La Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue creada por la resolución PGN 57/2023 con el especial objetivo de atender a la situación de inusitada gravedad que atraviesa la provincia de Santa Fe y, en particular, la ciudad de Rosario, relacionada principalmente con las acciones de redes criminales vinculadas a la narcocriminalidad.
En línea con los objetivos plasmados por la ley 27.715 de "Fortalecimiento de la Justicia Federal de la provincia de Santa Fe" (BO 3/5/23), se designó un fiscal para que coadyuve con los titulares de la Procuraduría desde el territorio (Res. PGN 52/23), con la finalidad de mejorar la eficiencia en la tramitación de las investigaciones que involucran organizaciones criminales de gran magnitud dedicadas, principalmente, al narcotráfico y al lavado de los activos provenientes de aquel.
Esta iniciativa, además, se integra con las medidas de mitigación de riesgos que la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (creada en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dec. PEN 331/2019) se ha comprometido a desarrollar de cara a la próxima Evaluación Mutua de la Argentina. Una de éstas es la de “impulsar la creación de representaciones territoriales de la PROCELAC, con el objetivo de ampliar los niveles de intercambio y mejorar la articulación con las distintas representaciones fiscales. Se proyecta que, a partir de la afectación de personal de la sede central junto con empleados o funcionarios de la jurisdicción, se formen equipos de trabajo especializados en aquellas jurisdicciones de mayor riesgo con la asignación de una sede con el equipamiento y condiciones de trabajo y seguridad para comenzar las labores que corresponda”. Ello, además, teniendo en cuenta los riesgos y vulnerabilidades identificados en las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (aprobadas por Decretos 652/2022 y 653/2022).
