarios públicos intervinientes y el presunto perjuicio patrimonial al Estado Nacional. Se adjuntan archivos.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas logró importantes avances en este período, tal como se detalla en el informe de gestión publicado, gracias a los cambios de estructura, gestión y modalidad de trabajo implementados a lo largo del año 2016. En un detallado informe se describe en principio la secuencia histórica de los cambios operados, las particularidades del Nuevo Reglamento de la PIA aprobado por Resolución PGN 757/16, que permitió reafirmar las facultades descriptas en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y reformar la estructura, forma y objetivos de trabajo, así como el rol que cumple hoy como apoyo a

La opinión emitida por Carlos F. Balbín despejó las dudas sobre la amplia capacidad de intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en cualquier etapa del proceso y habilitó en este caso en particular, a obtener la remisión de fotocopias del sumario administrativo solicitado, antes de la oportunidad prevista en el artículo 109 del RIA y en plena etapa de prueba. El asesoramiento fue solicitado en relación con la providencia N°224/16 de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Salud que le denegó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas la remisión de copias del sumario que se sustancia por el

El fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, a partir de diferentes publicaciones periodísticas denunció a funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación por posibles irregularidades en su desempeño.   El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríquez, denunció penalmente posibles irregularidades en relación al desempeño de determinados funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación, entre ellos al director de Transporte Fluvial y Marítimo. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo. La investigación preliminar se inició por noticias periodísticas que dan cuenta de una supuesta reunión en la que habrían participado empresarios del transporte fluvial

La medida fue dictada a raíz de los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra la resolución del Juez de grado que dispuso los procesamientos de Jose Francisco López, Maria Amalia Díaz, Andrés Enrique Galera, Eduardo Ramon Gutiérrez. La  Alzada menciona  en su decisorio que la investigación se dirige a determinar si López se enriqueció de manera ilícita mientras fue funcionario público. Alude a que la calma instructoria que caracterizó a la pesquisa se vio interrumpida tras la detención de López el 14 de junio pasado en la localidad de General Rodríguez, junto con bolsas con dinero, relojes y

En línea con una presentación que habían hecho el 1 de agosto de 2016, los fiscales Sergio Rodríguez y Santiago Eyherabide aportaron nueva información en una causa originalmente iniciada por irregularidades en la suba de tarifas, que ahora se proyecta sobre otros actos de gobierno vinculados al sector energético y que se traducen en beneficios para empresas del sector que pertenecen a Joseph Lewis, empresario inglés amigo del Presidente de la Nación, conforme una reciente publicación de la Revista Noticias de diciembre de 2016. El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La Procuración del Tesoro de la Nación dictaminó que, ante un requerimiento formulado durante una investigación en curso, la Oficina Anticorrupción está facultada para entregar la información reservada de las personas alcanzadas por Ley de Ética de la Función Pública. El dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), identificado con el N° IF-2016- 02841 508-APN-PTN, fue emitido a raíz de la nota que el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, presentó a la Oficina Anticorrupción (OA) solicitando la remisión de los anexos reservados correspondientes a las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por un grupo de funcionarios,