¿Cómo es la implementación del sistema acusatorio?

Según lo dispone la ley 27.150, la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) será progresiva. El texto legal –sancionado en 2015- le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF (que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación) la decisión sobre el cronograma de implementación en el ámbito de la justicia federal.

En ese contexto, la única jurisdicción federal en la que el CPPF se puso en marcha el 10 de junio de 2019 fue la correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que integran las provincias de Salta y Jujuy.

El 26 de febrero de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 188/2024, se asignó la función de establecer el cronograma de implementación del CPPF al Ministerio de Justicia de la Nación.

En ejercicio de esa atribución, el Ministerio de Justicia dispuso sucesivamente la implementación en Rosario (6 de mayo de 2024), Mendoza —incluidas San Juan y San Luis— (5 de agosto de 2024), General Roca (4 de noviembre de 2024) y Comodoro Rivadavia (2 de diciembre de 2024). En 2025, el sistema se extendió a Mar del Plata (7 de abril), Bahía Blanca —incluida La Pampa— (29 de septiembre), Corrientes y Resistencia (1° de diciembre).

Durante 2026, en virtud de la Resolución MJ 1/2026, 275/2026 y 417/2026, el ministerio dispuso la entrada en vigencia del CPPF en los distritos federales de Posadas, La Plata y Paraná para los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2026.

Finalmente, también se encuentra prevista la entrada en vigencia del CPPF en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico para el 15 de febrero de 2027, y para el Distrito federal de Córdoba para 8 de marzo de 2027.

Queda aún pendiente la disposición respecto a cuándo será la puesta en marcha del CPPF en los restantes distritos federales de todo el país, y también en el ámbito territorial de la Capital Federal, en relación con la denominada “justicia nacional”.