En el marco de la denuncia realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por el posible uso ilegítimo de datos contenidos en la base del Registro Nacional de la Personas, la PIA identificó que durante el período 2019/2021 el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había efectuado una seria de consultas que no estarían justificadas el marco del convenio que ambas dependencias tienen suscripto. 

Producto de la investigación que la Procuraduría lleva adelante, hasta el momento se corroboró la consulta sobre autoridades e integrantes de distintos organismos, a saber:  Auditoría General de la Nación (3); Defensoría del Pueblo de la Nación (1), Senadores/as Nacionales (25); Diputados/as Nacionales (121); Consejeros del Consejo de la Magistratura (18); Fiscales/las (84) del MPF; Jueces/zas (274) del PJN; Defensoras/es (78) de la DGN y personas públicas (60).

La investigación de la PIA se inició de oficio y la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal n° 4 a cargo del Dr. Ariel Lijo, quien investiga los hechos, por la posible revelación de datos que debían ser secretos a otras áreas de gobierno contrariando de esta forma el convenio y las obligaciones que de él se desprendían. (art. 157 del CP).

Asimismo, se instó el inicio de actuaciones administrativo disciplinarias en la órbita del RENAPER, se le dio intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la CABA y a la Agencia de Acceso a la Información en el marco de sus competencias específicas con relación a la temática denunciada. Al mismo tiempo que se inició el proceso de notificación a cada una de las personas públicas identificadas, para que puedan ejercer las acciones administrativas y/o judiciales que estimen correspondientes.