La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de Chaco realizaron ayer la jornada sobre corrupción facilitadora de la trata de personas y estrategias de articulación local. El encuentro, se suma a los anteriores realizados con representantes de la municipalidad de Bariloche y las provincias de Chubut, Río Negro y La Pampa.
La actividad forma parte del proyecto de trabajo sobre corrupción, género y trata de personas que viene coordinando la PIA en el ámbito local del Foro FIAs y OAs. Además, la PIA también desarrolla acciones en el ámbito de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). El objetivo central de estos encuentros es trabajar institucionalmente con organismos de control local y gobierno, para combatir la corrupción asociada a la trata y ampliar la detección temprana de casos de corrupción administrativa vinculada a este delito.
Durante la apertura, el fiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia de Chaco, Gustavo Leguizamón, se refirió a las competencias de esa oficina en materia de investigación de la conducta administrativa y control anticorrupción. Destacó que el objetivo del trabajo, en el marco del proyecto sobre corrupción asociada a la trata, era implementarlo a nivel de los municipios, tomando en cuenta las particularidades de la provincia y la diversidad étnica con amplia presencia de comunidades originarias.
Luego, la fiscal de la PIA, Andrea Garmendia Orueta, se refirió al trabajo realizado en el Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción de Argentina (Foro FIAs y OAs), sobre el cruce entre corrupción, género y trata de personas y las recomendaciones publicadas en el informe síntesis del proyecto, donde la hipótesis de trabajo se centró en determinar la persistencia de normativas a nivel local que no se encuentran coordinadas con lo que es el marco constitucional y convencional sobre la materia.
Tras ello, fue el turno de la fiscal adjunta de la FIA chaqueña, Margarita Beveraggi, que quien detalló el proceso de relevamiento normativo realizado a nivel provincial y en los 70 municipios que integran la provincia, en el marco del Foro FIAs y OAs. Además, destacó distintas experiencias relevadas sobre la reciente aplicación del cupo laboral para víctimas de trata, la implementación de capacitaciones obligatorias en materia de trata y género para distintas actividades de riesgo, como habilitaciones, licencias municipales de transporte, taxistas, hoteleros etc. y, en general, el análisis sobre el grado de adecuación que tienen estas normativas locales con los estándares convencionales en materia de corrupción y trata.
Beveraggi, también se refirió al rol de la FIA como oficina de control de la corrupción que debe investigar la legalidad de la actividad y conducta administrativas y el desafío actual de expandir las intervenciones hacia otras temáticas que se cruzan con la corrupción, como las cuestiones de género y trata de personas.
En esta línea, señaló que el trabajo de relevamiento les permitió articular con distintos organismos para impulsar acciones desde la propia competencia de la FIA en cuanto a recibir denuncias sobre participación de funcionarios y dictaminar en investigaciones en las que se encuentren involucrados agentes públicos. La fiscal destacó que siempre que hay trata de personas existe algún foco de corrupción y que, aun si la conducta del funcionario no haya sido judicializada, es posible intervenir desde la investigación administrativa disciplinaria en el marco que brinda la Ley de Ética Pública a nivel provincial.
A continuación, Aldana Martín González, joven q’om integrante de la FIA de Chaco y representante del Consejo Nacional de la Mujer Indígena de Argentina, expuso sobre cómo afectan la trata, la explotación y la violencia de género a mujeres, niñas y jóvenes indígenas de Chaco. Subrayó la necesidad de conocer las particularidades culturales de las comunidades originarias y derribar mitos que sustentan la explotación sexual y laboral contra mujeres y niñas indígenas como, por ejemplo, cuando se tacha de cultural la explotación laboral o las uniones con niñas indígenas, en lugar de abordarlas como violencias y avanzar en la restitución de derechos.
Martín González también hizo hincapié en la importancia de trabajar en las políticas específicas para el sector, por la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres y niñas indígenas, que las exponen a mayores riesgos e impacto de victimización tanto en trata, explotación laboral y sexual como en violencias por motivos de género.
A su turno, la directora general de Defensa de la Democracia y el Ciudadano de la provincia y punto focal en el Consejo Federal de Trata, Marcela Acquisgrana, desarrolló las políticas que se encuentran implementando para la asistencia de víctimas de trata de personas. Destacó la importancia de las actividades de sensibilización y capacitación sobre la temática dada la persistencia del flagelo de la trata de personas y la normalización social del fenómeno.
Agregó que, debido a la política pública y criminal desarrollada en los últimos años, los grupos criminales van cambiando la modalidad delictiva y que actualmente utilizan medios electrónicos y ofertas laborales falsas para captar a sus víctimas. Por último, celebró este tipo de encuentros que permiten planificar acciones concretas para modificar la realidad de las víctimas y combatir la trata de personas atendiendo a todas las aristas que presenta, en este caso la corrupción.
Luego, expuso el coordinador de la Unidad de Inspección Comercial Integrada de la Municipalidad de Resistencia, Julio Aguirre, quien mencionó que, desde hace 10 años, cuentan con ordenanzas específicas para impedir la habilitación de locales en los que se produzca la explotación. También señaló que pusieron en marcha una serie de medidas para mejorar la detección y prevenir que se produzca la trata y la explotación.
Entre tales medidas destacó el rediseño de la estructura funcional del municipio para garantizar la transparencia en la gestión, el control de la conducta de los agentes y lograr la articulación ágil entre distintas áreas, y la generación de mecanismos para que inspectores y agentes municipales en terreno puedan detectar casos e informar inmediatamente a la autoridad competente, como la capacitación permanente de las y los agentes. Por último, señaló que se proponen llegar a todas las actividades de riesgo de trata y explotación con el foco puesto en la prevención y en involucrar a todos los actores.
Finalmente, intervinieron Elba Rojas -de la Comisión Multisectorial de la Mujer de la provincia de Chaco- y la concejala Teresa Celada, quienes se refirieron a las distintas normativas y acciones que se realizan desde el ámbito legislativo.
Fuente: Fiscales.gob.ar