La actividad fue organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y participaron fiscales, jueces, juezas, expertos y expertas del ámbito nacional e internacional.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizaron el 7 y 8 de mayo el “Diálogo Técnico Regional sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas por la Comisión de Hechos de Corrupción”. La actividad se desarrolló en el salón auditorio de la Procuración General de la Nación y tuvo como objetivo mejorar la capacidad de las autoridades nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay en la investigación a personas jurídicas por la comisión de hechos punibles de corrupción.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del procurador general de la Nación interino y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Eduardo Casal; el embajador de los Estados Unidos de América en la Argentina, H.E. Marc Stanley; el coordinador regional del Hub Anticorrupción para Sudamérica y México, Felipe Falconi; la coordinadora regional de UNODC, Lucía Gómez Consoli; y el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez.

Casal destacó ante un auditorio de más de 80 personas que, desde el 2022, la PIA se encuentra desarrollando actividades de cooperación y asistencia técnica con el apoyo de la UNODC, vinculadas con su especialidad.

También resaltó que en 2017 en nuestro país se sancionó la ley 27.401, que tiene por objeto establecer el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Y precisó que, en particular, en cuanto al Ministerio Público Fiscal “brinda la posibilidad de celebrar acuerdos de colaboración para obtener información precisa y útil que nos pueda ayudar a la dilucidación de la verdad”. Agregó que este tipo de eventos, con la presencia de representantes de más de diez países de la región, “va a permitir ir avanzando en el manejo de estos instrumentos y en la elaboración de una estrategia común que pueda facilitar la cooperación internacional”.

Luego, la experta internacional y catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia International España, Silvina Bacigalupo, realizó una exposición magistral acerca de los criterios de imputación de las personas jurídicas.

En el primer panel, el fiscal nacional de investigaciones administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez; el fiscal general y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y el fiscal titular de la Fiscalía Federal Nro. 2 de San Isidro, Fernando Domínguez, compartieron la experiencia argentina sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de hechos de corrupción y analizaron el caso Securitas, en el cual la empresa de seguridad privada admitió ante el Poder Judicial que pagó millonarios sobornos a representantes de organismos públicos, como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. La investigación, que comenzó en febrero de 2020, se encuentra a cargo del fiscal Domínguez, quien solicitó la colaboración de la PIA y la PROCELAC, con énfasis en el trabajo en equipo que caracteriza al Ministerio Público Fiscal argentino.

A continuación, el superintendente delegado de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Jorge Cabrera Jaramillo, compartió el modelo colombiano de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

Luego, el presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, Raúl Saccani, expuso acerca de la importancia de los sistemas de cumplimiento empresarial de las personas jurídicas por la comisión de hechos de corrupción.

Más tarde, la experta Bacigalupo compartió la experiencia sobre la implementación del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas con referencias a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo de ese país.

El segundo día de la actividad continuó con la exposición de los representantes brasileros, la abogada de la Procuraduría Nacional de la Unión de Brasil, Rachel Zolet, y del agente fiscal penal del Ministerio Público de Brasil, Leonardo Cardoso -de manera remota-, quienes contaron la experiencia brasilera sobre la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas por la comisión de hechos de corrupción.

A continuación, el coordinador de programas de Anticorrupción en Acción Colectiva en UN Global Compact, Fabián Espejo, disertó sobre los incentivos más relevantes para promover la integridad en el sector empresarial. Destacó al respecto la creación de una guía de incentivos y sanciones creada en el 2013 y actualizada este año en un congreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La jornada continuó con la disertación del asesor senior Anticorrupción y Crimen Organizado de la UNODC, Jorge Adriano Moreno, quien presentó la Guía Práctica para la Investigación y Sanción de Personas Jurídicas frente a Hechos de Corrupción de Colombia, elaborada por UNODC para la región andina y el cono sur.

Más adelante, el fiscal de alta complejidad, Jaime Retamal Herrera, y la asesora de la Unidad Anticorrupción (UNAC) del Ministerio Público de Chile, Constanza Witker, compartieron la experiencia chilena sobre el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas y dieron cuenta del caso Corpesca, en donde se realizaron sobornos a un diputado y una senadora de ese país, por el que resultaron condenados por cohecho, y la empresa por el delito de soborno.

Previo a un intervalo, el asesor de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de Paraguay, Manuel Guanes Nicoli expuso acerca de la experiencia paraguaya sobre la Política de Integridad y Compliance de la prevención de la corrupción y el lavado de dinero en el marco de las contrataciones públicas.

En el cierre del segundo día de actividades se realizó una discusión en panel sobre los principales desafíos en materia de cooperación internacional en la investigación de responsabilidad de personas jurídicas por la comisión de hechos de corrupción, con la participación de representantes de Chile, Colombia, México y Perú. Por este último país, intervino la coordinadora del equipo especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto. El panel contó con la moderación de Freitas Falconi.

La conclusión de la jornada estuvo a cargo de la experta Silvina Bacigalupo quien reflexionó sobre los desafíos integrales que demanda la prevención y penalización de la corrupción. Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacó que es importante dilucidar que el delito punible es el de cohecho o de tráfico de influencias y que para ello se debe aplicar el principio de oportunidad. Señaló asimismo que "la solución no pasa por el Código Penal, sino por la prevención, ya que el escenario preventivo de la corrupción es mucho más amplio". Al respecto, acercó nuevas lecturas críticas sobre los delitos de corrupción, el rol de los actores que intervienen, las nuevas amenazas regionales en torno a la corrupción -a la que determinó como “corrupción geopolitica”- y la incumbencia indebida de algunos Estados. Finalmente, mencionó la importancia del trabajo legislativo, el rol de las asociaciones civiles y la necesidad de trabajar en programas robustos y adecuados que disminuyan las acciones de corrupción.

Fuente: fiscales.gob.ar