Coincidieron en trabajar en la identificación de problemas comunes, así como de buenas prácticas que permitan construir criterios unificados para mejorar la articulación y la intervención de estas áreas.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presidió la primera reunión de un equipo de trabajo sobre corrupción facilitadora de trata de personas, ya sea con fines de explotación sexual o laboral, que reunió a integrantes del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción.

La reunión, realizada a través de la aplicación Zoom, contó con la participación de la fiscal de la PIA Andrea Garmendia Orueta; la fiscal adjunta de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Chaco, Margarita Beveraggi; la fiscal adjunta de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa, Gabriela Tabernero; la fiscal Anticorrupción de Jujuy, Josefa Herrera; la directora de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia de Rosario, provincia de Santa Fe, Anahí Priotti; la directora Nacional de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción de la Nación (OA), Natalia Torres; el secretario General de Transparencia Pública de la Oficina Anticorrupción de Chubut, Sebastián Pinola; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro, Roberto Díaz; y, por la provincia de Buenos Aires, la directora de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, la directora de Acceso a la Justicia y Víctimas, Lucía Iañez, la coordinadora del Observatorio de Trata, Lucía Coppa, y la directora del Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas, Elina Contreras.

El equipo se conformó a propuesta de la PIA para abordar la corrupción facilitadora de la trata de personas, desde una perspectiva de género. Durante el encuentro, la fiscal Garmendia Orueta expuso el trabajo que viene realizando el organismo junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en el ámbito local y regional, en particular las conclusiones que se desarrollaron en el reciente taller realizado entre la Red de Fiscales especializados contra la Trata y la Red Anticorrupción de la AIAMP.

En esa línea, remarcó la necesidad de iniciar el trabajo conjunto en torno a la adaptación de la normativa provincial y/o municipal vinculada a la trata de personas y los procedimientos administrativos y disciplinarios sobre funcionarios públicos involucrados, a fin de cumplir con el control de convencionalidad conforme a los pactos e instrumentos internacionales a los que el Estado Argentino ha adherido. Al respecto, la fiscal propuso partir de la experiencia de los casos judicializados que demuestran estas inconsistencias normativas.

Los y las representantes de cada organismo provincial expusieron a su tiempo la situación de la temática y las particularidades de cada jurisdicción. En ese sentido, se acordó continuar el trabajo en reuniones periódicas para relevar la normativa aplicable, identificar nudos críticos a remover, así como buenas prácticas que permitan construir criterios unificados que mejoren la articulación y la intervención de las áreas anticorrupción en casos de trata de personas.