La ampliación tuvo por objeto denunciar a funcionarios públicos que habrían participado de las maniobras investigadas en el marco del Régimen Penal Tributario. La medida fue presentada por el Fiscal General (interino) de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Walter Rodríguez.

Walter Rodríguez, Fiscal General (interino) de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez, presentó un escrito ampliando denuncia en una causa tramitada en el Juzgado Federal de Tucumán, en el marco de la causa donde se investiga la obtención fraudulenta de beneficios fiscales (art. 4 de la ley 24.769) por un monto superior a los $ 30.000.000
En el marco de Investigación Preliminar llevada a cabo en esta PIA, pudo detectarse la existencia de  una causa penal preexistente, iniciada por denuncia de la AFIP ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que abrió las puertas para sostener la conexidad con los hechos aquí investigados.
La información aportada por la PIA posibilitó acreditar comportamientos penalmente relevantes por parte de funcionarios de la ex Secretaría de Industria de la Nación, en lo que pudo ser la antesala de aquellos hechos por los que el Fiscal del caso propició el enjuiciamiento oral y público, respecto de los particulares y empresas involucrados.
Los hechos se generaron en el marco de la emisión de bonos fiscales que en virtud del Decreto 379/2001, pretendían mejorar la competitividad del sector fabril de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, que podían ser utilizados por los beneficiarios para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, IVA, entre otros conceptos, cuya recaudación se encontraba a cargo de la AFIP.
Lo cierto es que se pudo determinar que las personas beneficiadas con estos bonos, emitidos por la ex Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes de la Nación, en su gran mayoría no coincidían con los adjudicatarios de la herramienta jurídica en trato, toda vez que mediante la intervención de sociedades de bolsa, los titulares de los cartulares negociaron su beneficio a cambio de un porcentaje del valor nominal indicado en los instrumentos recibidos por parte de la Subsecretaría, y los nuevos portadores de bonos lo usaron para descontar los tributos nacionales adeudados. 
En definitiva, pudo comprobarse que se emitieron bonos fiscales en forma fraudulenta a través de la utilización de diferentes prestanombres, se retiraron de la Dirección Nacional de Industria bonos fiscales y se vendieron en el Mercado de Valores a través de apoderados. Todo ello, con la presumible connivencia de funcionarios públicos, dependiente de la ex Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes de la Nación.
En orden a las probanzas reunidas hasta el momento, que permiten vislumbrar, al menos con alto grado de verosimilitud, un aporte de naturaleza criminal de los funcionarios integrantes de la ex Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes de la Nación, en la obtención fraudulenta de beneficios fiscales que se corresponde con el esquema descubierto en la causa sustanciada ante la justicia federal de la provincia de Tucumán.
Así, se pudo describir la envergadura de la maniobra y su aceitado esquema de funcionamiento, con el apoyo  - como del informe técnico confeccionado por el Cuerpo de Contadores Auditores de esta Procuraduría, a partir del análisis concreto de las numerosas irregularidades acaecidas en la tramitación de los expedientes por medio de los cuales los beneficiarios obtuvieron fraudulentamente las exenciones descriptas, sumado a la presunta vinculación entre particulares y funcionarios de la dependencia administrativa, todo lo cual, apreciado integralmente, da sustento a la hipótesis delictiva complementaria, cuya investigación se propició a través de la presentación.