La Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo de Sergio L. Rodríguez solicitó al Ministerio de Educación de la Nación que inicié un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en las que incurrieron al demorar la tramitación de la exención del pago de costos de nacionalización que provocaron una erogación del Estado de $ 485.358 que podría haber sido evitada.

Recientemente la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, luego de tramitar una investigación iniciada con motivo de las observaciones que practicó la Auditoría General de la Nación en el ámbito del Ministerio de Educación, solicitó a dicha cartera el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en las que pudieron haber incurrido los funcionarios públicos que demoraron en más de seis meses la tramitación de la exención de pago de costos de nacionalización del material didáctico importado en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER). En efecto, preliminarmente se determinó que dicha demora condujo a que el Ministerio de Educación pague adicionalmente casi medio millón de pesos que podrían haber sido evitados si sus responsables hubieran tramitado esa exención al momento de encarar la importación, circunstancia que era técnicamente posible.