Se prevé la promoción de la reinserción de las personas condenadas por cometer delitos y la canalización de los casos de conflictividad laboral, a través de la UFEP y los ATAJOs.
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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, suscribió un convenio de cooperación con el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, por el que se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas. Para ello, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal UFEP, representada por Guillermina García Padín, y el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, representado por Julián Axat, celebraron dos actas complementarias con la cartera para el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos en el marco del Programa Líneas de Entrenamiento en el Sector Público y de Entrenamiento en Instituciones sin fines de lucro y la reinserción de las personas condenadas por la comisión de delitos.
El acuerdo rubricado por Axat comenzó a gestarse en el trabajo conjunto del ATAJO de la Villa 21-24, donde los operadores del Programa de la PGN derivaban a la oficina del Ministerio de Trabajo los casos vinculados a conflictividad laboral de la zona. El acta complementaria institucionalizó esa colaboración y prevé el asesoramiento jurídico y acompañamiento de personas con situaciones de informalidad en sus puestos de trabajo, despidos injustificados y víctimas del delito de trata para explotación laboral que residan los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, través de la Interministerial que conforman las carteras del Poder Ejecutivo Nacional. Además, el Ministerio de Trabajo brindará un estímulo a los vecinos que recibirán capacitación y entrenamiento en los ATAJOs.
Por su parte, la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal UFEP, Guillermina García Padín, firmó la segunda acta complementaria al convenio para el control de las actividades que desarrollan las personas privadas de la libertad y la puesta en práctica de mecanismos que favorezcan reinserción de quienes han mantenido alguna clase de conflicto con la ley. La UFEP es la encargada de la gestión y la fiscalización de la ejecución de las condenas y de las medidas alternativas al proceso penal. Hasta su creación en septiembre de 2013, no se había propiciado desde el Ministerio Público la adopción de un criterio unificado, pese a que habían transcurrido más de 15 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Ejecución Penal y del Código Procesal Penal federal vigente.