El trabajo permite visualizar una mejora ostensible en los cometidos del Ministerio Público Fiscal en el fuero de Ejecución desde la creación de la UFEP, en septiembre de 2013.
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La Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) presentó un análisis descriptivo de las funciones que desempeña desde su creación en septiembre de 2013, mediante la resolución PGN N°1779/13. Este informe fue desarrollado por el Área Planeamiento Estratégico de la UFEP y permite visualizar la puesta en funcionamiento de una organización dinámica del trabajo que ha arrojado una mejora ostensible en los cometidos del Ministerio Público Fiscal en el fuero de ejecución.
El documento detalla la tarea desarrollada por el Área de Penas Privativas de la Libertad, que se encarga de supervisar y atender los casos de las personas con penas de cumplimiento efectivo. Dentro de esa repartición, hay un grupo de trabajo que se encarga específicamente de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual y violencia de género; otro que se ocupa de los condenados de nacionalidad extranjera; uno para las personas con penas mayores a 15 años y perpetuas; y uno que se encarga de vigilar a los condenados que están bajo arresto domiciliario.
Asimismo, se describe la labor cumplida por el Área de Penas No Privativas de la Libertad, a cargo del control de las suspensiones del proceso a prueba y las reglas de conducta impuestas en el marco de penas de prisión de ejecución condicional. El trabajo que llevó adelante este área permitió verificar que en 7.500 casos los plazos de supervisión se encontraban vencidos, como consecuencia de problemas estructurales y de diseño que afectan a la justicia de ejecución penal. Desde el área, se han hecho seguimientos en casos que involucraron violencia de género o sexual, para proponer el cumplimiento de programas o cursos relacionados a la temática.
También, se puntualiza el trabajo llevado a cabo a los efectos de alcanzar la promoción de los intereses de las víctimas ya sea en la prevención de una potencial revictimización; en garantizar que la se escuche y se le brinde asistencia como en adoptar las medidas necesarias para protegerla. Para ello, se estableció una constante articulación con la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que permitió canalizar 598 casos de víctimas desde el año 2013 hasta la actualidad.
Al mismo tiempo, el informe da cuenta de los diferentes mecanismos articulados por la UFEP a los efectos de alcanzar la efectiva inserción social de las personas condenadas a penas de prisión. En este marco, cabe destacar que se realizan relevamientos periódicos de los casos, que incluyen visitas de cárceles, lo que posibilitó entrevistar y tomar contacto directo con 1321 detenidos. A su vez, se ha impulsado un programa orientado a disminuir la situación de vulnerabilidad de las personas condenadas a penas privativas de la libertad en la que intervienen funcionarios de cada uno de los Ministerios de la Nación.