Organizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

La actividad se desarrolló en la Procuración General de la Nación y su principal objetivo fue el de fortalecer las capacidades sobre transparencia e integridad en las contrataciones públicas. Además, fiscales hablaron acerca de los desafíos del sistema acusatorio y coincidieron en la importancia de trabajar en equipo.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizaron ayer, con la participación del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y de varios fiscales y especialistas en la materia, la jornada “Diálogo técnico sobre la detección e investigación de hechos de corrupción en la contratación pública”, con el objetivo de fortalecer las capacidades de autoridades nacionales de Argentina sobre transparencia e integridad en las contrataciones públicas.

El encuentro se desarrolló en el auditorio de la sede de la Procuración General de la Nación y estuvo destinado a fiscales federales, dependencias especializadas de la PGN, e integrantes del MPF. Otras jurisdicciones se unieron de manera remota, entre ellos, integrantes del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción. Además, el evento configuró el cierre del taller “Entrenamiento sobre la investigación de la corrupción y los flujos financieros ilícitos vinculados a la contratación pública” que se desarrolló el martes y miércoles pasados en el auditorio del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) de la CABA.

Estas jornadas se enmarcan en las acciones que la UNODC y la PIA vienen desplegando como parte de la ejecución de la hoja de ruta de la Plataforma Regional para Acelerar la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) para América del Sur y México, con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (INL, por sus siglas en inglés).

Las palabras del procurador Casal

La apertura del evento estuvo a cargo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien tras agradecer la presencia de las autoridades y de invitados internacionales, hizo alusión al artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que los estados partes deben poner el foco en el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en la contratación pública, promoviendo la implementación de marcos normativos claros y accesibles, así como políticas anticorrupción eficaces.

En esa línea, hizo una mención especial a la importancia de la promoción de la integridad en el sector privado, ya que, según agregó, “tradicionalmente la prevención y lucha contra la corrupción está centrada en el sector público, persiguiendo la corrupción como una desviación de la conducta de un funcionario, con figuras como abusos de sus funciones, peculado, malversación, negociaciones incompatibles con la función, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito”. Sin embargo, Casal sostuvo que esta visión resultaba insuficiente. “Hoy se reconoce que la corrupción es un fenómeno sistémico donde el sector privado juega un papel crucial, no solo como víctima sino como coautor o facilitador de prácticas corruptas”.

En ese sentido, destacó que la tendencia actual es abordar la corrupción de forma integral, responsabilizando a ambos lados. Así, precisó que “aquí es crucial que el abordaje del sector privado en esta lucha no se limite a la faz represiva, sino a fortalecer la prevención”.

“Fomentar la ética y la integridad en los negocios es tan importante como la prevención y la sanción de las conductas ilícitas, esto implica promover la adopción de programas de cumplimiento y códigos de conducta y sistemas de gestión de riesgos que ayuden al sector privado a identificarlos y mitigarlos antes de que se verifiquen episodios de corrupción”, finalizó.

Luego, tomó la palabra la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, Lydia Barraza, quien dijo que “la corrupción existe en todos los países” y que “es imprescindible seguir desarrollando redes y una agenda común para combatirla”.

También, sostuvo que “la transición al sistema acusatorio abre nuevas oportunidades para abordar investigaciones complejas con mayor celeridad y eficacia”. Y, agregó, que “están comprometidos a trabajar en conjunto para visibilizar la corrupción, compartir herramientas concretas y promover buenas prácticas”.

A su turno, el asesor nacional Anticorrupción de la UNODC, Juan Martín Ortiz Gómez dijo que las políticas anticorrupción deben darle importancia a la transparencia, competencia y objetividad en los procesos de contratación pública.

En esa línea, recomendó la prevención de conflictos de intereses, el uso de nuevas tecnologías para la digitalización y automatización de procesos como la incorporación de la inteligencia artificial para prevenir y detectar de manera temprana casos de corrupción. “Trabajando juntos podemos generar un impacto real en esta lucha”, enfatizó.

A continuación, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, titular de la PIA, Sergio Rodríguez, destacó la importancia del trabajo cooperativo y la articulación sostenida de acciones junto a organismos internacionales como UNODC e INL. Sostuvo que la idea de la jornada es “abordar la temática desde el punto de vista investigativo”, por eso precisó que se convocó a fiscales federales, especialistas nacionales e internacionales, autoridades de dependencias de países de la región y de España.

“Tras las dos jornadas de entrenamiento, tenemos claro el diagnóstico y ahora hay que empezar a desarrollar las acciones para mitigar este flagelo”, concluyó el titular de la PIA.

Luego, la asesora de Cumplimiento y Anticorrupción de la UNODC, Tarsila Klein Schorr, presentó un panorama general de las iniciativas de esa oficina en América Latina y el Caribe sobre transparencia e integridad en la contratación pública, así como los riesgos emergentes y oportunidades de cooperación regional.

Los paneles

La primera mesa se focalizó sobre las herramientas del derecho administrativo en la investigación de la corrupción en la contratación pública y estuvo moderada por la fiscal general interina, de la PIA, Andrea Garmendia Orueta. Allí, expuso la experta en derecho administrativo, consultora en contrataciones de infraestructura, secretaria académica de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, Susana Vega. “En la medida que la ciudadanía no exija ni demande mayor transparencia ni integridad en las contrataciones públicas, no se va a motivar a los poderes públicos para que actúen en consecuencia”, subrayó.

La especialista indicó que hay una conexión directa entre las demandas de la sociedad y los poderes del Estado -ejecutivo y legislativo- en llevar a cabo determinadas políticas públicas. Por eso, dijo que “se necesita una política pública seria, duradera y que integre a la sociedad a coadyuvar en ese cometido”.

Más tarde, fue el turno del letrado de la Junta General del Principado de Asturias y catedrático de la Universidad de Oviedo, José Manuel Pérez Fernández, quien desarrolló una aproximación al derecho administrativo en la contratación pública y lucha contra la corrupción.

Además, sostuvo que las normas añaden cada vez más garantías en este ámbito pero, también aventuró que “un exceso de las mismas puede hacer peligrar la contratación pública” y que “es necesario saber hasta dónde continuar”.

Tras un cuarto intermedio, se dio paso a la segunda sesión, acerca de “Experiencias internacionales en la detección e investigación de corrupción en contratación pública”. En este panel, expusieron el director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de Paraguay, Agustín Encina; el director nacional de investigaciones y fiscalización de la Oficina Anticorrupción (OA) de la Argentina, Omar Julián Sosa, y moderó la actividad Juan Martín Ortiz Gómez de UNODC.

En esta sesión se pusieron en común las experiencias del programa de contrataciones públicas en Paraguay, y las distintas acciones que lleva adelante la OA.

Posteriormente, se dio inicio a la sesión 3 sobre “Transnacionalidad de la corrupción en la contratación pública y herramientas de cooperación internacional”.

Participaron de la misma, el fiscal de la fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España, Juan Pavía Cardell; el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Roberto Boico; y la moderación estuvo a cargo de la titular de la Fiscalía General Nº5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Fabiana León.

En este panel, el fiscal Pavía Cardell expuso una comparación histórica entre Argentina y España, respecto de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el impacto en el cuerpo legislativo y la obtención de sentencias y condenas judiciales. Por su parte, el juez Boico reflexionó en torno a los desafíos y problemáticas que se presentan en la articulación de casos trasnacionales, las diferencias respecto de las posibilidades de los Ministerio Públicos que pueden coordinar una acusación, y posibles líneas de trabajo para desarrollar y abordar estas particularidades. En este sentido, la fiscal León aportó su experiencia en distintas acciones que llevó adelante en diversas causas.

Investigación de la corrupción y sistema acusatorio

Luego se inició la sesión 4 acerca de la “Investigación de la corrupción en la contratación pública: desafíos en investigaciones complejas en el sistema acusatorio”.

Al dar inicio a este panel, el titular de la PIA, dijo a modo de introducción que con el sistema acusatorio “llega el momento de los fiscales”. “La justicia va a pasar por la investigación de los fiscales y un juez imparcial que resuelva”, agregó Rodríguez.

Así, dio la palabra al titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, quien sostuvo que la implementación del sistema acusatorio es “un gran momento para los fiscales y desde el MPF lo celebramos”. Aunque, destacó que esto debería hacerse de manera organizada y articulada.

También, indicó que se debería dotar de recursos necesarios al MPF, sobre todo, humanos “para no fracasar en esta nueva coyuntura”.

Asimismo, reclamó una adecuada capacitación ya que, según indicó, “no todas las jurisdicciones tienen la misma problemática”. En esa línea, Luciani dijo que en los tribunales federales de Comodoro Py se plantean cuestiones relacionadas al narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, la gran corrupción, entre otros, donde “se debaten cuestiones técnicas muy específicas”.

Luego, tomó la palabra el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, quien compartió las preocupaciones de Luciani respecto a la falta de personal y la necesidad de la adecuada capacitación.

“El beneficio que le veo al sistema acusatorio es poder iniciar nosotros el caso. Respecto a los casos de gran corrupción, ocurre que aparecen contrapartes más beligerantes que, por ejemplo, exprimen al máximo cuestiones de técnicas procesales, para demorar las causas”, indicó.  Para esto, destacó “es importante tener herramientas suficientes para llegar a buen puerto”.

A modo de ejemplo, el fiscal precisó que en la actualidad todas las personas que van a declarar como testigos o peritos “tienen miedo”, debido a las contra causas que les inician tras sus exposiciones. Por eso, sostuvo que tras la implementación del sistema acusatorio estas cuestiones van a depender del fortalecimiento del MPF, ya que la incorporación de la prueba en el juicio oral va a ser en base de esas declaraciones.

En tanto, a su turno, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, expresó estar “cien por ciento a favor del sistema acusatorio”.

Así, explicó la ventaja de comandar la investigación desde el día uno. “Nos da la posibilidad de tener la teoría del caso y definir la estrategia que esa causa va a requerir”, refirió.

A la hora de las preguntas del auditorio, los fiscales destacaron la importancia de trabajar en equipo, la unidad del MPF, el acompañamiento, así como la posibilidad de compartir estrategias con unidades especializadas o procuradurías.

En esa línea, Rodríguez mencionó como ejemplo la causa de criminalidad compleja que tiene como uno de los imputados al el ex juez federal Marcelo Bailaque, que tramita en los tribunales de Rosario -imputado por los delitos de prevaricato, extorsión, concusión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, entre otros- y en la que intervienen aproximadamente diez fiscales y auxiliares fiscales, pertenecientes a la PROCUNAR, PIA, PROCELAC y el área de casos complejos de la Unidad Fiscal Rosario. “Esto no se daba con el sistema procesal viejo”, finalizó.

El panel concluyó con un mensaje positivo en cuanto al sistema procesal acusatorio, más allá de que todos coincidieron en la necesidad de una mayor estructura y recursos para una implementación más eficiente.

Fuente: fiscales.gob.ar