El informe constituye un estudio integral del expediente de la Administración de Parques Nacionales por el cual tramitó la ejecución de la licitación pública nacional, y una ampliación del análisis de la licitación referida.
Del estudio minucioso que se llevó a cabo de la ejecución, se advirtió que las conductas descriptas podrían conllevar responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de terceras personas que exceden el ámbito administrativo. También se puso en evidencia que las anomalías acontecidas en la licitación no tuvieron un defecto formal sino claramente la intencionalidad de favorecer.
Del análisis practicado de las actuaciones administrativas se advirtieron esencialmente tres irregularidades. En primer lugar los distintos oferentes que se presentaron en el proceso, no alcanzaron a cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por el pliego de bases y condiciones. Sin embargo, se adjudicó a la UTE conformada por El Rosario S.A.-London Supply S.A. Luego, la UTE adjudicada se presentó y cedió la contratación a la firma London Supply S.A, vulnerando de esta manera el procedimiento de licitación, atento que al momento de ponderarse como oferente fue en virtud del conjunto de requisitos que tenían ambas empresas, los cuales London Supply S.A. no alcanzaba en solitario. Asimismo se observó que existió por parte de las autoridades de la APN un direccionamiento a los fines de entrega de concesión de los predios licitados a la firma London Supply S.A., por cuanto aún no iniciada la ejecución se autorizó la cesión, cuestión irregular atento que, al no cumplir los requisitos conformando una UTE, menos podría hacerlo en forma particular, encontrándose asimismo, correlato con el nulo control por parte de la Administración respecto de las obligaciones tomadas por la firma London Supply S.A..
En segundo lugar, se detectó la falta de cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental a London Supply S.A, permitiendo que presente estudios de menor categoría conforme las disposiciones del propio pliego y de las propias normas del organismo; por su parte no tampoco se cumplió con la audiencia pública previa al análisis de la comisión evaluadora, como así también con la obligación de exigir que la empresa que lo realizara estuviera inscripta en el Registro de Consultores de Estudios de Impacto Ambiental, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, entre otros cuestiones. Tampoco se le exigió la presentación de las garantías adicionales contra posibles daños ambientales, no siendo intimados, ni sancionados por parte de la APN, aceptando su tardía presentación, sin reparo alguno luego de 10 años después del inicio de las obras.
Y en tercer lugar, se analizaron todas aquellas irregularidades cometidas en la ejecución, que conllevaron a que trece años después de la licitación falte la mitad de la explotación del parque, lo que configura una falta grave que hubiera habilitado la rescisión contractual.
Por ello, la PIA concluyó que el accionar disvalioso tanto de los funcionarios intervinientes, como de los responsables de la firma London Supply S.A. ocasionaron no solo la apropiación de la explotación de un recurso natural, sino su inviabilidad con el consecuente perjuicio por la falta de inversión, pese a obtener beneficios económicos de otro ente del Estado, sin la aplicación de los fondos. En este contexto, también se entendió que correspondía dar inicio a la investigación de un hecho nuevo, que consistiría en determinar si los responsables de la empresa London Supply S.A., se pudieron favorecer del erario público, logrando obtener un crédito por parte del Banco de la Nación Argentina, que ascendió a más de quince millones de pesos, para efectuar obras que hasta el momento no se efectuaron.