La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue creada por Resolución PGN N° 914/12. Su creación obedeció a la necesidad de desarrollar estrategias que fortalezcan la eficacia del sistema de administración de justicia con relación a hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico, tras un diagnóstico poco alentador en los índices de juzgamiento de este tipo de conductas.

La PROCELAC se estructura en seis áreas de trabajo relacionadas a concretas problemáticas de la criminalidad económica, a saber: Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando, Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Área Operativas de Mercado de Capitales, Área Operativa de Concursos y Quiebras y Área Operativa de Fraude Económico y Bancario. A ellas se suman un Área Administrativa y un Área Técnica integrada por asesores en materia económica, contable y financiera, un cuerpo de investigadores, un gabinete informático y una sub área de recupero de activos.

Son funciones de la PROCELAC:

• Coordinar el funcionamiento de las áreas operativas de la Procuraduría;
• Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia en la áreas operativas de la Procuraduría, en todas las instancias;
• Intervenir cuando la Administración solicite la realización de actos que requieran autorización judicial y así corresponda;
• Recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, realizar las medidas necesarias para determinar los extremos de los artículos 174 y concordantes del Código Procesan Penal de la Nación, y en caso de considerarlo necesario, podrá remitir esas denuncias a el/la fiscal que corresponda;
• Realizar investigaciones preliminares respecto de hechos que revistan trascendencia institucional e impacto socioeconómico, con el fin de requerir la instrucción del sumario;
• Establecer la prioridad de las intervenciones de los/las fiscales ad-hoc que componen la Procuraduría en los casos que, a raíz de su trascendencia institucional e impacto socioeconómico, resulte conveniente reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal;
• Proponer al Procurador General de la Nación programas de capacitación, proyectos de reformas legislativas, protocolos de actuación, celebración de convenios de cooperación con organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal u Organismos Internacionales, como así también toda otra iniciativa que consideren necesaria para el ejercicio de sus funciones;
• Elevar al Procurador General de la Nación propuestas vinculadas con la creación de estructuras que repliquen la actuación de las áreas operativas de la Procuraduría en distintas regiones del país, con las que se coordinarán acciones y elaborarán estrategias de investigación ajustadas a las características del lugar de que se trate;
• Elevar periódicamente al Procurador General de la Nación informes de gestión que den cuenta de la actividad y funcionamiento de la Procuraduría.