Acerca del Proyecto "Coirón"
Los desarrollos tecnológicos avanzan permanentemente constituyéndose en soluciones estratégicas de todas las organizaciones. Las/os operadores del MPF no pueden prescindir de ellas en sus esfuerzos por luchar contra el crimen organizado y federalizar la política criminal.
A partir la sanción de la ley 27.063, desde la Procuración General de la Nación se comenzó a desarrollar una línea de trabajo orientada a mejorar la gestión de información de la institución, de cara a la próxima implementación de un nuevo sistema procesal y organizacional.
El proyecto Coirón comienza así en marzo de 2015 a partir de un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, institución que estuvo dispuesta a colaborar en el desarrollo organizacional en la materia y conformar una alianza de mejoramiento y desarrollo permanente de la aplicación entre los equipos de ambas instituciones.
Frente a la inicial indeterminación de la agenda de implementación del sistema procesal acusatorio, se decidió adecuar Coirón al actual paradigma procesal y organizacional, de modo de mejorar la gestión de información frente a la los complejos fenómenos de la criminalidad organizada, comenzar a dar cuenta del cambio cultural y formar a los operadores de manera previa a la implementación práctica del nuevo sistema.
Desarrollado el proyecto, a través de la Res. PGN 320/2017, se constituyó al sistema Coirón en la herramienta rectora de gestión de información relativa a casos penales de todas las oficinas fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La nueva herramienta Coirón es ágil y versátil. Se encuentra pensada para dar soporte a las investigaciones y el litigio en general. Tiene como objetivo permitir gestionar información criminal y procesal de calidad como base para la toma de decisiones. Su arquitectura no fue pensada para ser un solamente un gestor de expedientes sino para dar soporte a las tareas diarias y además, facilitar la planificación de los casos.
De manera sustancial, Coirón viene a brindar la posibilidad de interactuar con otros sistemas: de gestión de audiencias de la oficina judicial (o expedientes digitales en el actual paradigma), de atención y seguimiento de víctimas, de gestión y seguimientos de efectos secuestrados, de registro de huellas y fotografía de detenidos, de toma de denuncias por parte de las fuerzas policiales, de consulta y vinculación automática de decisiones judiciales y, en general, permitir un modelo de interoperabilidad con diversos registros públicos y privados.