PIA Procuraduría de Investigaciones Administrativas

Actualizan un documento con herramientas para el abordaje de la violencia de género desde los espacios institucionales

La Dirección de Políticas de Género y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas incorporaron al trabajo publicado en 2019 los nuevos tipos y modalidades de violencia que modificaron la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus ámbitos interpersonales.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentan la actualización del documento “Herramientas para el abordaje de la violencia de género desde los espacios institucionales”.

La primera edición fue publicada en 2019 y luego actualizada en agosto de 2020 en función de los nuevos tipos y modalidades de violencia que modificaron la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

El material tiene como ejes principales el abordaje de las características que presenta la violencia de género, sus tipos y modalidades, y las principales leyes de protección contra este fenómeno que afecta principalmente a las mujeres y niñas. Asimismo, brinda pautas para el asesoramiento, la orientación y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia laboral y doméstica, desarrolla las intervenciones posibles y facilita los recursos para denunciar y continuar con la ruta de la denuncia que puede incluir distintos fueros de actuación.

Esta nueva actualización incluye el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que aborda la problemática de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y establece que tales comportamientos pueden constituir una violación de derechos humanos; la ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, que modifica la ley 26.485 e incorpora entre las modalidades de la violencia de género a la violencia digital o telemática; el Protocolo Marco para el abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público Nacional, que ordena la creación de áreas de género; el nuevo Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto 456/22), que define pautas para investigar la violencia laboral y de género; y el Protocolo de actuación del Equipo de Orientación y Seguimiento en casos de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, que tiene por objeto promover un ambiente laboral y un servicio de justicia libres de violencias y discriminación.

De acuerdo con la Resolución PGN N° 427/16, la DGPG tiene entre sus funciones la articulación con las distintas áreas de la Procuración General para enriquecer, con la debida perspectiva de género, el abordaje de las problemáticas tratadas por cada una de ellas y optimizar el desarrollo de sus propias funciones con el objeto de remover los obstáculos que impiden a las mujeres víctimas de violencia el acceso efectivo a mecanismos judiciales eficaces y respetuosos de sus derechos.

En tanto, la PIA recibe comunicaciones de sumarios seguidos por hechos de violencia por motivos de género ocurridas en el sector público o que comprometen a funcionarias/os públicas/os, emite una recomendación al organismo en el que se esté instruyendo el sumario y colabora con fiscalías federales en casos penales que involucren a funcionarios e impliquen cuestiones de género, para fortalecer la investigación sobre la conducta de estos agentes y sus derivaciones penales y administrativas.

En ese marco, el presente material pretende contribuir con herramientas para que los sumarios que involucran situaciones de violencia contra las mujeres sean abordados con una perspectiva de género, garantizando los derechos de las víctimas, tales como, a recibir un trato digno y respetuoso durante todo el procedimiento; a solicitar medidas de protección; a ser informada sobre el avance del sumario y los recursos administrativos y judiciales; a ser oída y notificada de las resoluciones que pudieran afectar este derecho; a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, cobrando especial relevancia la valoración del testimonio de la denunciante y las pruebas que permitan construir el contexto en el que se dieron los hechos; y a la aplicación de medidas disciplinarias proporcionales a la falta cometida, entre otros.

El 25 de noviembre fue elegido como fecha conmemorativa por la Asamblea General de Naciones Unidas para recordar el feminicidio de las hermanas Mirabal, ocurrido aquél día de 1960 en República Dominicana durante la dictadura militar de Rafael Trujillo.

El Ministerio Público Fiscal reafirma el compromiso de continuar trabajando en la erradicación de la violencia dirigida hacia mujeres y niñas en todas sus manifestaciones.

Fuente: fiscales.gob.ar


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