Las procuradurías de Investigaciones Administrativas y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos participaron de la organización. Este viernes se llevará a cabo el segundo y último encuentro. Uno de los objetivos de esta actividad es sensibilizar sobre la ley en su faz preventiva, y como herramienta de investigación y sanción de la corrupción y la criminalidad económica.

Las Jornadas de Actualización de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas dieron inicio el viernes pasado en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad, de la cual también se puede participar por medios virtuales, concluirá con un segundo encuentro el próximo viernes. Está organizada por la entidad anfitriona y por las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), junto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School, Raúl Saccani. La fiscal federal Laura Roteta y el fiscal general Diego Velasco, cotitulares de la PROCELAC, llevaron adelante una exposición introductoria.

Ambos integraron luego el primer panel de las jornadas junto al fiscal nacional titular de la PIA, Sergio Rodríguez; el subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva; y la naalista de la División de Integridad del Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Alice Berggrun. La moderación y conducción de esta primera parte estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ángel Bruno.

El fiscal Sergio Rodríguez explicó que la complejidad y la dificultad de la investigación de hechos de corrupción requiere herramientas concretas que contribuyan a la efectividad de las investigaciones.

Este primer panel se denominó “La ley 27.401 como un nuevo paradigma para la investigación y sanción de la corrupción y la criminalidad económica: teoría y estrategia del caso”. En su intervención, Berggrun destacó los desafíos en cuanto a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su efectividad, la necesidad de lograr cambios a nivel cultural en relación a la corrupción en su faz preventiva, la importancia del entrenamiento a fiscales para el análisis de los programas de integridad y la determinación de responsabilidades en cada caso, y compartió los datos recogidos por la OCDE en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas entre los países miembros de la Convención Anti-cohecho.

En tanto, el fiscal Sergio Rodríguez explicó que la complejidad y la dificultad de la investigación de hechos de corrupción requiere herramientas concretas que contribuyan a la efectividad de las investigaciones. Destacó a la Ley 27.401 como una de estas herramientas, pero postuló la necesidad de otras, tales como la plena aplicación Código Procesal Penal Federal; que los fiscales que investigan estos delitos tengan acceso a la información amparada bajo el secreto fiscal; y la sanción de una ley de protección al denunciante de hechos de corrupción.

El titular de la PIA explicó también que esa procuraduría ha efectuado varias denuncias en las que se ha imputado a funcionarios públicos, otras personas físicas y personas jurídicas. Concluyó que, tanto desde un enfoque preventivo, como para el esclarecimiento de estos hechos, la Ley 27.401 resulta indispensable.

A su turno, el fiscal Velasco hizo hincapié en la necesidad de que las empresas privadas adopten programas de integridad específicos para sus características y con una adecuada protección al denunciante de hechos de corrupción. Entre otras cuestiones, destacó la importancia, en el marco de la investigación, de la actuación posterior de la empresa para la determinación de responsabilidad ante al hecho de corrupción de una persona física.

Roteta subrayó la importancia de la armonización que se logró en la legislación argentina con la de otros países, con los cuales -explicó- necesariamente debe mantenerse una colaboración en las investigaciones y acciones de recupero, o sanciones económicas.

La fiscal Roteta abordó cuestiones relativas a la investigación de delitos de criminalidad económica compleja. Destacó a la Ley 27.401 como una herramienta que permite avanzar con imputaciones que vayan más allá de los eslabones más bajos de la responsabilidad, y que sortea la dificultad que se observaba anteriormente para llegar a los órganos directivos de la empresa a través de responsabilidades individuales. Roteta subrayó asimismo la importancia de la armonización que se logró en la legislación argentina con la de otros países, con los cuales -explicó- necesariamente debe mantenerse una colaboración en las investigaciones y acciones de recupero, o sanciones económicas.

El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva, reflexionó en el final del primer panel sobre el futuro de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sus próximos desafíos, la necesidad de profundizar en la faz punitiva de la ley, y también sobre la importancia de lograr la actuación conjunta con otros países en los casos de delitos transnacionales, para la efectiva investigación y persecución de los resarcimientos que correspondan a los perjuicios causados al país.

El segundo panel de la jornada se denominó “Programas de integridad: Criterios para su evaluación” y estuvo integrado por la abogada Senior de Beccar Varela y consultora voluntaria de Alliance for Integrity, Dorothea Garff; el coordinador general de Integridad Privada en la Contraloría General de la Unión (Brasil), Keyne Taniguchi; el oficial de cumplimiento de Trenes Argentinos Operaciones, Gonzalo Fuentes Arballo; y el socio en Bruchou & Funes de Rioja y Representante de la Red Marítima Anticorrupción en Argentina Fernando Basch. La moderación de este panel estuvo a cargo de la directora nacional de Ética Pública de la OA, Natalia Torres.

Velasco destacó la importancia, en el marco de la investigación, de la actuación posterior de la empresa para la determinación de responsabilidad ante al hecho de corrupción de una persona física.

Basch expuso las características de la Red Marítima Anticorrupción, su composición y funciones, y los estándares que observa ese organismo para evaluar los programas de compliance de las empresas que lo integran, a modo de análisis comparado.

Luego, Keyne Taniguchi explicó que en Brasil la evaluación se basa en los parámetros de un programa de integridad descripto en el Decreto 11.129. Detalló cuáles son los parámetros que se evalúan conforme el artículo 57 de esa norma, los distintos aspectos que se abordan y cuáles son los mecanismos de prevención que prevé.

Por su parte, Fuentes Arballo abordó el procedimiento de due diligence, o de debida diligencia. Explicó que surge como la contracara de los programas de integridad, esto es, el mapeo de riesgos, su clasificación, medición y otros aspectos importantes en el marco de la responsabilidad de las empresas.

En el cierre del panel, Dorothea Garff compartió su experiencia como consultora voluntaria de Alliance for Integrity para empresas pequeñas y medianas que quieren comenzar a implementar programas de integridad y transparencia, y, por otro lado, como asesora de grandes empresas en el diseño y acompañamiento de sus programas de compliance. Entre otros aspectos, se refirió a las diferencias que encontró entre las empresas grandes, medianas y pequeñas, en cuanto a las necesidades, preocupaciones y el nivel de permeabilidad que ha encontrado en los distintos casos.

 

Fuente fiscales.gob.ar